PSOE, Podemos y Cs aprueban las bases de la reconstrucción con el rechazo del PP y los nacionalistas

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha sacado adelante este viernes, sin problemas y con la alianza de Ciudadanos, las votaciones de las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo de la comisión de reconstrucción económica y social tras la crisis del coronavirus. El PP ha variado su voto entre el rechazo directo en dos de los documentos (reactivación económica y cuidados sociales) y la abstención en otros dos (sanidad y Unión Europea), a la espera de negociaciones en los próximos días hasta el pleno del 22 de julio. El abandono de Vox (52 diputados) ha dejado mucho margen de maniobra en las votaciones, que solo necesitaban más votos a favor que en contra para prosperar. La coalición del Gobierno contó así con un mínimo de 165 votos de los 350, al sumar los 10 diputados de Ciudadanos. Los partidos nacionalistas, independentistas y hasta los regionalistas se han mostrado muy críticos con el documento final y con el Ejecutivo porque temen injerencias y recentralización de competencias, sobre todo en sanidad y servicios sociales. La sesión ha durado al final casi 12 horas.

La primera votación del bloque de iniciativas sanitarias tras la covid-19 se produjo sobre las 16.30 horas y ofreció un panorama del resultado total. Ese documento que propugna un reforzamiento de la sanidad pública, más medios y recursos y algunas ideas de mayor coordinación del sistema prosperó con 166 votos a favor, solo 33 en contra y 94 abstenciones, incluidas ahí las del PP. El segundo capítulo de votaciones para las conclusiones del grupo de reactivación económica, el más largo porque mantenía cientos de enmiendas vivas, se solventó con 167 votos a favor, 115 en contra (el PP estuvo en este grupo) y 10 abstenciones. El texto sobre cuidados sociales fue respaldado por 155 votos (Cs en este caso votó en contra), frente a 132 rechazos y cinco abstenciones. El dictamen sobre la Unión Europea recogió 183 posiciones afirmativas, seis negativas y 102 abstenciones y fue el que cosechó más refrendos.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, compareció en un momento de la jornada para arremeter contra la “deslealtad y cerrazón” del PP y contra su oposición “estratégica” a unas soluciones que calificó “de buena política y de país, que no de Gobierno ni de partido”, propugnadas por la mayoría ante un momento tan crítico tras la pandemia. Lastra culpó al PP y al “extremismo” de Pablo Casado de hacer encallar unos acuerdos más amplios y particularmente en dos aspectos sanitarios, como la eliminación de los copagos farmacéuticos o la universalización de la sanidad pública, para intentar “derrocar al Gobierno también en la comisión de reconstrucción”.

Los socios habituales del Ejecutivo de coalición desde la investidura han mostrado por su parte su malestar por lo que entienden como un giro a la derecha del Ejecutivo del PSOE y Podemos en su alianza, por ahora coyuntural, con Cs, que votó a favor de tres de los documentos de conclusiones (sanidad, economía y Unión Europea) y en contra del de asuntos sociales por su rechazo a que se discrimine financieramente a la educación concertada. Los reproches ideológicos han llegado desde ERC, EH Bildu, el BNG o Compromís.

Lucía Muñoz, de Podemos, ha reconocido casi al final del debate que a su formación le incomodan algunos de esos pactos con la derecha (en alusión a Cs), pero ha confesado que ahora son necesarios por pragmatismo y para acudir unidos a reivindicar más fondos en Europa para financiar los próximos Presupuestos. Y ahí ha incluido una advertencia, cuando ha avanzado que, de cara a las cuentas, no renuncian a sus posiciones programáticas más avanzadas ni “a la mayoría de la investidura”.

El debate matinal de esta última comisión de la reconstrucción ha concluido tras tres horas y 45 minutos como la mayoría de sus intensas sesiones durante casi dos meses: con buen tono general, posiciones constructivas y educadas, halagos a los rivales políticos, pero también con posturas partidistas muy prefijadas. La sesión se ha interrumpido hasta las 15.00 para registrar y estudiar las más de 800 enmiendas que aún siguen vivas entre los grupos. Cuando se produzcan las votaciones se disolverá la comisión a la espera de que el documento final, pactado de partida entre el PSOE y Podemos, se lleve para su aprobación a un pleno del Congreso tras las elecciones del 12-J, el 22 de julio.

La comisión, sin embargo, ha llegado a su fin con una sensación agridulce, ya que sus documentos van a ser aprobados efectivamente con más votos a favor que en contra, pero con el “descuelgue” del PP, según la expresión del PSOE, porque dice haberse visto minusvalorado, sobre todo en las ideas plasmadas para la recuperación económica del país. “Ustedes se han descolgado y han actuado igual que durante toda la pandemia”, ha señalado la diputada socialista Ana Prieto, coordinadora del área de sanidad, en referencia a la actitud del PP.

La exministra de Sanidad y negociadora de los populares, Ana Pastor, ha destacado que aún sigue existiendo la oportunidad de llegar a acuerdos hasta el pleno final. Pastor ha valorado los avances en las propuestas sanitarias pero le han parecido aún insuficientes. La portavoz económica popular, Elvira Rodríguez, más crítica, no observa mimbres para el acuerdo en esa área y ha recalcado la gran diferencia de fondo: el PP no quiere subida de impuestos y exige una senda de estabilidad “creíble y consistente”. Mientras el PP enseñaba esa distancia en el Congreso, en La Moncloa el presidente Pedro Sánchez firmaba un pacto muy simbólico para la recuperación con los agentes sociales, la patronal y los sindicatos.

El desmarque del Partido Popular no ha sido el único. Los grupos nacionalistas manifestaron la misma posición pero al considerar que los documentos aprobados están recorridos por un impulso recentralizador sobre las competencias ya transferidas a las autonomías. En esa línea estuvo ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, ha asegurado que no se trataba de una reivindicación nacionalista, sino de eficacia. Esa denuncia la compartieron los portavoces del PNV, Aitor Esteban; el de Compromís, Joan Baldoví; el del BNG, Néstor Rego; la de Bildu, Mertxe Aizpurua; la de Coalición Canaria, Ana Oramas; y el de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.

Derogación de la reforma laboral

Los portavoces de área del PSOE y el de Podemos aprovecharon sus intervenciones para ensalzar su voluntad de acuerdos y flexibilidad. Pero Pablo Echenique no desperdició el momento para recordar que algunas de sus medidas más simbólicas, como la derogación de la reforma laboral del PP, siguen vigentes, aunque no figuren en el texto final. “Vamos a votar la enmienda de EH Bildu para derogar la reforma laboral del PP y puedo afirmar y garantizar que forma parte del acuerdo de Gobierno y que vista la trayectoria de la ministra de Trabajo [Yolanda Díaz], no le van a quedar ni los palos del sombrajo”. Podemos votó esa enmienda de Bildu, que primero salió adelante por error y que en una segunda votación se corrigió gracias a los apoyos al PSOE del PP y Ciudadanos.

La voz crítica contra quienes se han descolgado al final del acuerdo la ha expresado el portavoz socialista de la comisión económica, Pedro Casares: ”El PP nunca ha estado en el consenso, sino en el cuanto peor mejor, y en vez de por un acuerdo de país, y para que nadie se quede atrás, están pensando con posiciones partidistas y en las elecciones del 12-J”. Su compañera en el área de sanidad, Ana Prieto, ha ratificado esa queja, pero ha reiterado al PP sin acritud su oferta de diálogo hasta el pleno: “La mano sigue tendida”. Pastor ha recogido ese talante y ha ofrecido negociar más aspectos de mejoras sanitarias hasta el final y, en especial, la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública, su gran reivindicación junto a la creación de una reserva estratégica de material médico crítico.

La comisión se ha dividido de nuevo en la defensa de las ayudas a la educación concertada. En esta ocasión, no solo el PP, sino también Ciudadanos, han defendido que no se excluya a la enseñanza concertada en el reparto de los 2.000 millones de euros destinados a la educación. Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha respaldado la labor de los centros concertados en barrios de toda España, negando con ejemplos concretos que sean un lugar para las élites. El bloque social del texto de conclusiones es de contenido muy amplio, pero está plagado de referencias que chocan con las competencias de las comunidades autónomas, como ha recordado Aitor Esteban, portavoz del PNV, y Ferran Bell, de JuntsxCat, quien ha defendido que los alumnos de las familias ricas “están en la privada”.

Gabriel Rufián, de ERC, ha rebajado el tono que entiende “grandilocuente” con el que se refieren a los retos de la comisión los portavoces de los grandes partidos estatales. Y ha marcado distancias: “Nos piden generosidad a los grupos pequeños, cuando lo que va a quedar es que la izquierda es radical y la derecha es estadista, y eso no es generosidad, sino servidumbre”.

Echenique ha destacado de las conclusiones sobre el sistema de servicios y cuidados sociales las reclamaciones acordadas para la mejora del mercado de alquiler, el ingreso mínimo vital o la lucha contra la violencia machista: “Estamos muy orgullosos de los fondos para la enseñanza pública porque son los que más lo necesitan, ya que en la concertada no hubo recortes, así que no se preocupen ustedes por la salud de la privada concertada, que ha sido muy defendida”. También ha recordado que la defensa de la educación especial está garantizada y que depende absolutamente de la pública.

La representante y exministra socialista María Luisa Carcedo ha recuperado al final la razón de ser de la comisión y de los documentos de trabajo como líneas básicas para la reconstrucción del país tras la pandemia y no como recopilación de todo tipo de leyes, muchas de ellas ya en tramitación. Carcedo ha concedido que “es evidente que hay ideología” en muchas propuestas de distintos partidos pero ha rechazado la acusación de que muchas de su grupo vayan “contra la libertad”, sino encaminadas a ayudar a los que más lo necesitan.

Sobre el texto planteado para fijar una posición ante la Unión Europea se ha concitado uno de los mayores respaldos de la comisión. La mayoría ha aceptado más del 50% de las enmiendas registradas (141) y el balance ha congregado de entrada 165 votos a favor, solo seis en contra y 114 abstenciones. Ese escenario llevó al coordinador de ese grupo, el popular Guillermo Mariscal, a pedir más esfuerzos de diálogo para llegar a un pacto de cara al pleno de finales de julio. El PP, por ahora, aún no ve condiciones para dar su voto afirmativo.