La voz ausente de la ciudadanía en la revolución digital

Para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU harían falta, según algunos expertos, seis transformaciones ineludibles: las de la educación, la salud, la descarbonización, las ciudades, la alimentación, la tierra y el agua. Y además la revolución digital.

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En la Agenda 2030, este ámbito se contempla como algo transversal, siendo su importancia clave para nuestro futuro. En España, por ejemplo, la transición verde y la digital son ejes prioritarios de la política.

Hay que tener en cuenta que los cambios sociales a gran escala suelen lograrse primero en los corazones y las mentes de las personas y solo después se incluyen en las leyes y las políticas. Los movimientos sociales, el activismo, las campañas de sensibilización deben explicar la ética del desarrollo sostenible, promover el activismo de base y la participación de la comunidad. Esto es algo esencial y en España se echa en falta, si se compara con otros países europeos donde la participación social está más avanzada.

La incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) junto a los procesos de digitalización en el tercer sector se han entendido como algo instrumental: una herramienta que potencia y facilita su trabajo. Pero, ¿quién hace posicionamiento público a favor de la regulación de las grandes plataformas digitales que erosionan nuestra vida pública y privada? ¿Cuántas voces se han levantado en contra de Facebook por su implicación en la votación a favor del “sí” en el Brexit? ¿Cuánto se escribe alertando a la ciudadanía acerca del poder de los algoritmos para decidir cuestiones básicas sobre nuestro futuro como educación, trabajo, ayudas sociales o justicia?

Da la impresión de que España tuviese ciudadanos aletargados, ajenos a esta revolución digital que no solo va a modificar sustancialmente el mercado de trabajo, sino que podría afectar muy negativamente a nuestros derechos humanos. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Llegan nuevos sistemas de comunicaciones más avanzados, como el 5G, donde ya no solo nos vamos a centrar en la comunicación entre personas sino también en la interacción con los objetos y entre ellos.

Todavía no sabemos cómo va a impactar esta tecnología en las personas, más allá de lo que se está oyendo de grandes retos como vehículos sin conductor, monitoreo continuo de parámetros de personas, cosas, ciudades o asistencia sanitaria remota, incluyendo operaciones quirúrgicas a distancia. Lo que está claro es que la brecha entre los que tengan la disponibilidad de estos nuevos servicios y los que no va a seguir aumentando y no sabemos hasta qué punto nuestros derechos básicos pueden verse afectados.

Da la impresión de que España tuviese ciudadanos aletargados, ajenos a esta revolución digital que no solo va a modificar sustancialmente el mercado de trabajo, sino que podría afectar muy negativamente a nuestros derechos humano. ¿Qué ocurrirá en el futuro?

Esta creciente distancia entre los que aprovechan las ventajas de la revolución digital y los que no van a poder disfrutar de sus beneficios está contribuyendo a la creación de lo que algunos autores ya identifican como la brecha de inteligencia artificial (IA). En esta nueva brecha que es tributaria de la digital, se podrían identificar también tres contribuciones.

Primero, las diferencias que se producen por no tener acceso a la tecnología (datos, infraestructuras) y la capacidad de generar los algoritmos necesarios para desarrollar la IA. La segunda la encontraremos en aquellos que no van a poder acceder a los servicios mejorados (de salud, educación, financieros) bien por falta de recursos o por el propio diseño tecnológico, ya que la falta de modelos de negocio obstaculiza el diseño de soluciones para los problemas de las personas sin recursos. La tercera estaría constituida por los damnificados y aquí se agrupan diversas causas como los daños generados por la aplicación deficiente de estas tecnologías, los sesgos en los algoritmos que toman decisiones sobre las personas o los puestos de trabajo perdidos por procesos de automatización y robotización.

Tampoco podemos olvidar la brecha en los servicios, puesto que no se van a diseñar sistemas para problemas de la población más desfavorecida. Es habitual encontrar una visión excesivamente optimista sobre los beneficios que la IA está proporcionando a la sociedad, pero también es necesario incluir el análisis de los riesgos que, aunque en muchos casos están siendo identificados y denunciados, no están siendo correctamente abordados.

La transición digital tiene unas consecuencias que nos obligan a una regulación que atienda también a la esfera política. Se ha regulado lo que tiene que ver con el ámbito de la vida privada y en materia de protección de datos, pero hay mucho por hacer en lo que se refiere a nuestra vida pública. El predominio de las grandes empresas digitales tiene graves consecuencias en la esfera democrática.

Su influencia sobre los mercados refleja un control sobre la soberanía política y democrática que debería estar en las manos de los ciudadanos y sus instituciones representativas. Los actores privados tienen el poder de definir las reglas de expresión en el espacio público, lanzar su propia moneda o, dentro de poco tiempo, dictar también las políticas en otras materias. No podemos olvidar la presión que ejercen en la Unión Europea, por ejemplo, tratando de impedir una regulación estricta de la Inteligencia Artificial. Todo ello supone una privatización de la esfera pública que no deberíamos permitir.

Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta la importancia cada vez mayor de poner los principios éticos por encima de los beneficios materiales: los cambios tecnológicos están siendo tan rápidos, que la ley no puede seguirlos al mismo ritmo. La importancia que tiene trabajar bajo estos principios éticos se hace necesaria en estos momentos de rápidas transiciones.

La Unesco en su reciente informe Ingeniería para un Desarrollo Sostenible, publicado en marzo, recomienda acelerar el desarrollo de una Inteligencia Artificial basada en valores humanos, animando a todos los actores: instituciones públicas, universidades, industria y también a la sociedad civil a unir fuerzas para que los nuevos avances tecnológicos contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con todo esto, hace falta escuchar la voz de la ciudadanía, ahora ausente, pues es ella quien debiera levantarse para movilizar a los poderes públicos a la acción.

Este arículo fue escrito por Arturo Fernández de Velasco, Celia Fernandez-Aller, Maria Jesús Ledesma y Manuel Sierra Castañer del grupo TIC perteneciente a ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano.