El Supremo pide opinión a la Fiscalía sobre 51 querellas y denuncias contra el Gobierno por la gestión de la crisis de la covid-19

El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que dé su opinión sobre 51 denuncias y querellas presentadas desde la declaración del estado de alarma contra miembros del Gobierno por la crisis del coronavirus. Según la información difundida este jueves por la Sala de lo Penal, hasta el momento se han tramitado 36 denuncias (que señalan hechos presuntamente delictivos) y 15 querellas (dirigidas contra miembros por una conducta supuestamente criminal). Una vez que el fiscal informe, el tribunal decidirá sobre cada una de ellas.

La sala le ha pedido al ministerio público que se pronuncie tanto sobre la competencia, como sobre el fondo de las denuncias y las querellas y sobre la posibilidad de acumular algunas de ellas que se centran en los mismos hechos. Desde que el pasado 14 de marzo se declaró el estado de alarma el Supremo ha registrado un goteo de denuncias contra el Gobierno formuladas por partidos (sobre todo Vox), sindicatos y asociaciones profesionales, de consumidores o de abogados a título particular, pero también de familiares de víctimas de la covid-19.

Hasta ahora el tribunal no había movido ficha y se ha dedicado a revisar y organizar las denuncias y las querellas que iban llegando. En el caso de las querellas presentadas por asociaciones, el tribunal ha pedido como hace siempre una fianza (habitualmente de 12.000 euros) para poder seguir adelante con la acusación. Entre los miembros del Ejecutivo señalados están el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero hay también algunas que apuntan a otros ministros o a altos cargos como el director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Las denuncias ponen el foco en distintos hechos y decisiones del Gobierno, desde la supuesta tardanza en actuar para declarar el estado de alerta, a si el Ejecutivo ha aplicado de forma correcta esta figura, la decisión de no suspender manifestaciones en los primeros días de marzo (como la marcha feminista del 8-M) o la falta de equipos y material de protección frente al virus para profesionales de distintos sectores, especialmente el sanitario.

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