Cuatro preguntas incómodas sobre patentes y covid-19

Esta pandemia se ha convertido en una trituradora de lo que el economista John K. Galbraith denominaba la “sabiduría convencional”. En menos de un año y medio, mucho de lo que era cierto en materia de economía y política parece estar sujeto a una reconsideración acelerada cuyas consecuencias son todavía impredecibles.

La última de estas verdades aceptadas que ha sido puesta en duda es la de la propiedad intelectual como sustento imprescindible de la innovación científica y el desarrollo de los productos biomédicos que precisan nuestras sociedades. Si el sector farmacéutico –que ha recibido una cantidad sin precedentes de recursos públicos contra el coronavirus y cuya única obligación es satisfacer la demanda de vacunas, diagnósticos y tratamientos– incumple su parte del acuerdo, la sociedad tiene el derecho de privarles de la exclusividad oligopólica que ofrecen las patentes y extender la producción a otros fabricantes.

Hasta ahí, (casi) todos de acuerdo. El problema –ya lo hemos dicho en este blog– es que la exención temporal de los derechos de propiedad intelectual es un asunto complejo y de efecto retardado. Y lo que es más importante, de consecuencias dudosas si no va acompañado de otras medidas como la transferencia de tecnología, conocimientos e infraestructura que permitan llevar a escala la producción en países de renta media y baja. Y este es un terreno donde las certezas morales escasean: incluso con una capacidad instalada y un personal formado y disponible, el coste de establecer en una fábrica suiza tres líneas producción de la vacuna de Moderna fue de 210 millones de dólares (174 millones de euros). Esta cantidad permitiría salvar la vida de 2.620.000 niños en los países de ingreso bajo, financiando una rutina completa de inmunización frente a 18 enfermedades a lo largo de una década. ¿Dónde deberíamos poner el dinero, sabiendo además que la mitad de estas vacunas previas a la covid ya se produce en los países en desarrollo?

El debate sobre la reforma del modelo de innovación biomédica y acceso a medicamentos parece haberse estancado en la cuestión de la exención, pero necesitamos abrir una conversación más amplia. Y en esa conversación todos vamos a tener que contestar algunas preguntas incómodas. Les propongo cuatro a las que vengo dando vueltas desde hace algún tiempo:

• ¿Puede justificar el sector farmacéutico la perpetuación de un modelo cuyos beneficios desproporcionados dependen de la protección pública frente a la competencia? Incluso aceptando que el negocio de la innovación biomédica exige asumir importantes riesgos financieros, la realidad es que los beneficios de este sector superan de forma abultada e injustificada la media de otros sectores empresariales comparables (margen ebitda del 29,4%, frente el 19% de media del S&P 500). La protección pública comienza con la inversión en investigación básica, continúa durante los ensayos clínicos y se extiende a través de un sistema de patentes obscenamente manipulado para mantener a la competencia alejada durante décadas.
• ¿Están anteponiendo las ONG el trofeo político a la resolución del problema? Los activistas llevamos más de veinte años peleando por la reforma de este modelo de propiedad intelectual. Es muy comprensible que la oportunidad abierta por la covid-19 y las dudas expresadas por actores antes inamovibles como los EEUU hayan despertado ilusiones y concentren ahora todos los esfuerzos tácticos. Pero existe el riesgo de que los árboles nos impidan ver el bosque. Urge explicar a la sociedad que esta medida es necesaria, pero no suficiente. Y trabajar en la generación de un modelo alternativo para el incentivo de la innovación que, hasta es momento, el sector de las ONG no está planteando. Las empresas son una herramienta, no el enemigo, y debemos encontrar el modo de poner su valor al servicio de un sistema más justo e inteligente.
• ¿Ofrece el Gobierno de España algo más que buenas palabras? Nuestro país ha sido uno de los primeros de la UE en mostrarse abierto a la exención de las patentes, en contra del criterio de socios como Alemania. La última declaración pública fue esta semana, de mano del propio presidente Sánchez y en el mismísimo Financial Times. Pero, cuando se trata del lobby farmacéutico, hasta el rabo todo es toro. En su reciente (30 de abril) carta de respuesta a 83 organizaciones que solicitábamos un compromiso del Gobierno en este sentido, el director de Gabinete de Presidencia incluía casi todo menos eso. Tendremos oportunidad de comprobar la verdadera disposición de España durante la cumbre de salud del G20 la próxima semana, donde el gobierno debe mojarse en las medidas de facilitación del comercio de vacunas y apoyo a COVAX que el presidente destaca en su tribuna para el FT.
• ¿Y si la exención es en realidad un bote salvavidas para este modelo de propiedad intelectual? Mi colega en ISGlobal Rafael Vilasanjuan tiene una mirada lúcida sobre este asunto. Uno de los argumentos que repite –y con el que estoy de acuerdo– es que la aprobación de la exención no es un cuestionamiento del modelo, sino un ajuste dentro de sus reglas que puede acabar fortaleciéndolo, más que al contrario. Como ocurrió en el caso de los antirretrovirales contra el VIH hace veinte años, las grandes empresas y sus gobiernos aliados pueden aceptar dar una pequeña vuelta para retornar al punto exacto en el que estamos ahora. Si no aprovechamos la oportunidad para introducir reformas estructurales en otros ámbitos, como el sistema de compras públicas, corremos el riesgo de hacer un pan como unas tortas.

El economista Galbraith nos animó siempre a cuestionar las verdades aceptadas. Su trayectoria le permitió hacerlo en ocasiones tan sonadas como el New Deal, de Roosevelt, o la Gran Sociedad, de Johnson. Ambas fueron respuestas transformadoras a crisis y brechas sociales de una magnitud generacional. No es raro encontrar similitudes con la situación que ahora vivimos.