Las tres revoluciones de la ‘ley Celaá’

La nueva ley de Educación que ha entrado en vigor en España está llamada a generar tres cambios de calado en el sistema educativo, siempre que cuente con el tiempo necesario. El primero persigue acabar con una vieja tradición, la de hacer repetir cada año a un gran número de alumnos, práctica en la que España ha ido quedándose sola entre los países de su entorno desarrollado. Casi el 30% de los estudiantes españoles repiten curso en la enseñanza obligatoria, frente al 11% de media en la UE. La medida es poco útil para prevenir el fracaso escolar y absorbe muchos recursos (hasta 3.000 millones al año) que podrían destinarse a programas más eficaces contra el fracaso escolar. Pero está muy arraigada en una parte del profesorado, que la ve como un elemento disuasorio frente al mal comportamiento y el pasotismo, y de la sociedad, que la asocia con cierta concepción de la cultura del esfuerzo, el premio y el castigo. A la exministra Isabel Celaá intentaron convencerla desde su propio equipo para no ir tan lejos como finalmente ha ido la nueva ley educativa, la Lomloe, que desvincula la promoción de curso del número de suspensos y deja la decisión en manos del equipo docente. “¿A qué hemos venido? A transformar”, zanjaba Celaá.

El segundo cambio afecta a cómo se aprende en la escuela. También implica una revolución en la cultura escolar, además de tratar de poner a España en el rumbo que han tomado la mayoría de los países de la OCDE. El objetivo es que el alumnado sepa aplicar los conocimientos y relacionarlos con otros. La memoria, afirman los autores de los nuevos currículos educativos, seguirá siendo imprescindible. Pero el sistema no estará tan enfocado a preparar a los alumnos para repetir contenidos en época de exámenes y ganará terreno la adquisición de otras competencias, como buscar información apropiada sobre un tema para profundizar en él o saber hablar en público.

El tercer gran cambio de la Lomloe es su apuesta por la educación pública tras años de declive. El PP limitó en la anterior ley la capacidad de las comunidades autónomas para organizar la oferta de plazas mediante la llamada cláusula de la “demanda social”. Una consejería podía querer potenciar la red pública con el argumento, por ejemplo, de reforzar la equidad, ya que la segregación social es mayor en los centros concertados, que con frecuencia cobran cuotas o establecen otras barreras de entrada para los chavales de familias desfavorecidas. En un contexto de caída global de la demanda de plazas por el descenso de la natalidad, que previsiblemente continuará en las próximas décadas, dicha consejería se veía obligada, sin embargo, a mantener los grupos de los colegios concertados si estos tenían demanda, y a cerrarlos en la pública. La eliminación de la cláusula de la “demanda social” da libertad a las autonomías para decidir la oferta, y fue el motor de las protestas de la concertada. El resto, admiten en privado sus responsables, fue atrezo