Puigdemont no cede y precipita la puesta en marcha del 155

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se ofrecieron mutuamente diálogo en las misivas que cruzaron ayer pero entienden cosas muy diferentes sobre cuál debería ser el punto de partida. El jefe del Ejecutivo español sigue dispuesto a reunirse con Puigdemont para tratar del autogobierno de Cataluña dentro del respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña.

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El gobernante catalán quiere hablar de sus aspiraciones y atribuye a la "mayoría de los catalanes" haberse expresado a favor de formar parte de "un país independiente". El Gobierno de España no acepta ese planteamiento que Puigdemont atribuye a una mayoría de la sociedad catalana y entiende que no se pueden permitir más pasos contrarios a la legalidad.

No hay posibilidad de encuentro y solo cabe la exposición y confrontación de argumentos. El Gobierno catalán no ceja en su estrategia y aprovecha todas las acciones del Ejecutivo central para aumentar su argumentario de supuestos agravios. Las negativas de Rajoy "le dejan en evidencia ante los ojos del mundo" y carga de razones un movimiento unilateral, señalan fuentes del Govern.

No hay temor por ese lado, según fuentes del Ejecutivo central, ya que la comunidad internacional se ha manifestado claramente en contra de la independencia de Cataluña. Los máximos responsables de la Generalitat también saben que una decisión unilateral les dejaría fuera de la Unión Europea.

Tras el cruce de cartas de ayer queda claro que no hay marcha atrás por ninguna de las dos partes. Rajoy, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, sigue adelante en su idea de restablecer "el orden constitucional" en Cataluña.

Mientras, Puigdemont hace como que la respuesta del Gobierno central no le afecta y mantiene su propuesta, expresada por carta, de abrir un plazo de dos meses para dialogar. En caso de que este diálogo no se produzca, como parece previsible, el presidente catalán amenaza con mantener el camino de la independencia unilateral.

Diálogo no creíble

Para Rajoy no resultan creíbles las llamadas al diálogo cuando el jefe de Gobierno de Cataluña se niega "a hablar con una parte importante de la sociedad catalana a través de sus legítimos representantes", es decir, la oposición en el Parlament. El presidente subrayó en su misiva que la oposición catalana tiene menos escaños que los independentistas pero que suma más votos en las últimas elecciones.

El Gobierno de España también ofrece diálogo a las autoridades catalanas, pero sostiene que este tiene que producirse en el Congreso de los Diputados. "Le invito de nuevo a comparecer ante el Parlamento y trasladar sus demandas a los legítimos representantes de la soberanía nacional", reza la carta que Rajoy envió a Puigdemont, que se opone a acudir a la Cámara baja.

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Los plazos para Rajoy acaban el jueves a las diez de la mañana. El Gobierno pidió ayer de nuevo a Puigdemont que aclare si el 10 de octubre declaró o no la independencia, tal y como reclamaba su requerimiento de la semana pasada. Si no lo hace, él "será el único responsable de la aplicación de la Constitución", indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que puso voz a la respuesta a Puigdemont a la vez que desde La Moncloa se enviaba la respuesta por escrito al presidente catalán.

Junto a la carta en la que no aclaraba su posición sobre la declaración de independencia, Puigdemont adjuntó diferentes documentos como la ley del referéndum y el informe sobre las cargas policiales del 1 de octubre. En la misiva recordaba que dejó "en suspensión" la declaración de independencia para abrir un proceso "de dos meses" para dialogar.

"Lamento que usted haya decidido no responder al requerimiento remitido el pasado 11 de octubre y, por tanto, no aclarar el extremo de si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña". Este es el comienzo de la carta de respuesta de Rajoy. "Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del citado requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere".

Para Rajoy, "prolongar esta situación de incertidumbre solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Cataluña". Esta apelación a los radicalismos también fue parte nuclear de la intervención de la vicepresidenta del Gobierno.

No habrá aplicación del artículo 155 de la Constitución si se vuelve "a la legalidad", que es condición previa "para cualquier diálogo democrático". Esa legalidad incluye la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña en vigor "que han resultado gravemente lesionados por las actuaciones" del Ejecutivo autónomo, se lee en la carta de Rajoy.

Proclamación inmediata

Sobre la carta de Puigdemont no hay unanimidad interna, como la CUP ha puesto de manifiesto sin paños calientes. "Como no vemos una fórmula para que esto desencalle, lo mejor es que el 155 nos coja proclamados", dijo ayer el diputado anticapitalista Benet Salellas.

PDeCAT y Esquerra Republicana sí cerraron filas con Puigdemont. No ponen objeciones a lo hecho por el presidente catalán sino que se dicen preparados para afrontar la activación del artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno tiene duda de que en la complicada aplicación de ese artículo entre el control de los Mossos d'Esquadra. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, eludió ayer dar detalles sobre cómo se hará. "No es oportuno ni prudente hablar sobre las medidas. La respuesta será proporcionada. Lo que tengamos que hacer, se hará", informa Javier Martín-Arroyo. Sí reconoció que el refuerzo de la Guardia Civil y la policía en Cataluña con 6.000 agentes se mantendrá, dado que las circunstancias no han cambiado.

Nada ha cambiado toda vez que el presidente Carles Puigdemont sigue adelante con sus planteamientos. Sigue vigente la oferta de Mariano Rajoy para que el gobernante catalán acuda al Congreso a exponer sus posiciones "en el formato que quiera", sugirió la vicepresidenta. El debate ya no es bilateral, al menos en estas circunstancias. No es una invitación a La Moncloa sino a que Puigdemont acuda al Congreso. Lo que no sucederá.

La vía a la que ahora le va a abocar el Gobierno está en el Senado, una vez que se active el artículo 155 de la Constitución. Eso ocurrirá previsiblemente el mismo jueves a partir de las diez de la mañana cuando se constate que Puigdemont no responde lo que el Gobierno le pregunta.