Cerco a la era Rajoy por el uso ilegal de la Policía y los fondos reservados

El cerco a la antigua cúpula del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy se estrecha. La Audiencia Nacional ha imputado a María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y ex número dos del partido, por la operación “parapolicial” de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, que se urdió en el seno de la Policía Nacional en 2013 y que utilizó fondos reservados. El juez instructor considera que existen indicios suficientes de que la exdirigente política y su marido participaron en la trama bautizada como Operación Kitchen, al igual que Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, imputado ya el pasado año.

El juez Manuel García-Castellón ha esperado nueve meses para dar el paso que desata una nueva tormenta en el PP, incapaz de dejar atrás las investigaciones de corrupción que lo asolan desde hace más de una década. El instructor tenía sobre la mesa desde septiembre la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a la ex secretaria general del partido y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que el magistrado descartó entonces por “precipitada” y que ha encontrado una respuesta positiva finalmente esta semana. El pasado martes, tras incorporar al sumario una ingente cantidad de indicios recabados de las agendas interceptadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, el juez firmó un auto de 16 páginas para llamar a ambos a declarar como investigados. Las citas se han fijado para el 29 y 30 de junio, respectivamente.

La era Rajoy sufre así otro duro golpe. Hasta este momento, el juez había fijado su atención en el Ministerio del Interior y en la Policía, donde se coordinó y puso en marcha la operación de espionaje al extesorero popular para arrebatarle supuestamente documentos comprometedores para altos cargos del PP tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas. Ahora, sin embargo, la diana se amplía definitivamente y el magistrado señala ya sin paliativos a la estructura orgánica del partido conservador encabezado actualmente por Pablo Casado, que contó con el respaldo de Cospedal en las primarias de 2018 que le enfrentaron a Soraya Sáenz de Santamaría.

Desde hace meses, el ministerio público consideraba a Cospedal una pata fundamental de la estructura de Kitchen. Ella, según el ministerio público, tenía un “doble interés” en sustraer material sensible a Bárcenas: tanto “como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma”, como por ser la número dos del PP. A esa tesis se suma el auto del juez del pasado martes, donde se incide en que la expolítica habría estado al tanto de la trama y habría intervenido: “Se detecta una cadena de anotaciones [en la agendas de Villarejo] que permiten inferir su participación y la de su marido”, destaca el magistrado.

De esta forma, la figura de Cospedal engarza Kitchen con las entrañas del PP. Ella no solo era una persona de la máxima confianza del entonces presidente del Gobierno, sino que ocupó el puesto de secretaria general entre 2008 y 2018. Rajoy la eligió para que se presentase a las elecciones autonómicas de 2011 que le permitieron alzarse con la presidencia de Castilla-La Mancha hasta 2015 y le concedió la cartera de Defensa, que ocupó entre 2016 y 2018.

Durante ese tiempo, según revela el sumario, Cospedal mantuvo contacto con Villarejo. Tanto en persona —se reunió con él en la sede nacional del PP en la calle Génova en 2009, cuando la investigación de la trama Gürtel se encontraba a pleno rendimiento y parte de ella bajo secreto— como a través de su marido, que cruzaba llamadas telefónicas de forma habitual con el comisario para intercambiarse información. Estas comunicaciones se prolongaron a lo largo de años y, según el magistrado, se repitieron supuestamente cuando se desplegó la Operación Kitchen en 2013.

Las fechas no resultan baladíes. Hasta finales de 2012 y principios de 2013, el PP había protegido a Bárcenas. Pero entonces llegó a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria de las cuentas en Suiza del extesorero, EL PAÍS publicó los famosos papeles y el extesorero se dispuso a tirar de la manta ante el juez Pablo Ruz —su confesión se produciría el 15 de julio de ese año—. Por tanto, todo cambió. E irrumpieron dos nuevos nombres: José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha; y Andrés Gómez Gordo, un comisario de Policía que la entonces secretaria general del PP había fichado como asesor para el Gobierno castellanomanchego y que tenía su despacho a escasos metros del de su presidenta. Ambos vinculan también a Cospedal con la Operación Kitchen.

El juez de la Audiencia Nacional ha encontrado anotaciones en las agendas de Villarejo —13 nuevas libretas interceptadas en el último registro de su vivienda, en octubre de 2020— donde se recogen supuestos contactos con Ortiz, también imputado, al que se refiere con las siglas JL u Orti. Así, el 8 de enero de 2013, el comisario escribe junto a las siglas de López del Hierro: “Propone que llame a JL, aunque él recordará a la conveniencia de vernos lo antes posible”. El 15 de enero añade junto a la palabra Orti: “Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a Cospe”. Y el 29 de abril apostilla: ‘Orti: Aviso de problemas sobre el último informe de Moroc”. Morocho era el jefe del grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaba Gürtel de la mano del juez Ruz y a quien Interior trataría después de apartar de las pesquisas, según denunció el propio Morocho.

Objetivo: captar al chófer

En julio de 2013, días antes de la confesión de Bárcenas ante Ruz, se pone en marcha la Operación Kitchen, donde participan personalmente Villarejo y otros comisarios condecorados con el presunto objetivo de robar material sensible al extesorero popular. Un despliegue que lidera el entonces jefe de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y del que también estaban presuntamente al tanto Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Todos ellos se encuentran imputados.

La trama se puso como objetivo captar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Una maniobra para la que contaron con ayuda de Andrés Gómez Gordo, el asesor de Cospedal, que conocía personalmente al conductor de épocas pasadas, ya que Ríos había trabajado para Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid. Al chófer le pagaron por sus servicios con fondos reservados —al menos, 53.000 euros entre 2013 y 2015, según la instrucción— y supuestamente facilitaron después su ingreso en la Policía Nacional.

La decisión de imputar a Cospedal y su marido se conoció este miércoles por la mañana, mientras López del Hierro comparecía en la comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen. El esposo de la expolítica, que guardó silencio ante las preguntas de los diputados, precedía a la ex secretaria general del PP, que estaba citada por la tarde. Finalmente, el interrogatorio de Cospedal ha quedado aplazado.

Precisamente, Villarejo aprovechó su paso por esa comisión la pasada semana para decir que también cruzó mensajes con Rajoy sobre Kitchen y que Sáenz de Santamaría estaba informada de la trama a través de Francisco Martínez y el CNI. Aunque de la parte del sumario conocida, más allá de sus afirmaciones, no constan de momento indicios que apunten tan alto.