Cinco pactos de Estado y cuatro reformas legales entre las casi 300 medidas propuestas en la comisión de reconstrucción

La comisión para la reconstrucción económica y social por la crisis provacada por la covid-19 que se constituyó en el Congreso el pasado 7 de mayo se fijó el empeño de llegar a una serie de conclusiones en dos meses de trabajo, tras 42 reuniones de su plenario y los cuatro grupos en los que se dividió. Han comparecido en ella casi 150 expertos, técnicos y altos cargo y se han registrado casi 1.000 enmiendas y 1.000 aportaciones de la sociedad civil en el buzón abierto. En los tres documentos respaldados por la votación mayoritaria de la Cámara había 270 propuestas más o menos concretas y en su desarrollo teórico se requiere al Gobierno cinco pactos de Estado, 10 planes especiales y la redacción o reforma de cuatro leyes.

Sanidad y salud pública

Estos documentos recabaron 256 votos a favor, 88 en contra y tres abstenciones. Y en sus conclusiones empiezan por promover un pacto social y político por la sanidad pública “como símbolo de la solidaridad colectiva”. Dicho pacto debería basarse en el sistema nacional de salud recogido en la Constitución y en las leyes sanitarias que lo regulan. Propone abordar, en coordinación con las comunidades autónomas, un proceso de transformación y modernización del modelo para los próximos 20 años.

La comisión propugna actualizar la legislación sanitaria con un calendario de reformas legislativas “para afrontar un posible rebrote de la pandemia de la covid-19 y cualquier otro tipo de epidemia o catástrofe y para mejorar las condiciones de trabajo y de contratación de los profesionales” del sistema de salud que acabe con la temporalidad estructural actual.

Una de las propuestas es poner en marcha un plan de recursos humanos que fomente la estabilidad en el empleo y la mejora de la retribución. Otra, impulsar políticas de planificación y desarrollo profesional y formativo para aumentar el número de plazas especializadas en los territorios que así lo requieran.

Igualmente se defiende mejorar la atención comunitaria, la eficacia en la vigilancia epidemiológica e impulsar la enfermería comunitaria. Los partidos reclaman desarrollar una ley de salud pública que haga frente a los déficits de vigilancia epidemiológica, mejorar el plan de emergencias, aumentar la presencia internacional, desarrollar un sistema avanzado de información y una estrategia nacional de transformación digital y un plan de digitalización sanitaria en atención primaria y comunitaria.

El Congreso requiere al Gobierno más atención y coordinación entre los sistemas sociales y los sanitarios, especialmente para los colectivos de alto riesgo, como las residencias de mayores.

Los diputados también inciden en la necesidad de adoptar las medidas estratégicas que garanticen el suministro de material sanitario y llaman a la colaboración del sector privado a este respecto.

Reactivación económica

En lo que se refiere a las medidas de reactivación económica, los grupos han pactado una de cada tres enmiendas presentadas.

Las conclusiones de este capítulo se reparten en 10 bloques más bien teóricos. El primero señala al modelo productivo, a la industria, al sector primario, la economía social y las pymes, y destaca su apoyo a las medidas de choque para paliar los efectos del coronavirus sin dejar a nadie atrás y, sobre todo, un “cambio hacia un patrón de crecimiento sostenible e inclusivo”. Se apuesta por un pacto de Estado por la industria coherente con los objetivos de desarrollo sostenible y por una diversificación económica del medio rural para frenar la despoblación.

En lo referente a las medias para impulsar la transición ecológica, se cita un plan de recuperación alineado con el pacto verde europeo, el marco estratégico de energía y clima y las estrategias para mejorar el aprovechamiento del agua. Encuentra aquí también encaje el plan de rehabilitación de edificios y eficiencia energética.

En materia laboral, los diputados piden ahondar en la protección del empleo con diálogo social como se ha hecho en estos meses con los ERTE, en la lucha contra la precariedad, los abusos laborales (falsos autónomos) y la excesiva temporalidad. También demandan un pacto social por la racionalización de horarios y la igualdad de género real. Así como un refuerzo de la formación profesional dual, la formación continua y la adaptación con un plan de conectividad al nuevo entorno digital y las nuevas tecnologías que permita la conexión a internet ultrarrápida en todo el territorio en 2025.

En cuanto a la polémica fiscalidad, la mayoría del Parlamento requiere una reforma tributaria para mejorar los ingresos “con criterios de progresividad y equidad”, avanzar en fiscalidad ecológica y eliminar la actual brecha en capacidad fiscal con respecto a la media europea. Sobre el gasto se propugna implantar medidas de evaluación de las políticas públicas.

La Cámara baja traslada al Gobierno que se debería llegar a un pacto por la ciencia y la innovación, también en materia sanitaria, dar más poder al ICO como herramienta pública de financiación y liquidez a las empresas y apostar por la internacionalización en política comercial. También señala la necesidad de establecer planes de apoyo a la automoción, el turismo y la hostelería, un pacto de Estado por la cultura y una nueva ley del deporte.

Unión Europea

Los diputados consideran relevante desarrollar el pilar social de la UE. En este contexto, señalan la necesidad de medidas que estimulen el empleo juvenil, refuercen el seguro de desempleo europeo, apoyen el salario mínimo interprofesional europeo y establezcan una estrategia que combata la pobreza y busque la igualdad de género.

El texto defiende la libre circulación con garantías de seguridad en las fronteras internas y externas del espacio Schengen, la eliminación de barreras al libre comercio, que se garanticen la política agraria y pesquera común, se culmine la Unión Económica y Monetaria con el sistema europeo de seguros de depósitos y se completen la unión bancaria, el sistema europeo de seguro de desempleo y la armonización de tributos como el impuesto de sociedades “con el objetivo de preservar el mercado interior eliminando las distorsiones producidas por algunos Estados miembros”. En ese sentido, y ahora en pleno debate sobre la fiscalidad más laxa de algunos países o la tasa Google, el Congreso entiende que la lucha contra los paraísos fiscales y jurisdiccionales que practiquen elusión y el dumping fiscal debería ser una prioridad en la UE.

Los diputados concluyen que la pandemia ha puesto de manifiesto la falta de competencias ejecutivas y presupuestarias de la Comisión Europea y que, por tanto, ahora sería imprescindible dar pasos hacia la unión sanitaria mediante la reforma de tratados o con la cooperación reforzada, así como dotar de mayor operatividad a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y al Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) para realizar pruebas de estrés a los sistemas sanitarios nacionales, fijar metodologías para recopilar y tratar datos de forma homogénea y emitir recomendaciones.