El PSOE y sus socios se refuerzan ante los indultos

Ni PSOE, ni Unidas Podemos, ni ERC, PNV, EH Bildu, Más País o Compromís están en contra de los indultos a los líderes separatistas catalanes presos por el procés ni han relacionado hasta ahora la fiabilidad y duración de la legislatura a esta polémica medida de gracia. Casi la dan por descontada. Entre los socialistas y sus aliados habituales suman un mínimo de 182 escaños, que ha sido la holgada votación más repetida en este año y medio de legislatura y desde luego la que se ha registrado en las ocasiones más relevantes. El Gobierno de coalición y sus aliados han votado juntos más del 80% de las 300 iniciativas parlamentarias impulsadas, desde casi una veintena de leyes hasta la mayoría de las 80 proposiciones de ley o reales decretos tramitados como proyectos legislativos. Y con 16 de los 18 meses vigentes de esta legislatura bajo las limitaciones de la pandemia.

La oposición de derechas que se concentrará este domingo contra esos posibles indultos en la madrileña plaza de Colón —PP, Vox y Ciudadanos— ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de disponerse a conceder esas medidas de gracia para asentarse en La Moncloa y asegurarse el apoyo parlamentario, en particular de ERC. En el Ejecutivo, el PSOE y hasta en Podemos lo niegan. Argumentan que la razón última “no es partidista sino de responsabilidad y de Estado” para aplicar una receta política diferente al conflicto creciente en Cataluña. Y esgrimen los datos de lo que ha ocurrido hasta ahora en el Congreso, donde sin los arriesgados indultos aún en la agenda la excepción ha sido que ERC, PNV y hasta EH Bildu se hayan desmarcado en algunas votaciones.

En la dirección de ERC así lo reconocen. En este año y medio apenas tienen contabilizadas ocho votaciones en contra de propuestas del Ejecutivo, la mayoría (cinco) relacionadas con decretos sobre la covid-19: el primer estado de alarma, su primera prórroga en mayo del año pasado, distintas medidas para actuaciones urgentes y, finalmente, dos proposiciones socialistas sobre la promoción de la libertad de pensamiento o sobre cómo combatir la precariedad en la juventud, y la trasposición de una directiva europea sobre blanqueo de capitales.

Tras las elecciones catalanas del 14-F, ERC ya está al frente de la Generalitat. Y para la formación republicana los indultos son “un gesto valiente” de Sánchez a valorar en su “excelente relación” tanto con el Gobierno como con los grupos parlamentarios que lo sustentan. Así lo ensalzan desde los dos bandos. Esa conexión tendría incluso que mejorar a partir de que se otorguen los indultos, al menos mientras dure el desarrollo de la mesa de diálogo. Los gestos de distensión entre los máximos responsables de ambos ejecutivos se suceden.

Sánchez y Pere Aragonès ya se han llamado y se han saludado brevemente en un acto muy calculado en Barcelona. El presidente catalán será citado próximamente en La Moncloa, luego el Consejo de Ministros estudiará y aprobará los indultos parciales (finales de junio o primeros de julio) y se fijará la primera cita antes de las vacaciones de verano de la nueva mesa de diálogo, según los cálculos ofrecidos por fuentes gubernamentales.

En el Gobierno pensaban que esa interlocución iba a ser entre los dos ejecutivos y no con los partidos políticos afectados, pero el propio presidente abrió algo la puerta a ceder que pudiera estar en esa reunión el líder de ERC, Oriol Junqueras, aún en prisión, si al final sale de la cárcel gracias a los indultos. No es la alternativa que más agrada en La Moncloa, pero tampoco se rechaza de plano. El mayor escollo con que se tropieza esa mesa ahora es por parte de Junts, que la considera antes de empezar “un fracaso inservible y una tapadera del PSOE y ERC para ganar tiempo”, según fuentes de su dirección.

A la buena disposición para el resto de la legislatura de ERC, Más País y Compromís se une la del PNV, socio clave, al que los indultos le parecen “una medida de justicia e inteligente políticamente”. El PNV ya está planeando, para el próximo periodo de sesiones, sus prioridades bilaterales. Y ahí apuntan, además de sus “acuerdos firmados y recuperar la normalidad autonómica tras la tendencia recentralizadora acusada durante la pandemia”, centrar esfuerzos en restañar la economía, “una eficiente gestión de los Fondos Europeos y plantear, sin demasiada dilación, la reforma laboral y la de pensiones”.

Desde el PSOE y Podemos replican que no habrá problemas con esas demandas porque coinciden con sus planes: derogación paso a paso de la reforma laboral y de la ley mordaza —o de Seguridad Ciudadana— del PP y Memoria Democrática.

En Podemos, pendientes de renovarse este fin de semana en su Asamblea Ciudadana, admiten que su forma de sobrellevar la coalición ha cambiado con la mutación de liderazgo y el abandono de Pablo Iglesias, “pero no el fondo”. Confían dentro del Ejecutivo en “el liderazgo empático” de la vicepresidenta Yolanda Díaz —incluso “para crecer electoralmente”—, pero preservan sus esencias reivindicativas más duras en las reclamaciones que seguirá mostrando Ione Belarra, como sucedió este jueves con su opinión sobre que el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, pueda volver a España sin ser detenido. “Sobre los indultos no tenemos ninguna discrepancia con el PSOE”, remarcan en Podemos. Y reconocen que su posición es “más fácil” que “la apuesta” del secretario general socialista que tomará la decisión, por lo que han intentado mantenerse en silencio para no perjudicarle. En Podemos resaltan que la “relevancia de los indultos va más allá de ayudar a mantener la estabilidad de la legislatura”, aunque conceden que pondrán algunas cosas más fáciles con otros socios.

El portavoz parlamentario Pablo Echenique ha intensificado los contactos estas últimas semanas con el PSOE y otros aliados. Las tensiones, habituales en la primera parte de la legislatura, se han apaciguado. Ahora se comunican y pactan las leyes que cada uno tiene opción de incluir en sus cupos para los plenos. Es lo que pasará la semana que viene con la que llevará Podemos al Congreso: la ley de protección de la libertad de expresión, o de injurias a la corona, que se adelanta a otra similar que ya preparaba el Ministerio de Justicia. La negociación de correcciones y enmiendas se dejará para el trámite parlamentario. Echenique señala que su formación no renuncia a promover, en cuanto se reactive la economía, otros proyectos simbólicos como la ley de vivienda que limite los precios de los alquileres, las leyes Trans, la mejora del Ingreso Mínimo Vital, la de Memoria Democrática o la ley de Salud Mental.