La patronal reclama al Gobierno más flexibilidad y ERTE para salir de la crisis

El Congreso constató este jueves que hay visiones muy diferentes sobre cómo encarar las políticas laborales para salir de la crisis tras la covid-19. Al menos dos: la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y la de los portavoces de los partidos de la derecha y los responsables de la patronal. La ministra incidió en combatir la precariedad con una mayor cobertura pública y el diálogo social como “marca de la casa” frente a la respuesta que se dio en 2008. CEOE y Cepyme reclamaron más flexibilidad, ERTE y discutieron que sea bueno ahora cambiar toda la reforma laboral vigente del PP.

La ministra de Trabajo suele introducir en sus exposiciones aspectos relacionados con sus experiencias vitales para que aparezcan más auténticas. “Como me enseñaron en casa”, fue una coletilla que repitió ayer en su comparecencia ante la comisión de reconstrucción en el Congreso para subrayar que no se permite la autocomplacencia, que conoce y se ocupa de los problemas de los trabajadores y de las clases más desfavorecidas y que luchar contra la precariedad laboral es su primer objetivo.

Díaz tiene ideología, no oculta que representa en Podemos a Izquierda Unida y se le nota. Su padre fue un relevante sindicalista de Ferrol en la peor época de la reconversión. También le citó. La ministra utilizó su presencia en la comisión para reivindicar todos los ERTE por la covid-19 aprobados (3,8 millones) y las casi 9,9 millones de nóminas pagadas desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Defendió que el 98% de los ERTE bien abonados en estos meses frente a lo que consideró un bajo nivel de incidencias negativas (2%). Y se detuvo en diferenciar bien que ahora su fijación es dar más prestaciones públicas y desmontar en lo posible todas las carencias de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Acabó abogando por una reconstrucción del país “sin ruido, ni furia, sin noticias falsas ni olvidos, que se fundamente en la razón y la lealtad”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme, Gerardo Cuerva, ofrecieron continuar con el diálogo social, pero con sus matices. Para empezar no están a favor de las ideologías: “Son legítimas pero no generan confianza en los inversores”.

Los máximos responsables de la patronal prefieren más flexibilidad laboral, más ERTE durante más tiempo y más adaptables a las necesidades de reincorporación de los trabajadores a sus empresas. Y, sobre todo, no están de acuerdo en derogar íntegramente la reforma laboral del PP. Garamendi se agarró a informes del FMI, la OCDE y el vicepresidente de la UE para sustentar la tesis de que fue buena y que, en todo caso, podría ser mejorable.

El presidente de la CEOE detalló que durante esta crisis se han cerrado 133.000 empresas frente a las 350.000 que quebraron en la anterior y precisó que ante la caída del negocio, sobre todo en la industria, el turismo, la automoción, el transporte y el comercio no se recuperará el PIB del año pasado hasta 2021.

La patronal está agradecida con el Gobierno por la línea de créditos del ICO (que se devolverán poco a poco) pero demanda planes de futuro internos y europeos ambiciosos y menos gastos público. Eso sí, Garamendi advirtió de que la negociación para extender los ERTE a partir del 30 de junio hasta diciembre va bien con los sindicatos pero mal a estas alturas de mes con el Ministerio, que no les facilita la documentación. Tanto que avisó de que si no se llega a un acuerdo la patronal respetará la legitimidad de lo que decida por su cuenta el Gobierno que salió de las urnas.

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