La Audiencia y el Congreso cercan al PP de Rajoy por el ‘caso Kitchen’

El juez instructor del caso Kitchen —la operación policial, ejecutada sin orden judicial, que espió a la familia del extesorero Luis Bárcenas y le robó documentación incriminatoria para el PP— citará en los próximos días como investigada a María Dolores de Cospedal, secretaria general de la formación conservadora cuando ocurrieron los hechos, según informaron a EL PAÍS fuentes próximas a la investigación. El instructor también interrogará al marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, amigo del comisario José Manuel Villarejo, uno de los policías que participó en la operación Kitchen.

Junto a la iniciativa del juez para profundizar en la investigación mediante nuevos interrogatorios a dirigentes del PP, la comisión parlamentaria que investiga estos hechos en el Congreso de los Diputados también tiene la intención de remitir a la Fiscalía Anticorrupción alguno de los testimonios de policías que participaron en la operación ilegal y que han acusado a la cúpula del PP de Rajoy de estar al tanto de aquel espionaje a la familia de Bárcenas.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, y su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, están imputados desde hace seis meses en la causa judicial abierta por este supuesto espionaje ilegal que se pagó con fondos reservados y cuyo objetivo era proteger al PP de los secretos que escondía su extesorero. El juez Pablo Ruz, que entonces era el responsable de investigar el caso, nunca tuvo información de los movimientos policiales en torno a los supuestos secretos que todavía guardaba Bárcenas sobre la caja b y la contabilidad paralela que llevó de su puño y letra entre 1990 y 2008.

La investigación judicial y una sentencia de la Audiencia Nacional ratificada por el Tribunal Supremo han confirmado la existencia de esa caja b, alimentada por empresarios, con la que el PP se financió ilegalmente durante al menos 20 años. Esa caja, que llegó a ingresar al menos ocho millones de euros durante ese tiempo, estaba controlada por Bárcenas y por quien fue su jefe durante muchos años, el también tesorero del PP Álvaro Lapuerta, ya fallecido. El expresidente Mariano Rajoy decidió jubilar a Lapuerta en 2008 y ascender a tesorero nacional a Bárcenas, que hasta entonces ejercía de gerente del partido y que guardaba en su despacho la caja fuerte en la que se ingresaba el dinero negro de las donaciones ilegales.

Tras estallar el caso Gürtel, la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se reunió en junio de 2009, en su despacho de Génova 13, con el comisario de policía José Manuel Villarejo y con Ignacio López del Hierro. En esa reunión, Villarejo informó a Cospedal de distintos detalles sobre la investigación policial y judicial del caso y le informó sobre supuestas maniobras del todavía tesorero del PP: “El Bárcenas ha alardeado de que se ha llevado papeles, que los tiene guardados”. El comisario Villarejo está actualmente pendiente de juicio tras pasar más de tres años preso acusado de dirigir una mafia policial que actuó al margen de la ley.

Cuatro años después, policías del Ministerio del Interior pusieron en marcha un operativo de espionaje a la familia del extesorero cuando este se encontraba en prisión preventiva. Ese dispositivo policial, del que han quedado todo tipo de pruebas documentales y sonoras, dio lugar al robo de la información que tenía almacenada en dos teléfonos móviles y otra documentación que no se puso a disposición del juez que investigaba a Bárcenas.

El ex secretario de Estado Francisco Martínez sostuvo ante el juez que la primera noticia sobre la existencia del operativo policial para espiar a Bárcenas la recibió de su jefe, el ministro del Interior, Jorge Fernández, a través de un mensaje enviado a su teléfono. Fernández ha negado que enviase ese mensaje y rechaza que ordenase esa operación. La policía no ha podido aclarar si el ministro envió esos mensajes porque Fernández asegura que cambió de teléfono y no conserva ese aparato ni los mensajes contenidos en él.

Manuel García Castellón, el juez que investiga estos hechos, rechazó en septiembre pasado la petición de la Fiscalía Anticorrupción que se citara como imputada a Dolores de Cospedal, a la que vinculaba con los hechos; dado que una de las piezas clave del operativo, el policía Andrés Gómez Gordo, era asesor de la secretaria general del PP cuando presidía el Gobierno de Castilla-La Mancha.

En 2013, Gómez Gordo era alto cargo en la Administración regional de Castilla-La Mancha y, a la vez, fue el contacto utilizado por la cúpula policial para captar como confidente al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. De hecho, Gómez Gordo fue, junto a Villarejo, quién se encargó de pagar al confidente 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

El juez García Castellón entendió en septiembre pasado que todavía no era el momento de citar a Cospedal como investigada. “Este es el momento de ahondar en indicios tangibles, sustentados en evidencias sólidas sobre las que ir construyendo una investigación de la que se desprenden hechos graves presuntamente cometidos por servidores del Estado y que exigen una investigación profunda”.

En el mismo auto judicial, el juez García Castellón recordaba que el policía Gómez Gordo, había negado en sede judicial que hubiera recibido órdenes de quien fue su jefa, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El juez consideró entonces “precipitado avanzar hacia hipótesis que apuntan a otras personas y cuya implicación se sustenta en referencias de terceros frente a las evidencias” que ya existen.

Seis meses después, la investigación ha acumulado nuevas pruebas y testimonios que apuntan al supuesto conocimiento por parte de Cospedal de las maniobras policiales para lograr la documentación que Bárcenas sacó de la sede del PP cuando los tribunales comenzaron a investigarle por su implicación en el caso Gürtel.

Estos indicios, según fuentes judiciales de la Audiencia Nacional, han llevado al juez instructor a citar ahora a Cospedal como investigada para conocer su implicación en la operación contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

La documentación incorporada al sumario acredita que Gómez Gordo fue quien entregó al confidente Sergio Ríos parte del dinero procedente de los fondos reservados. También hay numerosas pruebas de la información que Gómez Gordo suministraba a Villarejo. Y los recelos de algunos comisarios que participaron en la operación por el hecho de que un alto cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha, el policía Gómez Gordo, asesor de Cospedal, participara en el plan.