El aval de la Generalitat para los investigados del Tribunal de Cuentas tendrá un coste de 54.000 euros anuales

El Gobierno catalán ha aprobado este martes, mediante un decreto ley, la creación de un fondo de cobertura de reclamaciones judiciales, de 10 millones de euros, y al que se podrán acoger los 34 ex altos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas. Los interesados solo pueden solicitar la ayuda si no hay sentencia firme condenatoria, ha explicado el consejero de Economía, Jaume Giró, que se ha mostrado confiado en que el mecanismo no implica cometer ningún delito de malversación.

Los detalles del instrumento financiero son claves en esta cuestión para determinar el papel del dinero público y la forma de recuperarlo. El mecanismo creado, un Fondo Complementario de Riesgos, “no supone poner el dinero en ningún lado, no se traspasan a ningún sitio. Sirve para que una o dos entidades financieras pongan un aval, que estará garantizado con el contraaval del Fondo”, comentó Giro a EL PAÍS. Fuentes del mercado apuntaron que una de las entidades avalistas podía ser la Caja de Ingenieros, pero la empresa no quiso hacer ningún comentario sobre esta cuestión.

El consejero afirmó, con toda rotundidad, que “cuando haya sentencia firme en última instancia, la Generalitat recupera todo, absolutamente todo el dinero; si hay sentencia de culpabilidad, incluirá los intereses y las costas”.

Según los cálculos de la Consejería de Economía, el coste del aval será del 1% anual, lo que supondrá unos 54.000 euros anuales. Este precio es el que los bancos están aplicando en el mercado, según fuentes financieras consultadas, para los avales en los que la garantía es liquidez. El coste más bajo se aplica cuando se ofrece dinero en efectivo a disposición del avalista por si hubiera problemas con lo que se garantiza ante el Tribunal de Cuentas.

El pago repartido entre los 34 ex altos cargos

En el caso de los 34 ex altos cargos no fueran culpables, solo tendrían que hacer frente a estos 54.000 euros multiplicado por el número de años que suponga el proceso. Al ser muchos los afectados, el coste individual no debería ser demasiado elevado.

El responsable económico de la Generalitat insistió en que el objetivo final del fondo es “cubrir temporal y provisionalmente la responsabilidad de los funcionarios públicos por actividades lícitas desarrolladas en el ejercicio de sus cargos. Si les embargan sus casas y sus ahorros y pensiones, eso ya no tiene remedio. Hemos creado un fondo para cubrir provisionalmente a los funcionarios públicos. Recuperaremos todo el dinero más intereses y costas. Así está en el decreto, citando el principio de derecho público de devolución”.

El fondo creado busca cubrir hasta donde no llega la póliza de responsabilidad civil que tiene la Generalitat. El 1 de marzo de 2011 SegurCaixa Adeslas firmó, junto con Zurich y Fiatc, una póliza con una duración de 10 años. En 2017, al llegar la reclamación al expresident Arthur Mas, por el referéndum del 1-0 de 2014, se suspendió la póliza por dos meses. Posteriormente se volvió a activar, según fuentes del mercado, para que estuvieran cubiertos todos los funcionarios de la Administración catalana, pero aclarando que quedaban excluidas las consecuencias de todos los actos relacionados con el procés de Cataluña.

Diez años después del inicio de la póliza, en febrero de 2021, SegurCaixa Adeslas, propiedad de Mutua Madrileña (50%) y de VidaCaixa Grupo (49,9%), el grupo asegurador de La Caixa, ahora integrado en CaixaBank, decidió no renovarla con la Generalitat.

Aunque esta compañía decidió aclarar por escrito que no iba a cubrir las consecuencias de los actos relacionados con el proceso independentista, diferentes expertos consultados coinciden en afirmar que los seguros de responsabilidad civil, “nunca cubren conductas irregulares o delictivas, en las que exista dolo, porque sería como fomentar que se cometan ilegalidades”. Apuntan que esta cobertura está preparada para cuando existen problemas no previsibles, como accidentes de tren con fallecidos, derrumbes de edificios, o problemas de los médicos de la sanidad pública, pero no actos de tipo político.