SegurCaixa rescinde todos sus contratos de responsabilidad civil con Generalitat y Parlament

Segurcaixa Adeslas es una aseguradora participada al 50,1% por Mutua Madrileña y al 49,9% por VidaCaixa, grupo CaixaBank, el principal banco catalán que el 6 de octubre anunció el traslado de su sede social de Barcelona a Valencia como consecuencia del proceso independentista.

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La aseguradora ha enviado sendas cartas a la Generalitat y al Parlament en las que comunica la rescisión de las pólizas, con fecha del 11 de octubre. Según ha podido saber EL PAÍS, la cobertura de responsabilidad civil a la Generalitat tenía dos pólizas. Una para cubrir a todos los trabajadores de todas las consejerías, con un coste de 246.000 euros anuales, y otra solo para los altos cargos. Esta última tenía un precio mucho mayor. Según fuentes del mercado, SegurCaixa estaría dispuesta a renegociar las condiciones económicas de los seguros, valorando la nueva situación creada en el Parlament y en la Generalitat tras la aprobación de las leyes de ruptura con el Estado.

La ruptura del seguro del Parlament se conoció ayer, cuando se reunió la Mesa de la Cámara. Durante esa reunión se suscitó un debate entre los grupos y el letrado del Parlament informó de que la responsabilidad civil que tenía contratada la Cámara no afectaba a la actividad política de los diputados ni a las consecuencias judiciales de los procesos en los que pudieran estar inmersos.

La compañía tenía suscrito un contrato con el Parlament de tres años de duración con dos lotes: uno para asegurar la responsabilidad civil y patrimonial derivada de la actuación de los diputados, por un lado, y otro para los daños materiales a todo riesgo. El coste era de 16.000 euros anuales en cada caso.

La aseguradora anuncia en su carta remitida al Parlamento catalán que la póliza queda "resuelta y sin efecto alguno de modo inmediato" a consecuencia de lo que considera "gravísima agravación del riesgo producida por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña". A renglón seguido, la compañía precisa que se refiere "singularmente" a la aprobación de la ley de ruptura, aprobada en un pleno tumultuoso la madrugada del 8 de septiembre.

Segurcaixa Adeslas es la misma aseguradora que hace unos días negó a Artur Mas el aval para abonar la fianza de 5,2 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas por el uso de fondos públicos por la organización del 9-N. El expresident alegó que carecía de fondos e invocó la ejecución del seguro contratado para proteger a los funcionarios de la Generalitat, pero la compañía argumentó que la póliza no cubría los riesgos por la organización de la consulta.

Lluís Guinó, vicepresidente primero del Parlament y diputado de Junts pel Sí, criticó la decisión de la aseguradora porque "no tiene base jurídica" y avisó de que se replantearán su relación futura con la empresa. "El Parlament no reconoce los efectos de ruptura de esta póliza y entendemos que está vigente", dijo.