El PNV se aleja del acuerdo sobre la reforma laboral y complica las opciones del Gobierno para sacarla adelante

La suma de apoyos para convalidar la reforma laboral en el Congreso, el asunto “más importante” para el Gobierno estos días, según el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, se ha vuelto este jueves aún más complicada. Una de las opciones preferentes del Gobierno para sacar adelante la reforma laboral, el PNV, se niega en redondo a dar su apoyo si no se incorpora al acuerdo su principal exigencia: la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal. “Si esto no se nos garantiza, el voto va a ser no”, ha subrayado Andoni Ortuzar, presidente del PNV, en Radio Euskadi. Una concesión que supondría, por otra parte, perder la mano tendida de los nueve diputados de Ciudadanos. El sí del partido de Inés Arrimadas está condicionado, precisamente, a que no se cambie “ni una coma” del texto, y menos de cara a favorecer “los intereses” de los socios nacionalistas. “Si el Gobierno no modifica nada, convalidaremos”, ha afirmado Edmundo Bal, portavoz de Cs, en Onda Cero, también este jueves. Podemos, por su parte, también presiona, pero para que ERC no se descuelgue del bloque de investidura y el PSOE no opte por girar a la derecha y buscar a Ciudadanos.

El Gobierno pretende convalidar en el Congreso en apenas dos semanas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tratado estos días de acercar posturas con PNV y ERC mediante la introducción de enmiendas que contenten a los nacionalistas y, a su vez, no espanten a la patronal. Por ahora está en el aire la posibilidad de perfilar mejor la redacción de dos puntos de un artículo del actual Estatuto de los Trabajadores (84.3 y 84.4) que podrían dar la opción de interpretar que en caso de conflicto prevalecen los convenios estatales sobre los autonómicos.

Para Ortuzar no hay medias tintas. O prevalece el convenio vasco, o votarán en contra, ni siquiera se abstendrán. “Nadie puede pretender que votemos en contra de uno de nuestros principios”, ha aseverado. Frente a la posibilidad de que el Gobierno les prometa otra norma, a futuro, que cambie la reforma en ese sentido, el presidente del PNV se muestra receloso. “La prevalencia tiene que tener rango de ley. Es un poco difícil que aprobemos ahora una cosa que dice que la prevalencia es el convenio estatal y luego otra. Si eso lo aprueban ahora, no veo yo que dentro de un mes se haga en otra norma. Pero la política es el arte de lo posible y estaremos con los oídos abiertos”, ha manifestado. Respecto a la mayoría con la que aún no cuenta el Gobierno para convalidar el decreto, Ortuzar ha sido tajante: “Cuando uno se mete en un proceso de este estilo, tiene que tener la película completa. Tiene que tener garantizado que va a tener la garantía parlamentaria. No sé si para el Gobierno [somos socios prioritarios o no]. La clave de todo esto es con quién el Gobierno quiere terminar la legislatura”.

La postura del PNV choca frontalmente con la de Ciudadanos, que, pese a mantener la mano tendida para apoyar la reforma laboral, sigue sin recibir la llamada del Gobierno para avanzar en las negociaciones, según confirman fuentes de la dirección. Una conversación que podría estar más cerca tras el rechazo frontal que ERC dio este miércoles al decreto ley y al frente común que su portavoz, Gabriel Rufián, pretende abrir con los socios parlamentarios del Ejecutivo para tumbar el texto. Para Cs, la “presión” recae ahora en el Gobierno y advierten al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que “el reloj corre en su contra”. Un reloj que corre más lento tras el movimiento de Rufián, que se niega a apoyar una reforma que considera de mero “maquillaje”, y que ha hecho que el sector socialista del Gobierno empiece ya a mirar hacia la parte de la derecha parlamentaria, donde se encuentra Ciudadanos.

El partido de Inés Arrimadas no garantiza su voto a favor sin más. Cualquier concesión que se haga a los socios habituales del Gobierno, que lleve “a trocear el mercado laboral”, hará que Cs se descuelgue de un texto fruto del consenso de los agentes sociales. “No tenemos fijado nuestro sentido de voto por una razón fundamental: porque Yolanda Díaz está tratando de convencer a los socios del Gobierno. Si de esa primera negociación resulta cualquier tipo de concesión a los nacionalismos, será nuestro no a esta reforma laboral”, ha subrayado Bal. “Nosotros no hemos llamado al Gobierno ni vamos a llamar”, ha añadido el portavoz del Cs más tarde, en el Congreso, donde además ha aclarado, tras las declaraciones de Ortuzar, que rechazarán cualquier reforma o ley que garantice la prevalencia de los convenios autonómicos sobre el estatal, porque “el efecto es acabar con la unidad de mercado”. “Es una herejía jurídica”, ha criticado.

En los mismos términos se pronunció este miércoles la presidenta del partido, Inés Arrimadas, en su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Ifema. Rodeada de micrófonos, la líder de Cs dejó claro que su apoyo no está garantizado. “Mantenemos muchos contactos con la sociedad civil y desde luego todos comparten una preocupación: que pueda ser empeorada por el chanchullo de Bildu y Esquerra. Así que nosotros no vamos a mirar para otro lado”, añadió la presidenta de la formación.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha querido comparecer a su vez para fijar dos mensajes. Uno hacia sus socios habituales de ERC y personalizado en su portavoz en la Cámara baja, Gabriel Rufián, al que ha pedido que no ataque a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y no se equivoque de adversario en el futuro de la reforma laboral que afecta a tantos millones de trabajadores. El otro mensaje fue más indirecto, hacia el PSOE, su socio en el Gobierno de coalición, para que no trabaje ahora el pacto de derechas con Ciudadanos, porque entiende que ese ofrecimiento para negociar del partido que lidera Inés Arrimadas es “una trampa” precisamente para romper el “bloque legislativo” de la investidura.

La votación en el pleno está prevista para el 3 de febrero, en la antesala de las elecciones autonómicas del 13-F en Castilla y León. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, también se manifestó este miércoles contrario a las concesiones que el Gobierno pudiera hacer a sus socios y remachó, tras una reunión de la Ejecutiva, que se saldrían del acuerdo si ceden ante los nacionalistas. Patronal y Ciudadanos sí han mantenido conversaciones para que el partido de Arrimadas vote a favor.