715 muertos en las tres semanas que llevaron al cierre de Madrid por decreto

Madrid está desde este viernes en estado de alarma porque el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico no acaban de entenderse sobre las medidas para frenar los efectos de la pandemia. Mientras tanto, las cifras alertan de la especial situación de gravedad, sin comparación posible con ninguna otra capital europea. En los últimos 20 días, desde que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) tomó las primeras medidas de confinamiento por áreas básicas de salud (850.000 personas afectadas) se han producido en los hospitales madrileños 715 muertos por la covid-19 y se han contagiado al menos 61.000 personas. Las camas de las unidades de cuidados intensivos se han llenado de enfermos por coronavirus (500 de media en la última semana) y los pacientes en planta han bajado en los últimos días de los 3.000.

Frente a esta situación, la más grave de toda Europa, el Gobierno madrileño entiende que basta con un confinamiento parcial de determinadas zonas de Madrid mientras el Gobierno central sostiene que la medida más adecuada es la del confinamiento total de aquellos municipios con más de 100.000 habitantes, un índice de ocupación de sus UCI superior al 35% y un índice de positividad en sus controles por PCR superiores al 10%.

La inseguridad jurídica provocada por distintos pronunciamientos de tribunales sobre medidas tomadas por los gobiernos autonómicos, y el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la orden del Ministerio de Sanidad, ha llevado al Gobierno central a tomar la medida legal más extrema: la declaración del estado de alarma en Madrid. La diferencia para la vida de las personas respecto a las medidas ya vigentes antes en Madrid y otros grandes municipios de esta Comunidad es mínima.

El Consejo de Ministros extraordinario declaró este viernes el estado de alarma en la Comunidad de Madrid durante 15 días, el máximo que permite al Gobierno la Constitución, lo que ―tras la publicación en el BOE en torno a las 16.45― ha hecho posible cerrar la capital. El confinamiento perimetral fue en la práctica la única de las medidas restrictivas que fue tumbada el pasado jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por afectar a derechos fundamentales, tras la petición de ratificación judicial de la Comunidad. La medida de confinamiento perimetral municipal con múltiples excepciones rescatada por el estado de alarma es la misma que rechazó ratificar el TSJM, solo cambia el marco jurídico que las ampara. El resto de restricciones, de aforo y horarios, principalmente, se mantienen como estaban. “Las mismas, ni una más ni una menos”, señaló el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El estado de alarma supone el confinamiento perimetral de Madrid y otras ocho ciudades de la Comunidad: Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Solo sale de esta lista Alcalá de Henares, cuyas cifras han mejorado. Hasta 7.000 policías desplegados en una operación especial controlan el cierre de la capital, con la posibilidad de imponer multas por el incumplimiento de las normas. Después de estas dos semanas, cualquier prórroga del estado de alarma tendría que aprobarla el Congreso, pero Illa cree que bastará con estos 15 días. El ministro de Sanidad no admite errores del Gobierno. “La estrategia jurídica del Gobierno va dando resultados”, ha insistido, a la vez que ha defendido la gestión del Ejecutivo de toda la crisis.

El presidente, Pedro Sánchez, habló con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras se estaba celebrando el Consejo de Ministros para comunicarle la decisión. Ella, que ya había recibido un ultimátum la noche anterior, le pidió más tiempo pero ya era tarde. El presidente le confirmó que la reunión ministerial estaba aprobando la declaración del estado de alarma. Sánchez le dijo a la presidenta madrileña que le había dado tiempo suficiente para evitar esta medida, incluso decidió retrasar la reunión del Gabinete de las 8.30, la primera convocatoria, a las 12.00 para dar margen al Ejecutivo regional a contestar. Pero la reunión extraordinaria del Consejo había comenzado ya y Ayuso no había llamado. Fue la vicepresidenta Carmen Calvo quien telefoneó al vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, poco antes de empezar la reunión de los ministros del Gobierno para preguntarle por qué no llamaba Ayuso. Poco después la presidenta marcó el teléfono, pero ya sin margen de maniobra. Sánchez le pidió que apoye el estado de alarma, pero Ayuso lo rechazó. “La declaración del estado de alarma en Madrid era evitable. Había alternativas. Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos. Mis disculpas por ello”, ha señaló el vicepresidente Ignacio Aguado en Twitter.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, culpó de la decisión al Gobierno del PP en la Comunidad: "La presidenta de Madrid ha decidido no hacer nada. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La obligación de este Gobierno y cualquiera con alma es frenar al virus aunque suponga sacrificios. “En París con menos incidencia han cerrado los bares 15 días”, apuntó el ministro. “En política, el 99% es discutible. Pero el 1% es indiscutible. Y que hay que proteger la salud y que en Madrid hay transmisión comunitaria es indiscutible. La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver”, insiste.

La urgencia era absoluta, porque el viernes comenzó el puente del 12 de octubre y el Gobierno quería evitar que miles de madrileños aprovechasen el vacío legal para salir de la capital camino de la costa o de las zonas de descanso.