La ‘ley mordaza’, más utilizada que nunca al cumplir cinco años
Interior impone en 75 días del estado de alarma cerca de 1,1 millones de multas, un 42% más que en los tres primeros años y medio de la norma
![Óscar López-Fonseca](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fa4800d1a-9d33-4428-8a37-1482d2965d79.png?auth=01d56f0529fe3bf700ead848aa19887639bea38bba9f3004f9d4835234100274&width=100&height=100&smart=true)
En la moción de censura que le llevó a La Moncloa en 2018, Pedro Sánchez calificó de “urgente” la reforma de la ley de seguridad ciudadana, pero la conocida como ley mordaza cumplirá el próximo miércoles cinco años sin cambios y siendo más utilizada que nunca, después de servir en los primeros 75 días del confinamiento para proponer 1.089.917 multas. Esta cifra supone un incremento del 42% sobre el total de sanciones de los primeros tres años y medio de la norma. El ministro Fernando Grande-Marlaska ya anunció que la derogación de la ley no supondrá eliminar el artículo más usado en el estado de alarma.
Dos adelantos electorales, una legislatura fallida y la crisis sanitaria mantienen viva una ley de la que varias veces se ha anunciado su fin. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la sacara adelante en 2015 gracias a la mayoría absoluta que tenía entonces en el Congreso, varios han sido los intentos para derogarla o, al menos, reformar sus aspectos considerados más lesivos. En aquel momento, los partidos en la oposición, con el PSOE a la cabeza, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra numerosos preceptos de la ley en línea con la contestación social que generó por el recorte en los derechos fundamentales que suponía.
Sin embargo, el alto tribunal aún no se ha pronunciado, entre otros motivos por las dificultades para que los magistrados del sector progresista y los del conservador alcancen un acuerdo para un fallo por unanimidad en los puntos más polémicos de la norma. Tampoco hay consenso en el Tribunal Constitucional sobre cómo adaptar su decisión a la sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó en febrero pasado y en la que avalaba las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, una figura que el Ejecutivo de Rajoy había legalizado precisamente con la inclusión de una disposición adicional en la ley mordaza.
El ámbito judicial no es el único en el que ha habido obstáculos. Tras la moción de censura, los grupos parlamentarios aceleraron los trabajos en el Congreso para llegar a una reforma consensuada. En noviembre de 2018 se comenzó a estudiar a partir de un texto elaborado por el PNV, al que el resto de grupos presentaron más de 200 enmiendas. En las tres reuniones de la ponencia, los partidos consiguieron alcanzar un principio de acuerdo. Sin embargo, la disolución anticipada de las Cortes que desembocó en las elecciones del 28 de abril del año siguiente impidió plasmarlo en una reforma.
El resultado electoral de aquella cita, que obligó a convocar nuevos comicios en noviembre siguiente, ha llevado la posible reforma hasta la actual legislatura. El acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos incluía el compromiso de aprobar una nueva norma para sustituir a la ley mordaza. Pese a ello, la crisis sanitaria no solo ha postergado la derogación, sino que ha revitalizado una norma al convertirla en el pilar esencial utilizado por el Ministerio del Interior para sancionar a los que burlaban el confinamiento. Entre el 14 de marzo, día que se decretó el estado de alarma, y el 1 de junio —último día con estadísticas oficiales que recojan datos de todos los cuerpos policiales— las propuestas de multas fueron 1.089.197. Una cifra que supone un incremento del 42% respecto a las 765.416 que se impusieron entre 2015 y 2018.
![](https://elpais.com/infografias/2020/06/sancion/comunidades/comunidades-movil.jpg?v=1872)
Propuestas de sanción
formuladas por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad
Por incumplimiento del Estado de Alarma.
Datos hasta el 31 de mayo.
100.000
200.000
0
187.084
Andalucía
Madrid
Com. Valenciana
Cataluña
Canarias
Castilla y León
Castilla-La Man.
Galicia
Murcia
Aragón
País Vasco
Extremadura
Baleares
Asturias
Cantabria
Navarra
La Rioja
Ceuta
Melilla
175.863
161.294
145.787
60.455
52.217
45.355
43.409
39.258
30.926
29.116
27.200
23.255
19.188
13.089
13.031
10.057
8.542
4.071
Número total de sanciones en España:
1.089.197
Por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Cuerpo
Nacional
de Policía
Guardia Civil
Autonómica
y
Local
280.918
313.570
494.709
Fuente: Ministerio del Interior.
EL PAÍS
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Propuestas de sanción
formuladas por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad
Por incumplimiento del Estado de Alarma.
Datos hasta el 31 de mayo.
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19.188
13.089
13.031
10.057
8.542
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Número total de sanciones en España:
1.089.197
Por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Cuerpo
Nacional
de Policía
Guardia Civil
Autonómica
y
Local
280.918
313.570
494.709
Fuente: Ministerio del Interior.
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Propuestas de sanción formuladas por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad
Por incumplimiento del Estado de Alarma. Datos hasta el 31 de mayo.
100.000
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Andalucía
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Com. Valenciana
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Castilla y León
Castilla-La Mancha
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La Rioja
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Melilla
187.084
175.863
161.294
145.787
60.455
52.217
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43.409
39.258
30.926
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27.200
23.255
19.188
13.089
13.031
10.057
8.542
4.071
Número total de sanciones en España: 1.089.197
Por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Cuerpo
Nacional de
Policía
Guardia Civil
Autonómica
y
Local
280.918
313.570
494.709
Fuente: Ministerio del Interior.
EL PAÍS
El elevado número de denuncias ha provocado numerosas quejas, incluso desde Unidas Podemos, socio de gobierno. El Defensor del Pueblo lleva años urgiendo en sus informes a los partidos políticos a culminar la reforma de la ley. Amnistía Internacional, que entregará este martes 142.000 firmas en el Congreso para reclamar su derogación, asegura que el 70% de las sanciones impuestas bajo la norma entre 2015 y 2018 eran en aplicación de dos únicos artículos, entre ellos el 36.6, el utilizado durante el estado de alarma. En su comparecencia en el Congreso del pasado 23 de abril, Fernando Grande-Marlaska reiteró el compromiso del Gobierno de derogar la ley mordaza, aunque también advirtió de que “hay artículos que siempre tendrán que estar en la próxima ley”, en referencia, precisamente, al artículo 36.6, que permite sancionar por falta grave —de 601 a 30.000 euros— las desobediencias a las fuerzas de seguridad.
Guardia Civil y Policía, activas en Cataluña
De los cerca de 1,1 millones de propuestas de sanción de las diferentes policías al amparo de la ley mordaza durante los primeros 75 días del estado de alarma, más de la mitad fueron hechas por la Policía Nacional (280.918) y la Guardia Civil (313.570). Las 494.709 restantes las impusieron policías locales y autonómicas, según una respuesta del Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. En Andalucía y Madrid es donde los dos cuerpos estatales impusieron mayor número, con 155.467 y 73.554 respectivamente, a las que se suman 31.617 y 102.309 de las policías locales. Sin embargo, llama la atención las cifras de Cataluña, donde los dos cuerpos dependientes de Interior impusieron 4.405 multas, con especial incidencia en Barcelona y Girona. También realizaron 67 detenciones. Allí, los Mossos d’Esquadra son policía integral y, junto a los agentes locales, impusieron el grueso de las sanciones: 141.382. En el País Vasco, donde la Ertzaintza también tiene plenas competencias, Policía Nacional y Guardia Civil solo pusieron 168 sanciones y arrestaron a siete personas, la mayoría en Gipuzkoa. El cuerpo policial vasco y los agentes locales impusieron, en cambio, 28.948 multas.
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