23 días de desencuentros por la gestión de la pandemia que han llevado al estado de alarma en Madrid

La declaración del estado de alarma para la Comunidad de Madrid, aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, supone un episodio más de la sucesión de desencuentros entre el Gobierno y el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso. La falta de acuerdo entre ambas Administraciones a la hora de decidir la estrategia para abordar la segunda ola de la pandemia ha desembocado en un choque de trenes que se venía previendo desde hace al menos tres semanas.

-17 de septiembre, 32 fallecidos por covid-19 en la región: El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, solicitó “ayuda” al Gobierno y reconoció que la situación en Madrid estaba “empeorando”. Por la tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó una reunión a Díaz Ayuso, que la presidenta aceptó y que quedó concertada para el lunes día 21.

-19 de septiembre, 43 fallecidos: la presidenta de la Comunidad anunció restricciones a la movilidad en 37 zonas sanitarias (877.000 personas), el cierre de los parques y jardines y la limitación de las reuniones a seis personas. Las críticas a su decisión no se hicieron esperar y al día siguiente se convocaron protestas en varias de las zonas confinadas secundadas por Unidas Podemos, el socio de Gobierno de Pedro Sánchez, que consideraba las medidas de Ayuso “confinamientos segregados y clasistas”, por afectar fundamentalmente a barrios obreros. Ese día se produjeron 31 fallecidos en la región, 12 menos que el día anterior.

-21 de septiembre, 33 fallecidos: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, y dio su apoyo a las medidas de la presidenta madrileña, queriendo escenificar un consenso que pocos días después demostraría ser solo un espejismo.

- 22 de septiembre, 36 fallecidos: el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendó a los madrileños restringir al máximo la movilidad.

- 24 de septiembre, 41 fallecidos: el ministro pide a la presidenta actuar con “determinación” para controlar la pandemia y avisa de que se acercan “semanas duras” en Madrid.

- 25 de septiembre, 25 fallecidos: el choque de trenes entre ambas Administraciones comienza a evidenciarse. La Comunidad de Madrid anuncia la ampliación de las restricciones a ocho zonas de salud más y, en una rueda de prensa paralela, el ministro Illa reconoce que había solicitado al Ejecutivo madrileño confinar todas aquellas zonas con una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero la Comunidad se negó a asumirlo. Durante ese fin de semana la posibilidad de una intervención del Gobierno central en Madrid comenzó a hacerse cada vez más plausible y se produjeron en vano intentos de diálogo para tratar de reconducir la situación.

- 28 de septiembre, 44 fallecidos: 13 más que el día anterior, Illa pidió a Ayuso que se dejase “ayudar”, aunque la jornada finalizó sin acuerdo.

- 29 de septiembre, 42 fallecidos: con dos fallecidos menos que la jornada anterior, se produjo la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que pareció rebajar la tensión entre ambas Administraciones, al aceptar el Gobierno la solicitud de Madrid de que los criterios que pretendía aplicar Sanidad se aplicaran a todas las comunidades autónomas. Pero, de nuevo, la calma duró poco.

- 30 de septiembre, 49 fallecidos: Madrid se negó a aceptar los baremos de Sanidad e Illa anunció que la decisión del Consejo Interterritorial se publicaría en el BOE. El Gobierno madrileño consideró que el borrador no era “jurídicamente válido” y amenazó con ir a los tribunales.

- 1 de octubre, 22 fallecidos: el BOE publicó la orden de Sanidad de confinar Madrid y otros 11 municipios de la región, derogándose las restricciones por zonas de salud que había implementado la Comunidad. Con todo, la posibilidad de multar a quienes se saltaran las restricciones a la movilidad quedó suspendida hasta que se pronunciase el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

- 8 de octubre, 39 fallecidos: el TSJM tumbó el cierre de Madrid alegando que se veían afectados “los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”. La decisión contrasta con la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que ha ratificado el cierre de León, Palencia y San Andrés del Rabanedo. En el caso castellanoleonés la orden de la Junta se dicta al amparo de la Ley 16/2003 y de la Ley 3/1986, al existir un Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la pandemia que se aprobó bajo esta última ley. En el caso de Madrid la orden solo se dictó en base a la ley de 2003, que, según el tribunal, no permite limitar derechos fundamentales

- 9 de octubre: Ante la decisión del TSJM y la cercanía del puente del 12 de octubre, Pedro Sánchez da un ultimátum a Isabel Díaz Ayuso para que tome las medidas que pudiesen evitar la aplicación de un estado de alarma regional. El plazo se cumplió sin respuesta y el Consejo de Ministros Extraordinario de este viernes ha aprobado una medida excepcional que se extenderá, al menos, los próximos 15 días.