La marcha de Colón calienta músculo en el Congreso

La panoplia de acusaciones es casi inabarcable: humillación, cobardía, ignominia, vergüenza, fraude, atropello, desafuero, ilegítimo, arbitrario, golpe de mano al marco constitucional.... En esa carrera por encontrar la descalificación más atroz contra los posibles indultos a los líderes del procés el que más descolló este miércoles fue el diputado popular Luis Santamaría, quien por dos veces los tachó de la “mayor traición al pueblo español que se recuerda”. El Congreso de los Diputados vivió una sesión de calentamiento ante la manifestación del próximo domingo en la plaza madrileña de Colón. El PP lanzó toda su artillería, aprovechando el pleno semanal de control al Gobierno, que derivó en un juicio sumarísimo a las medidas de gracia antes de que estas se aprueben. El Ejecutivo intentó acallar el ruido con argumentos jurídicos y apeló a la “utilidad pública”, uno de los criterios previstos en la ley para justificar los indultos.

Pablo Casado se reservó, porque tampoco estaba el presidente del Gobierno, de viaje en Argentina, pero los siguientes en el escalafón del PP dispararon a discreción. La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, se empleó a fondo con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien también se las tuvo que ver con las acusaciones de “traición” del popular Santamaría y con los airados reproches de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Otro diputado del PP, Carlos Rojas, lo intentó con la ministra de Defensa, Margarita Robles, la miembro del Gobierno mejor considerada por la oposición, quien esquivó la pregunta directa de si ella es favorable a los indultos. Y el titular de Política Territorial, Miquel Iceta, encajó con su habitual distancia irónica las andanadas de otro parlamentario de la derecha, el regionalista navarro Carlos García Adanero, escéptico ante la firmeza con que el también líder de los socialistas catalanes rechazaba el derecho de autodeterminación.

Primero con la vicepresidenta y luego con el ministro de Justicia, Gamarra no reparó en recursos retóricos para denunciar a un Gobierno que “se alía con delincuentes” y “pisotea” al Tribunal Supremo con el único propósito de “mantenerse en el poder”. La renuncia pública del líder de ERC, Oriol Junqueras, a imponer unilateralmente la independencia de Cataluña no ha rebajado un ápice el descarnado argumentario del PP. Más bien al contrario: la declaración de Junqueras, según Gamarra, agrava aún más los desmanes que su partido atribuye al Gobierno, porque se trataría de la “coartada perfecta” para despejar el camino a un referéndum de autodeterminación. El propósito del Ejecutivo sería ni más ni menos que “imponer la destrucción de Cataluña y de España”, en palabras de la portavoz popular. Los indultos, vaticinó Gamarra, “envalentonarán” a los “jerarcas secesionistas” y serán la “semilla del segundo procés”. No solo eso. Los populares también sostienen, sin aportar más datos al respecto, que el anuncio de las medidas de gracia “ha sembrado el estupor entre nuestros socios europeos”.

El Gobierno se protegió del bombardeo con un intento de no alimentar más el fuego. Tanto la vicepresidenta Calvo como el ministro Campo insistieron en que se está atacando una decisión que aún no se ha tomado, pero al tiempo defendieron el derecho del Ejecutivo a otorgar medidas de gracia y sostuvieron que su único objetivo es rebajar la tensión en Cataluña. Calvo amagó primero con no entrar al debate con Gamarra, a la que dio por toda respuesta: “No voy a contestar a nada que no ha ocurrido”. En la siguiente réplica, optó por acusar al PP de dejar al actual Ejecutivo una “herencia desastrosa” en Cataluña y aseguró que el asunto se resolverá de un “modo constitucional y digno”.

El ministro de Justicia también respondió a los populares que su estrategia ante la cuestión catalana “ha fracasado estrepitosamente” y citó a la filósofa Hannah Arendt para defender “el poder del perdón”. El Gobierno, aseguró Campo, decidirá únicamente a partir de argumentos de “naturaleza jurídica”, entre los que se sitúa, recordó, la apelación a la “utilidad pública” prevista por la norma que regula las medidas de gracia. “Decidiremos lo que es mejor para España, no para los indultados, ni para su partido, ni para el nuestro”, zanjó el ministro.

En el hemiciclo había un elefante que no pasaba inadvertido para nadie, pero que los populares obviaban citar en medio de su constante acometida: la marcha del próximo domingo en Colón. Fue el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien lo señaló con todas las letras. El dirigente de la extrema derecha recurrió a la vieja guardia socialista ―Felipe González, Alfonso Guerra y hasta el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba― para aventurar que el domingo se manifestarán en Madrid “españoles de todos los colores políticos”. En el furor de la denuncia contra el Gobierno, Espinosa de los Monteros llegó a acusarlo de lo que nunca ha hecho: “Indultar a asesinos etarras”.

Tampoco Arrimadas se refirió a la protesta de Colón, pese a que su partido la respalda. La líder de Ciudadanos se apoyó ―como ya habían hecho los populares― en la hemeroteca, una pesadilla habitual para Pedro Sánchez, cuyas viejas declaraciones contra los indultos volvieron a resonar en la Cámara. “¿Entonces eran ustedes también unos fachas vengativos que querían romper la concordia? Ustedes no tienen ni palabra ni principio”, atacó Arrimadas a Campo. El ministro le respondió con otra pregunta: “¿Y qué piensan proponer ustedes para restañar las enormes heridas abiertas en Cataluña?”.