Los objetivos del nuevo Ejecutivo: recibir los fondos europeos y destensar Cataluña

El presidente no lo ocultó. En su breve declaración de intenciones y sin preguntas del sábado en La Moncloa, para justificar la necesidad de insuflar más ánimos y energías a su rejuvenecido equipo, Pedro Sánchez habló de que abre ahora una “nueva etapa” de 30 meses, hasta el final de la legislatura, para reactivar la agenda “social, verde, digital y feminista” del Gobierno. Esos son los enunciados de los retos. Pero los dos grandes objetivos son recibir y gestionar bien los millonarios fondos europeos para facilitar la recuperación del país tras la crisis de la pandemia y destensar el clima político y social sobre Cataluña. Son dos metas que de lograrse justifican todo un mandato.

Fondos europeos. La Comisión Europea planea emitir 80.000 millones de euros en bonos a largo plazo hasta diciembre para financiar los planes de inversiones y reformas de sus 27 socios, de los cuales 19.000 millones deberían regarse por España (el 25% de los fondos de recuperación en 2021). Y con un primer manguerazo que estaba previsto para antes del verano, porque España fue uno de los primeros países en enviar y ver ratificados sus planes de inversiones previstas y sobre distintas reformas. Así lo ratificó hace pocas semanas en Madrid la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El plan global de recuperación de la UE está cifrado en 800.000 millones, pero este ejercicio arrancará en España con 19.000 millones, 9.000 en anticipos y los otros 10.000 aterrizarán en diciembre con el primer desembolso ordinario. Ese pago debería cubrir todos los hitos dibujados en el programa para España, y en particular la creación de empleo y la apuesta por una economía más verde y digital. El Ejecutivo había presupuestado 27.000 millones, es decir, 8.000 millones más de los que recibirá de Bruselas, porque optó por anticipar parte del dinero que se obtendrá de la Comisión para ir cumpliendo la hoja de ruta marcada.

El maná de los fondos no ha estado exento de polémica política, porque la oposición de derechas ha acusado a La Moncloa de querer supervisar su distribución con fines partidistas e ideológicos, y los socios nacionalistas reclaman más contribución de las autonomías. Pedro Sánchez ha convocado una conferencia de presidentes autonómicos para finales de este mes, casi un año después de la última celebrada sobre la pandemia, para coordinar esa respuesta.

Cataluña. La agenda catalana parecía que se había perdido en el camino durante el año y medio de la pandemia, pero se ha retomado ahora con fuerza. El presidente nunca ha ocultado que quiere abordar esa crisis política, institucional, territorial, social y económica de manera diferente a anteriores Ejecutivos, sobre todo del PP. Y tampoco que para ello pretende instaurar otro tipo de relaciones de concordia y confianza con sus socios independentistas y resucitar la llamada mesa de diálogo. Unidas Podemos le apoya y desde Cataluña, también y especialmente ERC. Son los dos aliados vitales para mantener viva la legislatura y llegar fácilmente con esos 168 escaños de partida a superar la inmensa mayoría de las votaciones en el Congreso, como ha sucedido hasta ahora.

El jefe de Gobierno y el PSOE están privilegiando a ERC en sus contactos en Madrid y pretenden seguir por esa vía. ERC fue clave para impulsar los primeros Presupuestos Generales y ya se está en contacto para dibujar los siguientes, que permitirían arribar cómodamente hasta 2023. ERC, presionada en el Congreso y en Cataluña por Junts y por la CUP, quiere capitalizar a cambio que avanza en su negociación entre gobiernos para buscar una salida diferenciada para Cataluña. Y no renuncian ni a la independencia ni al referéndum de autodeterminación, aunque sus máximos dirigentes sí han concedido el mínimo de asumir que la vía unilateral experimentada en 2017 fue un fracaso. El presidente confía en ganar tiempo y ofrecer al final del proceso un estatuto para Cataluña con mejoras sobre el recortado por el Tribunal Constitucional, con algún tipo de votación por parte de los ciudadanos. El retomado proceso catalán, con la concesión de los indultos a los líderes separatistas condenados y la prometida reforma en el Código Penal del delito de sedición, será la gran batalla política del final del mandato.

Acuerdos con Podemos. El 31 de diciembre de 2019, el PSOE y Unidas Podemos presentaron un programa de gobierno con 50 puntos, entre los que figuraba derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral aprobada por el PP, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y aumentar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio en España, así como una subida de impuestos a las rentas más altas. El pacto lo presentaron con apretón de manos incluido el propio Pedro Sánchez y el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, ahora ya retirado de la política. Algunas de aquellas promesas siguen incumplidas o están en plena fase de negociación para ser pulidas, como la llamada ley mordaza (Seguridad Ciudadana) o lo que ha pasado estos últimos días con la ley del sí es sí o la ley trans, ambas impulsadas por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y que encontraron gran oposición interna de la ya exvicepresidente primera, Carmen Calvo, sobre todo en cuanto a la autodeterminación de género.

En Podemos, por cierto y en ese sentido, consideran una de las grandes bazas de esta gran remodelación y para la mejora del funcionamiento de la coalición la caída de Calvo. Y apuntan que Pedro Sánchez podría a su vez estar enviando algunos mensajes internos al nombrar como nueva ministra de Transportes y Vivienda a la ya exalcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, que en su municipio sí se ha atrevido a regular el precio máximo de los alquileres, como figura en el programa de gobierno que Podemos sigue catalogando como innegociable.

Hay presupuesto y más legislatura. Presupuestos generales, ley de eutanasia, de infancia, de educación, de teletrabajo, de fraude fiscal y ahora, en estos últimos días, ley del sí es sí, ley trans y se está perfilando otra sobre la reforma de la Formación Profesional. En el año y medio de mandato, el Congreso estuvo casi totalmente paralizado varios meses por la pandemia, y a medio gas mucho tiempo, pero en el seno de la inédita coalición entre PSOE y Unidas Podemos conceden mucho valor a los proyectos ya aprobados. “Y la legislatura comienza ahora”, prometen desde ambas formaciones.

El Ejecutivo ha sacado así adelante más del 80% de las 300 iniciativas parlamentarias impulsadas, desde una veintena de leyes hasta la mayoría de las 80 proposiciones de ley o más de 40 reales decretos convalidados o tramitados como proyectos legislativos. Y con 16 de los 20 meses vigentes de esta legislatura bajo las limitaciones de la pandemia. En esos primeros meses de legislatura, especialmente desde que el 14 de marzo de 2020, se decretó el estado de alarma, los esfuerzos se concentraron en primer lugar en conseguir la ratificación de esos decretos, más tarde sus prórrogas (algunas con la oposición del PP) y hace un año, antes del pasado verano, en poner en marcha y plasmar una serie de conclusiones en la comisión de reconstrucción económica y social del país, de las que luego ya no se volvió a hablar jamás. Tampoco fructificó, hasta ahora, ninguna comisión de investigación de las solicitadas por la derecha sobre la gestión de la propia pandemia y nada sobre las peticiones para indagar sobre el rey emérito.

En la inmensa mayoría de las demás votaciones registradas desde el inicio de la legislatura el Gobierno de coalición no ha pasado grandes apuros. Entre los socialistas y sus aliados habituales, ERC, PNV, Más País y Compromís, suman un mínimo de 182 escaños, que ha sido la holgada votación más repetida y desde luego la que se ha registrado en las ocasiones más relevantes. El primer proyecto de Presupuestos fue algo más que un síntoma: salió adelante con 187 apoyos, frente a 149 votos negativos. La emblemática ley de eutanasia, que se había quedado pendiente en anteriores intentos, sumó 202 adeptos, frente a los 141 rechazos del PP y de Vox. Esa realidad no oculta que ese panorama de estabilidad pueda cambiar, sobre todo si fracasa la mesa de diálogo sobre Cataluña y la relación con ERC. Varios de esos aliados recurrentes del Ejecutivo se quejan con frecuencia de que el PSOE no les informa o lo hace a posteriori de muchos de los proyectos o reformas que se pretenden.

Desde las bancadas de la derecha, además, el nivel de confrontación ha crecido y se vaticina peor ante el nivel de competencia que han establecido en la dureza de sus ataques sobre todo al presidente Pedro Sánchez por parte de los representantes del PP y de Vox. La posibilidad de fraguar algún pacto de Estado o para renovar órganos constitucionales tan relevantes como el Consejo del Poder Judicial y ahora el Tribunal de Cuentas se considera inviable.