Casa Real

“Felipe VI actúa como Rey, no como hijo”

Así se ha vivido en el entorno del Monarca la crisis por las investigaciones a Juan Carlos I, que ha ido perdiendo funciones y presencia desde su abdicación

Juan Carlos I y Felipe VI, durante la reunión del patronato de la Fundación Cotec el 14 de mayo de 2019.
Juan Carlos I y Felipe VI, durante la reunión del patronato de la Fundación Cotec el 14 de mayo de 2019.Paco Campos / EFE

El Rey se pellizca la mano y murmura a media voz cuando le preguntan cómo se encuentra: “Soy de carne y hueso”. Está delgado, con el pelo gris y profundas arrugas en torno a los hundidos ojos azules que brillan sobre la mascarilla quirúrgica sin símbolos ni banderas. Viste uno de sus impecables trajes a medida. Está con ganas de escuchar y ser escuchado durante una recepción mañanera de hace unas semanas por un acto de la Fundación FIES a la que acude una decena de invitados en la desierta Zarzuela, donde la plantilla aún teletrabaja. Solo una decena de sus estrechos colaboradores, los directores, acuden a diario al edificio de Magnolias. Se le ve sereno, pero con gesto preocupado. La voz no se le quiebra. Es más resolutiva. No hay efusiones ni chascarrillos. Mueren todavía centenares de personas por la covid-19. Habla largo, pero no dice nada que no quiera decir.

Ha sido desde niño dueño de sus silencios. Se convirtió en Rey a los 46 años. Habían pasado dos decenios desde que acabó sus estudios universitarios dentro y fuera de España. Era un príncipe a la espera. No tenía maquinaria, libro de instrucciones ni la Constitución regulaba sus funciones: apenas, que tenía que pedir permiso para casarse y jurar fidelidad al Rey. Mandaba su padre, Juan Carlos I, como han mandado siempre los reyes dentro de su Casa: De forma absoluta. A toque de corneta. Y más don Juan Carlos, educado básicamente como militar. Nadie, ni su hijo y heredero, podía hacerle sombra.

Don Juan Carlos era un triunfador. Un icono. Y Felipe de Borbón no era ni de lejos su vicerrey, como una vez bromeó Fidel Castro. Había un solo jefe del Estado. ¿Sabía algo de las actividades de su padre? Tal vez no quiso saber. Se trataba de su padre y de su jefe, en el marco de esa esquizofrénica dicotomía de La Zarzuela, donde en el mismo territorio conviven una familia y la jefatura del Estado. Y es difícil tener claro dónde empieza una y dónde acaba la otra. Según un viejo monárquico, “en esa familia, se puede amar al padre y odiar al rey. O viceversa”. Pero como explica otra fuente próxima al Monarca: “Felipe VI se ha comportado en estos seis años como jefe de Estado, no como hijo. Y eso que admira la labor histórica de su padre. Y de ahí ha venido una ruptura dolorosa”.

¿Sabía o no sabía? Ante la duda, el 15 de marzo de 2020 Felipe de Borbón anunciaba haber manifestado ante notario (en escritura sellada y rubricada), “no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija, en ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada”. Palabra de Rey. De jefe de Estado.

Durante sus largos años de espera, Felipe de Borbón rumió la monarquía del futuro. La quería íntegra, transparente y renovada. Aspira a que los ciudadanos estén orgullosos de él. De ello depende su futuro y el de su familia. Es la obsesión que ha intentado practicar desde el 19 de junio de 2014, con su llegada a la jefatura del Estado. A partir de ese momento iba a emprender una partida de ajedrez con el pasado. Es decir, con su padre. Que ya se había iniciado antes de su abdicación.

Durante esa mañana de la última entrega de los premios FIES de Periodismo en La Zarzuela, Felipe VI profundizó sobre la actualidad. No tiene el desparpajo ni el carisma de su padre en sus mejores tiempos, pero defiende con convicción las instituciones y la división de poderes; alerta sobre los altibajos de los estados de ánimo en España, que mutan del triunfalismo al derrotismo. Se aferra, como siempre, a la Constitución, con las modificaciones que decida la nación. En las primeras líneas de su discurso de proclamación dejó claro que era el primer rey constitucional; lo lleva a gala, porque su padre accedió al trono tras la muerte de Franco, tres años antes de la aprobación de la Constitución de 1978 y él, por el contrario, celebró su mayoría de edad jurándola. A partir de ahí, tiene claro lo que puede y no puede hacer. Incluso en asuntos castrenses. No da titulares. Dribla preguntas comprometidas. Su mensaje es institucional, neutral, estabilizador y esperanzador: “Vamos a salir de esta”.

2020, el año más difícil

El curso 2020 ha sido el más difícil de sus complicados seis años de reinado. Doce meses en los que a la crisis del coronavirus se han sumado las continuas noticias sobre las actividades irregulares de su padre, con tres investigaciones abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Han sido seis años de constantes escándalos familiares: su hermana en el banquillo, su cuñado entrando y saliendo de prisión, su padre desaparecido en los Emiratos y realizando una regularización ante la Agencia Tributaria por importe de 678.393,72 euros con intereses y recargos —sobre la que la Casa del Rey no se pronuncia— tras conocerse la investigación en el Supremo del presunto uso de tarjetas de crédito con fondos opacos. A ello se han juntado los flecos de la crisis económica, el proceso secesionista catalán y sus réplicas judiciales y políticas, la repetición de unas elecciones, un laberinto de investiduras, la voladura del bipartidismo, un Gobierno de coalición (de cuyos socios uno es activamente republicano) y una pandemia global. Sin olvidar las misivas que le han enviado en los últimos tiempos algunos compañeros de armas, en las que apremiaban a su capitán general por la “aniquilación de la democracia” a manos del Gobierno de coalición, una práctica que rememora al golpismo de comienzos de la Transición. “Solo falta que nos caiga un asteroide encima”, bromea uno de sus colaboradores. Cuando se les pregunta a uno de ellos si la marcha de Juan Carlos I a Emiratos es un exilio, contesta de forma criptográfica: “No. Es un traslado; algo más que un viaje”.

Felipe de Borbón nunca imaginó que iba a acceder tan pronto a la jefatura del Estado. Estaba convencido de que el reinado de su padre iba para largo. Llegaría hasta la tumba. Juan Carlos I nunca pensó en abdicar. Así se lo aseguró al escritor José Luis de Vilallonga en 1993, durante la redacción de El Rey, una biografía autorizada: “Un rey, me dijo mi padre, nunca debe abdicar. No tiene derecho a hacerlo. Irse cuando las cosas se ponen difíciles está al alcance de cualquiera”. Y el propio Don Juan Carlos, en una entrevista televisiva con Jesús Hermida, aseguraba ante las cámaras en enero de 2013 que se encontraba “en buena forma, con energía y, sobre todo, con ilusión para seguir adelante”. Tenía 75 años. Sin embargo, solo ocho meses antes había sufrido un accidente durante una cacería en Botswana junto a su amante, Corinna Larsen. Aquel escándalo le conduciría al desastre.

Abdicar el 2 de junio de 2014 fue su forma de asumir responsabilidades políticas. Felipe de Borbón debía comenzar a poner al día la desgastada institución monárquica. Una enmienda a los usos de La Zarzuela de Juan Carlos I, que mantendría vitaliciamente y con carácter honorífico el título de Rey. Pero ya no era el Rey; no tenía honores de Rey; ya no era inviolable sino aforado, pasaba a cobrar la mitad de cuando era Rey y era postergado en el protocolo. Pasaba de ser el “patrón”, como le llamaban sus hijos, o el “jefe”, como le denominaban sus colaboradores, a contar con una mínima Secretaría formada por un jefe, un par de administrativos y tres ayudantes militares prestados por su hijo. Uno de ellos era Nicolás Murga, coronel del Ejército del Aire, investigado por pagar con tarjetas de crédito opacas gastos personales de don Juan Carlos y su familia. La Casa aclara que en 2017 el coronel Murga dejó de formar parte de la misma. Y que el emérito ya no cuenta con ayudantes.

La revolución impulsada por Felipe VI tenía por objetivo cambiar las normas de funcionamiento y actuación de la Casa. A través de una primera fase, ponía sus cuentas bajo la lupa de la Intervención General del Estado, y sus contrataciones bajo un severo código de adjudicación. De sus asuntos jurídicos (civiles y penales) se encargaría la Abogacía General del Estado (previo despido del abogado de su padre desde 1993, el Conde de Fontao). Un convenio del que está fuera don Juan Carlos, que ya cuando se enfrentó a la demanda de paternidad de la belga Ingrid Sartiau, a comienzos de 2015, tuvo que contratar al despacho de abogados Garrigues para representar sus intereses. Una actitud que ahora, en torno a sus litigios fiscales y sus asuntos privados con Corinna Larsen, ha vuelto a repetir contratando al abogado y exfiscal anticorrupción Javier Sánchez-Junco Mans como representante legal. Este abogado firmó el pasado día 9 el comunicado en el que daba cuenta de la regularización de la deuda fiscal de Juan Carlos de Borbón.

Para continuar la reforma de su maquinaria palaciega, sería la Secretaría de Estado de Comercio la que decidiera qué viajes debía hacer y qué empresarios debían acompañar en cada uno a Felipe VI. Concluida esta fase, se iniciaba la segunda, que se iba a centrar en el plano más doméstico, con la aprobación de un rígido código de conducta para los trabajadores de la Casa y una estricta normativa sobre los regalos que pueden recibir los miembros de la familia real (que ya no pueden aceptarlos más allá de la cortesía, como tampoco créditos en condiciones ventajosas, ni dinero). Se tomó también la decisión de que los miembros de la familia real (de la que el Rey había apartado a las infantas Elena y Cristina) no puedan estar a sueldo de empresas privadas ni públicas (como habían hecho hasta entonces, bajo el reinado de su padre, Elena y Cristina de Borbón en Mapfre y CaixaBank).

Los cimientos de La Zarzuela temblaban. Un año después de su coronación, Felipe VI revocaba “la atribución a Su Alteza Real la Infanta doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca”. Hizo “lo que estaba en su mano hacer”, explican en su entorno. La infanta no se había comportado de manera intachable. Fue una situación dramática. Igual que cuando retiró este año la asignación de 198.845 euros que don Juan Carlos recibía de los Presupuestos de la Casa, es decir, de los Presupuestos Generales del Estado. “Es lo que está en su mano. Actúa como Rey, no como hijo”, señalan las mismas fuentes.

Ruptura entre padre e hijo

Pero la ruptura entre padre e hijo llegó con el comunicado de la Casa del 15 de marzo de este año, que suponía la contraofensiva de la Corona en cuatro folios contra la ofensiva mediática de Corinna Larsen. A través de ese texto, Felipe VI se desvinculaba de las actividades de su padre (que afirmaba desconocer), renunciaba a su herencia (también en nombre de su hija) y colocaba al emérito fuera del paraguas administrativo y económico de la Casa. El comunicado concluía con esta confesión de don Juan Carlos: “Que de las dos Fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a S. M. el Rey”.

Era un movimiento clave en esa partida de ajedrez a través de la cual se han ido restando funciones y presencia al emérito tras su abdicación en 2014. Siempre bajo la supervisión de la Presidencia del Gobierno. “Lo que decide La Moncloa, va a misa en La Zarzuela”, explica un exmiembro de la Casa. Primero se apartó físicamente al emérito de la sede de la jefatura del Estado, en La Zarzuela, en 2014, y se le puso un despacho en el Palacio de Oriente que apenas usó. En 2018, ya no fue invitado al veraneo oficial de Mallorca. Y el 2 de junio de 2019 (semanas después de que Felipe VI compareciera ante notario para renunciar a su herencia), se le apartaba, a través de un escueto comunicado, de la “vida pública”. No volvería a encabezar ningún acto oficial. Seis días más tarde, un decreto del Ministerio de la Presidencia eliminaba la Secretaría del emérito del organigrama de La Zarzuela y a su jefe de Secretaría (el diplomático Alfonso Sanz Portolés). Más tarde llegaría el repudio económico y personal con el comunicado del 15 de marzo. Hoy, Juan Carlos de Borbón solo conserva un secretario privado y un equipo de escoltas, ya que, como explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: “Fue jefe de Estado y su seguridad concierne al Estado”. En cuanto a su domicilio habitual, al igual que para la reina Sofía (que nunca ha vivido en Londres, insisten en la Casa), sigue siendo el palacio de La Zarzuela.

La penúltima jugada en el tablero de la Monarquía se dio en agosto con la marcha de Juan Carlos de Borbón de España a Emiratos Árabes Unidos. Estuvo 15 días en paradero desconocido. ¿Sabía la Casa dónde estaba? ¿Por qué no dijeron nada? “Porque no teníamos la capacidad de decirlo, ya que era un desplazamiento privado. Y, además, la Casa no cubre nada de don Juan Carlos desde junio de 2019”, contestan. “Lo que tenga que decir lo hace a través de su abogado”.

La última pieza dentro de esta larga partida de ajedrez podría ser el título honorífico de rey que con “carácter vitalicio” se le otorgó tras su abdicación a través de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1368/1987, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes. Es el último honor que le queda a Juan Carlos I. Ser rey aunque no lo sea. Y podría ser derogado por acuerdo del Consejo de Ministros y la necesaria complicidad de La Zarzuela. De su futuro procesal puede depender ese movimiento final.

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