El Govern ofrece negociar el decreto del fondo de 10 millones para evitar el recurso del Gobierno

La Generalitat y el Gobierno han establecido contactos para tratar de reconducir el debate sobre el decreto ley con el que la Administración catalana pretende facilitar una ayuda a 34 ex altos cargos y funcionarios implicados en el expediente de responsabilidad contable por haber gastado indebidamente 5,4 millones en la promoción exterior del procés. El diálogo persigue alejar la posibilidad de que el Ejecutivo se vea obligado a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre dicho decreto ley, que prevé la utilización de un aval para hacer frente a la exigencia del Tribunal de Cuentas de que los investigados afiancen 5,4 millones antes del próximo día 21, de acuerdo con el acta de liquidación que les fue entregada la semana pasada.

El Gobierno está estudiando el contenido de la normativa catalana y mantiene reservas importantes, aunque quiere evitar el choque con la Generalitat. La Administración catalana, a su vez, es conocedora de las reticencias del Ejecutivo en cuanto a la viabilidad del mecanismo de un aval para asegurar el pago de las posibles responsabilidades contables de los citados 34 ex altos cargos y funcionarios, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell. Todos ellos presentaron el miércoles ante el Tribunal de Cuentas los correspondientes recursos contra el acta de liquidación, alegando que se hallan en una situación de indefensión.

El diálogo emprendido por ambos Gobiernos no pretende interferir en la labor del Tribunal de Cuentas, sino despejar las dudas que puedan existir sobre el encaje constitucional del mecanismo ideado por la Generalitat para defender a sus ex altos cargos y funcionarios. La Administración catalana cuenta con que el PP y Vox pondrán en marcha los recursos a su alcance para cortar el paso al citado decreto ley. Pero el verdadero riesgo para la entrada en vigor de esta normativa reside en un instrumento que no está en manos de la oposición, sino del Gobierno. Se trata de la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad que incluya la petición de que el Tribunal Constitucional suspenda la vigencia del decreto ley, dejando por tanto en el aire la regulación del aval y su presentación ante el Tribunal de Cuentas para asegurar los citados 5,4 millones de euros reclamados.

El “botón nuclear” del Gobierno en materia de recursos ante el Constitucional está previsto en el artículo 161.2 de la Ley Fundamental, que establece que “la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida”. Se trata, por tanto, de un mecanismo automático, que implica que el recurso, una vez admitido a trámite, paralice la normativa cuestionada por un período inicial de cinco meses, susceptible de ampliarse sucesivamente por plazos de la misma duración si no se hubiera dictado sentencia. Ninguna de estas posibilidades se abre por un recurso de la oposición.

El Gobierno está meditando la decisión y estudiando con calma el decreto para ver si está obligado a recurrirlo, como creen algunas fuentes consultadas, o puede dejarlo pasar. El Ejecutivo ya se ha visto en esta situación otras veces y, pese al malestar que eso despierta en la Generalitat, ha decidido recurrir, porque no hacerlo si lo ven ilegal podría implicar una prevaricación. Es lo que el Gobierno le explicó a los independentistas y a Unidas Podemos, que la apoyaba, cuando recurrió el 14 de junio la ley de vivienda de la Generalitat, aunque no pidió su suspensión.

La Abogacía del Estado, la vicepresidencia primera y el equipo más cercano al presidente están estudiando a fondo el decreto. A primera vista, según fuentes del Ejecutivo, tiene algunos problemas importantes que podrían obligar a recurrirlo. Aunque La Moncloa insiste en que la decisión no está tomada. De hecho lo más probable es que se agoten los plazos —dos meses— para decidir si se recurre o no al Tribunal Constitucional, con lo cual hay tiempo para una negociación política que pudiera suavizar los aspectos que el Gobierno ve más problemáticos. En principio, y a falta de un estudio más a fondo, el Ejecutivo ve el problema de que si los dirigentes independentistas cuyo embargo ha decretado el Tribunal de Cuentas se declaran insolventes, algo por otra parte factible dadas las dimensiones de la multa, sería la Generalitat la que tendría el perjuicio económico y por tanto se estaría resolviendo con dinero público una condena por malversación de dinero público.

En cualquier caso, en la esfera política, el Gobierno no tiene ningún interés en recurrir y por tanto prefiere la vía del acuerdo con la Generalitat si es posible encontrar un punto para que el decreto pueda estar “ajustado a derecho”, las palabras que utilizó el miércoles Pedro Sánchez en Estonia, durante un viaje oficial a las repúblicas bálticas. El presidente dejó abierta la posibilidad del recurso porque ya en ese momento le llegaban de La Moncloa las dudas jurídicas que genera.

Sin embargo, la relación entre el Gobierno y ERC en este momento es muy buena. Hay un acuerdo de fondo para consolidar la legislatura que implica negociar los Presupuestos de 2022. Por eso, pese a la dificultad que genera el decreto, lo más probable es que se busque un acuerdo.

Además, el Ejecutivo, aunque no puede enfilar directamente el choque en público, también critica en privado al Tribunal de Cuentas. El propio Sánchez ha reprochado en público que sea una exministra del PP como Margarita Mariscal de Gante la instructora de un proceso contra los independentistas.

El Ejecutivo se mueve pues entre su línea política, que le lleva al acuerdo con ERC, y su obligación legal de recurrir todo aquello que los juristas del Gobierno consideren ilegal. En esa fina línea se tomará la decisión definitiva en pocas semanas. Todo el complejo proceso de diálogo político con los soberanistas queda ahora pendiente de cómo se resuelva la encrucijada.