Podemos desafía al PSOE aliándose con ERC y Bildu por los desahucios

Unidas Podemos no afloja la presión sobre el Gobierno del que forma parte y este martes introdujo un nuevo factor de distorsión en esa complicada coalición al firmar y presentar en el Congreso con ERC y EH Bildu una enmienda conjunta al proyecto de presupuestos para 2021 que impida hasta 2023 los desahucios sobre las familias más vulnerables. Podemos no pactó previamente esa iniciativa con el PSOE, y de hecho desde ERC hasta reconocieron que ahora buscarán “doblegar y torcer la mano” a los socialistas. Fuentes de este partido apuntaron más tarde su disposición a escuchar y negociar incluso esa propuesta.

La relación entre el PSOE y Unidas Podemos en este inédito Gobierno de coalición está llena de sobresaltos. Los dos partidos insisten en afirmar públicamente que el funcionamiento del Ejecutivo marcha a diario mucho mejor de lo que parece. Reseñan que los dos líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, mantienen mucha conexión y un buen grado de confianza y razonan que las diferencias de criterio que se exponen periódicamente sobre diversos asuntos obedecen a la lógica novedad de ensamblar posiciones de dos partidos distintos.

La semana pasada, PSOE y Unidas Podemos, su socio de coalición, salvaron con holgura el trámite de rechazo a las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, sobre todo del PP y Vox, con hasta 198 apoyos. Y este martes, Podemos y PSOE registraron de forma conjunta varias enmiendas parciales a su propio proyecto, aunque en este caso más en el sentido de correcciones técnicas que de fondo.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, hasta compareció ante la prensa, algo inusual, para subrayar la importancia de los asuntos en discusión en la misma semana: como la convalidación de un decreto relacionado con la covid-19 sobre medidas sociales para proteger el desempleo y la cultura; la posible aprobación el jueves de la nueva ley de Educación o la reforma del Pacto de Toledo. “Una buena semana para el Parlamento, para la política y para España”, resumió.

A los pocos minutos, en la misma sala, se presentaron sin convocatoria previa el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, para presentar la enmienda contra los desahucios. La propia imagen del dirigente de En Comú Podem con los dos socios más preferentes en la negociación de los Presupuestos ya supuso una sorpresa. El contenido de la propuesta reveló a continuación otro capítulo más de las divergencias importantes entre los dos partidos en el Ejecutivo, que van desde lo económico o lo laboral hasta las relaciones internacionales de España.

Asens, sin embargo, defendió la necesidad de esa iniciativa sobre los desahucios ante la gravedad de esta segunda ola de la pandemia y para responder a las necesidades de las personas más vulnerables. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos admitió así que su idea era “expandir” e “ir más allá” de la moratoria de los desahucios aprobada el 31 de marzo pasado cuando se declaró el estado de alarma como consecuencia de la covid-19.

Los tres partidos firmantes persiguen ahora que esa prohibición de los desahucios se amplíe a todas las personas vulnerables al margen de que esa situación se hubiera provocado antes de la pandemia.

Jaume Asens reconoció su “malestar” porque sigan produciéndose desahucios y comentó que habían establecido algún contacto con el PSOE antes de registrar su enmienda. El dirigente de Podemos aseguró que el PSOE entendía que la hubiesen presentado y se mostró optimista sobre poder sumar a los socialistas en las próximas tres semanas en las que se negociarán al detalle los centenares de enmiendas parciales presentadas por todos los partidos: “Esperamos que durante el trámite parlamentario podamos lograr su concurso. Ahora no ha sido posible, pero el PSOE comparte la preocupación que tenemos”.

Desde el grupo socialista en el Congreso se precisó más tarde que mantienen su “disposición absoluta a sentarse y negociar” esa enmienda y otras de todos los partidos, incluido Ciudadanos, que hayan mostrado su interés por mejorar los Presupuestos y con una actitud de “escucha activa”. Pero también matizaron que el Presupuesto diseñado para 2021 había llegado al Congreso “muy cerrado” con Podemos internamente y que ahora lo que cabía esperar eran aportaciones de detalle, no de fondo.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, fue mucho más cauta y tras el Consejo de Ministros pidió a los partidos que no relacionen el debate presupuestario con los desahucios: “No debería mezclarse una cosa con la otra”. Agregó que el Gobierno en este tiempo ha dado “muestras de su compromiso” en materia de vivienda, mejorando la protección de los inquilinos, el tratamiento de las viviendas turísticas o el “muy ambicioso” plan de vivienda, centrado en la rehabilitación. Y recordó las medidas adoptadas contra los desahucios.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, aclaró que el objetivo ahora no es solo proteger a las familias que se han quedado más desprotegidas en la pandemia, sino “frenar los desahucios sin alternativa habitacional” hasta el 31 de diciembre de 2022 y evitar que se les corten a esas familias suministros tan básicos como la electricidad, el gas natural o el agua.

Gabriel Rufián, de ERC, fue el más explícito al subrayar la ausencia en la sala este martes en el Congreso del partido al que iban dirigidos todos los mensajes: “Aquí falta un actor político importantísimo, espero que de momento, el PSOE, a los que tanto se les llena la boca de hablar de los Presupuestos más sociales de la historia de la humanidad y las tablas de Moisés, que lo pueden ser. Hay que pedirles una sensibilidad social más alta. Estaría bien que el PSOE estuviera y nosotros vamos a usar la fuerza parlamentaria para hacer que pasen cosas, para doblegar y torcer el brazo al PSOE”.

Predisposición al acuerdo con Bildu

“No hay acuerdo con ninguna fuerza política, de momento, pero vamos a hablar con todos los que tengan en el Congreso voluntad de dialogar”. Adriana Lastra, la portavoz del PSOE, repitió este martes el mensaje cuatro veces cuando se le preguntó si había algún pacto cerrado con EH Bildu, como apuntó el vicepresidente Pablo Iglesias cuando se conoció la disposición a respaldar los Presupuestos del líder abertzale Arnaldo Otegi. Tras una semana de polémica, el propio presidente, Pedro Sánchez, evitó este martes en el Senado entrar en ese asunto ante las invectivas del portavoz del PP, Javier Maroto. El presidente de Unidas Podemos, Jaume Asens, precisó que por ahora hay “predisposición” a llegar a un acuerdo “pero nada firmado” y alabó la “generosidad” de Bildu.

Las enmiendas protesta de Rufián

Gabriel Rufián estructuró, por otra parte, este martes el reparto de las 320 enmiendas parciales de ERC a los Presupuestos del Estado para 2021 en dos grupos: “enmiendas propuesta y enmiendas protesta”. Rufián reconoció que son un “clásico” del partido independentista republicano, como las que requieren la eliminación de todas las partidas previstas en las cuentas para la Casa del Rey, que consideran “corrupta y opaca”. Rufián informó así de que ERC había registrado cinco grandes enmiendas clásicas de su formación para exigir la eliminación de los presupuestos para la Monarquía y que en el documento enviado se incrementan en 500.000 euros para las que denominó “corruptelas” del rey Juan Carlos I. ERC también dejaría sin recursos económicos del Estado al Tribunal Constitucional, por ser un “órgano politizado y alineado con los postulados más conservadores y reaccionarios” del país; al Tribunal de Cuentas, que ve como otro instrumento más de “represión” por obligar a pagar las fianzas a los procesados por el referéndum ilegal del 1-O de 2017; los siete millones previstos para fondos reservados y, finalmente, los 10.000 asignados por el Ministerio de Defensa para “tanques y balas”.

En el paquete de las menos teóricas e inalcanzables ahora, Rufián propuso para ERC y el Gobierno catalán un trato bilateral en la negociación como el que el Ejecutivo central dispensa en paralelo al PNV y al Gobierno vasco. Y se alineó con otras fuerzas de izquierdas, como Más País, al demandar impuestos más elevados para las rentas más altas y de capital, pero también para los juegos online o más recursos para la sanidad y la dependencia. Más País y Equo querrían implantar la tasa Tobin para grabar las transacciones financieras y, sobre todo, medidas para favorecer la economía verde, combatir el cambio climático y otras como la sustitución de los vuelos peninsulares donde haya alternativa de transportes terrestres (incluso con trenes nocturnos) y, como otras formaciones, más ayudas y recursos para la sanidad y la atención primaria. Más País también congelaría las partidas para la Casa del Rey.

Las 48 enmiendas de Compromís y sus partidos satélite van dirigidas a mejorar infraestructuras territoriales, pero también se dedica alguna a reducir el IVA para instrumentos musicales. En la Comunidad valenciana hay 557 sociedades musicales y más de 40.000 músicos. La enmienda más relevante del BNG es la que exige 200 millones para la intervención pública de la empresa Alcoa. JuntsxCat reclamó más fondos (240 millones) para combatir localmente la covid-19, 700 millones para autónomos y pymes, 3.649 para la deuda en dependencia y 350 para la red de cercanías.

Las 85 enmiendas del PNV se centran en eliminar la subida prevista para el diesel (que podría perjudicar a dos millones de usuarios) y ayudas para proteger la industria, como el plan Renove para la Máquina Herramienta. Vox renunció al “juego de Tetris” de las enmiendas y anunció a cambio que presentará vídeos reivindicativos con sus quejas. El PP registró 1.500 enmiendas parciales y territoriales en línea a su presupuesto alternativo que fue derrotado la semana pasada.