Sanidad y Madrid abren una vía hacia el confinamiento de la capital
El acuerdo entre Sanidad y la Comunidad prevé criterios comunes para decretar el cierre de urbes españolas de más de 100.000 habitantes con los casos disparados y presión en las UCI
El pulso abierto en los últimos días entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, que llegó a amenazar con intervenir sanitariamente la región ante las reticencias de esta a endurecer las restricciones sociales frente al coronavirus, ha terminado en tablas. Sanidad ha logrado este martes, como exigía desde el pasado viernes, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acepte someterse a las condiciones que sus técnicos exigían, la más importante de las cuales era extender a todas las zonas básicas de salud que superen los 500 casos por 100.000 habitantes en los 14 días anteriores las restricciones ya impuestas a 45 zonas que ahora superan el millar de casos. Esto, en la práctica, significa extender las limitaciones de movilidad y de reunión a la capital y a 233 zonas básicas de salud de la región. Supondría el confinamiento de Madrid y otras nueve ciudades de la región. “Pero aún queda mucho por negociar”, sostienen fuentes que han estado presentes en la reunión.
La comunidad, por su parte, ha logrado que Sanidad acepte que los criterios que se pretenden aplicar a Madrid sean comunes para toda España y que a partir de ahora cualquier ciudad pase a ser confinada también en caso de cumplirlos. Esta era una de las principales peticiones del Gobierno de Ayuso. El PP denunciaba que la inexistencia de estos criterios permitía al Gobierno castigar a Madrid por razones políticas. Sanidad alegaba, por su parte, que las grandes diferencias existentes entre comunidades y ciudades en España no hacía aconsejable imponer un criterio común y que era preferible otro más flexible que permitiera ir tomando las decisiones según las circunstancias.
El acuerdo se alcanzó este martes por la tarde en una reunión convocada entre Sanidad y Madrid para tratar de cerrar las hostilidades. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció tras el fin del encuentro para anunciar “una acción coordinada de salud pública” que este miércoles tendrá que ser consensuada por el ministerio y las comunidades en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad.
El punto más importante del acuerdo consiste en que los municipios de más de 100.000 habitantes de toda España deberán “imponer medidas de limitación de la movilidad, contactos sociales y aforos” en eventos cuando cumplan tres criterios, según ha detallado Illa. El primero de ellos es que la incidencia a 14 días supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes. El segundo, que la “positividad” de las pruebas PCR en la ciudad supere el 10%. Este indicador mide qué porcentaje del total de las pruebas diagnósticas realizadas en una zona —excluyendo los cribajes masivos— tiene un resultado positivo. El tercer y último criterio es que “el 35% de las camas UCI” de la comunidad estén ocupadas por pacientes infectados por el coronavirus. En estos momentos, la mayor ciudad que cumple estos criterios en España es Madrid y otras nueve de la región —Parla, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares—.
¿Significa eso que la capital de España será confinada en los próximos días? “Aún queda mucho por negociar”, han insistido fuentes del más alto nivel la región. “No tenemos ninguna información al respecto”, han añadido fuentes del entorno del alcalde, José Luis Martínez Almeida. La región cuenta ahora con 45 zonas sanitarias básicas restringidas desde el pasado viernes. Sanidad no ofreció anoche más detalles y se remitió a la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial.
La Comunidad de Madrid, reacia hasta el último momento a aplicar las medidas de Sanidad, sigue insistiendo en que sus medidas funcionan. “Los datos están ahí e intervenir la región con estos números…”, subrayan fuentes de la Puerta del Sol. La región determinaba hasta ahora las nuevas normas sanitarias para los madrileños cada viernes, y registró este martes 2.917 positivos y 478 ingresados en la UCI, según la Consejería de Sanidad
Las medidas actuales en Madrid afectan a casi un millón de personas. Las entradas y salidas quedan restringidas salvo para acudir a trabajar, a centros sanitarios o educativos, entidades financieras, citaciones judiciales o notariales, renovación de documentos, exámenes, retorno a casa, cuidados de mayores y personas dependientes o motivo de causa mayor. También está prohibido el acceso a parques y jardines. Los comercios deben echar la persiana a las diez de la noche. Y en la hostelería los aforos, tanto en el exterior como en el interior, quedan restringidos al 50%, estando prohibido el consumo en barra. Además, en el conjunto de la comunidad han quedado prohibidas las reuniones, privadas o en la calle, de más de seis personas salvo los convivientes y el ámbito laboral o institucional.
Sanidad se remite a la reunión del Consejo Interterritorial
La reunión, que ha acabado con acuerdo, ha comenzado a las seis de la tarde en el edificio de la Vicepresidencia del Gobierno de Madrid, la casa de Ignacio Aguado, de Ciudadanos, que cogobierna la comunidad con el PP, y ha terminado pasadas las dos horas. El líder de Ciudadanos en la región se distanció en los últimos días de la batalla mediática entre La Moncloa y la Puerta de Sol. Anoche se anotó un tanto político con este acuerdo. Algunas voces dentro de los populares empezaron a sugerir tímidamente en privado a principios de semana que se deberían aplicar más medidas para doblegar la curva de contagios en la región. “Nosotros no lo descartamos”, insistieron anoche en el entorno de Díaz Ayuso; “pero vamos a ir paso a paso. No se puede cerrar Madrid. Eso sería lo más fácil. Hay que conjugar el equilibrio entre la economía y la salud”, responden en la Puerta del Sol.
Estado de alarma
El consejero de Justicia, Enrique López, cada vez más activo en las redes sociales y en los medios, ha insistido en que no se puede pedir la declaración del estado de alarma con los informes que baraja estos días la Comunidad. “No se dan las circunstancias graves. Desterremos la palabra confinamiento”. Mientras tanto, la presidenta Ayuso, sigue inamovible. “Para mí la solución es localizar al 1% que va contagiando y que el 99% de la gente siga con su vida”, dijo el pasado lunes. “La gente mayor necesita pasear. A mucha gente la pandemia le ha dejado deprimida. Confinar es muy fácil. Estamos obligados a buscar los métodos más creativos”. Tras el acuerdo, Ayuso ha guardado silencio.
La crisis de Madrid ha vuelto a cristalizar la flaqueza del arsenal jurídico para responder a la pandemia. “Hay un vacío legal. La Ley General de Salud Pública no está hecha para una pandemia de estas características”, zanja Elviro Aranda, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid.
A propósito de la situación de Madrid, los expertos consultados coinciden en que el Gobierno tendría margen de maniobra para tomar algunas medidas de salud pública y participar más de la gestión directa de la pandemia al amparo de la Ley General de Salud Pública. “Si la comunidad no adopta decisiones sobre actividades, personas individuales o grupos de personas, esta ley permite que lo haga el Gobierno central. Pero si se quieren imponer restricciones al movimiento, como cerrar Madrid, requeriría el estado de alarma”, valora Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. En cualquier caso, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, coinciden los expertos, es desproporcionada y “difícil, cuando no imposible de aplicar porque requiere que haya un incumplimiento de las obligaciones del gobierno de la comunidad”, agrega López Basaguren.
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