Una epidemia de transfobia

La medianoche del 29 de mayo, Alejandra Monocuco, una mujer transgénero y trabajadora sexual afrocolombiana, comenzó a ahogarse. La sospecha de haber contraído la covid-19 llevó a Madre Leidy, una de sus compañeras, a llamar a la línea de urgencias 123 pidiendo una ambulancia. Cuando los servicios sanitarios llegaron al minúsculo apartamento del barrio de Santa Fe, en Bogotá, tomaron la temperatura a Alejandra y concluyeron que se trataba de una sobredosis. Después preguntaron a Madre Leidy si sufría de alguna otra enfermedad. “VIH”, respondió ella. Acto seguido, los médicos se apartaron del cuerpo y sugirieron a Madre Leidy que Alejandra descansara y se le pasaría. Poco después llegó una segunda ambulancia, pero para entonces Alejandra ya estaba muerta. Su cuerpo fue envuelto en plástico quince horas después tras numerosas llamadas sin respuesta por parte de sus compañeras. El apartamento no fue desinfectado ni tomaron la temperatura a ninguna de ellas.

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Esta es una de las historias investigadas por la Red Comunitaria Trans, organización de apoyo al colectivo LGTBI, especialmente a mujeres y hombres transexuales en Colombia, a través de dos sedes en Bogotá y Medellín.

“Desde enero de 2020 hasta ahora han sido asesinadas 30 personas transexuales en Colombia y se han reportado 366 casos de violencia contra este colectivo”, cuenta Juli Salamanca, directora de Comunicación de la Red Comunitaria Trans. “El problema es que realmente este número de personas no es real y son muchas más las afectadas, ya que el censo en Colombia solo concibe a hombres y mujeres. Para el gobierno y sus registros, las mujeres transexuales siguen siendo hombres empelucados”.

Tras la muerte de Alejandra Monocuco, el 29 de mayo la Secretaría de Salud de Bogotá emitió un comunicado en el que aseguraba haber prestado a la fallecida la asistencia requerida y que el traslado en ambulancia fue negado por su propia amiga. Red Comunitaria Trans pidió el certificado, pero nunca lo enviaron. El 3 de junio la Alcaldía de Bogotá afirmó en otro comunicado que la información era falsa y que Alejandra nunca firmó ningún desistimiento de traslado. Fue así como #JusticiaParaAlejandra se ha convertido en el grito bandera para un colectivo LGBTI en Colombia que reclama volver a revisar el caso y llegar al fondo del asunto hasta nuestros días. Pero Alejandra no es la única.

Colombia es hoy una de las víctimas de una pobreza estructural incrementada por la covid-19 que afecta a uno de sus colectivos más vulnerables. En lo que llevamos de año, 287 personas transgénero han sido asesinadas en las regiones de América Central y América del Sur, además de otras 34 personas en Estados Unidos, en su mayoría racializadas.

Según un estudio de Out Right International realizado a 38 personas del colectivo LGBTI en 38 países diferentes, los principales impactos de la comunidad durante la pandemia son el acceso limitado a la salud, el abuso del poder estatal, la sostenibilidad de un empleo y, especialmente, un mayor estigma social.

Un incremento de la transfobia que entiende de tantas caras como dimensiones en diferentes países, todas igual de mortíferas. Entre ellos, las regiones de un continente asiático donde la brecha del tercer género se ha incrementado aún más durante los últimos años.

Indonesia: alcohol sobre una herida abierta

Históricamente, diversas regiones de Asia han contado con expresiones de género binario y no binario aceptadas socialmente, como es el caso del grupo kathoey, en Tailandia, o las hijras en India.

Sin embargo, cuando hablamos de Indonesia, el crisol multicultural resulta aún más fascinante: hasta trescientos grupos étnicos conviven desde tiempos inmemoriales en las diferentes islas del país, siendo muchos de ellos pertenecientes al llamado “tercer género”: el grupo Bissu, personas transgénero que actúan como altos sacerdotes de la comunidad Bugis en las islas Célebes; el grupo Toraya, en Sulawesi, el cual reconoce hasta tres géneros o, especialmente, las waria.

Nacido de la unión de los términos indonesios wanita (mujer) y pria (hombre), las waria conforman un concepto introducido por el ministro de Religiones en Indonesia en 1978 como una forma de referirse a un tercer género que abarca otras muchas identidades con papeles específicos antaño respetados en la sociedad indonesia. En 2017, las waria adoptaron el nombre de “transpuan”, como una forma de reducir el estigma contra las mujeres transgénero.

Hoy las personas ‘transpuan’ se han visto desligadas de la historia a la fuerza para dedicarse a los trabajos más vulnerables del país, como artistas callejeras o trabajadoras sexuales. Su pasado es un lienzo tropical erosionado, que muere lentamente, especialmente cuando Indonesia es el país con la mayor población musulmana del planeta.

En febrero de 2014, una ley nacional permitió al gobierno regional de la isla de Sumatra la reintroducción de la sharia, una ley islámica que castiga el sexo homosexual y el adulterio con la lapidación. A partir de entonces, el tsunami de odio hacia la comunidad LGBTI se ha disparado, alentado por “justicieros antiLGBTI” que irrumpen en casas privadas en busca de parejas de homosexuales, hashtags como #tolakLGBT (rechaza a los LGBT) o una violencia que se incrementó como nunca antes. Fue lo que Arus Pelangi, organización LGBTI de Indonesia, llamó el Crack Down o Represión Violenta.

“La pandemia de la covid-19 afectó a todos y provocó crisis inesperadas, que van desde crisis económicas a la salud y una sensación de seguridad. Pero para las personas transgénero, esto no es nada nuevo, por lo que la pandemia es como el alcohol derramado sobre una herida abierta”, cuenta Renate Arisugawa, Project Manager de Arus Pelangi.

Según refleja un reciente estudio realizado por la Red Transgénero de Indonesia (JTID) hasta el 71% de las personas transgénero han recibido asistencia durante la pandemia. Sin embargo, el 80% de esa asistencia provino de ONG, colectivos de grupos LGBTI e instituciones religiosas, pero no del gobierno.

“Lamentablemente, la ayuda no se distribuyó de manera uniforme. Muchas personas transgénero no reciben asistencia debido al estigma y el sentimiento hacia su identidad de género”, continúa. La mayoría de ellos no cuenta con documento de identidad o un libro de familia que facilite el acceso a los servicios médicos.“Y lo peor es que esto puede ser tan solo el principio”, concluye Arisugawa.

Las nuevas reformas legales aún penden de un hilo con vistas a implementarse en 2021. Algo que puede empeorar la situación a través de leyes de moralidad, la reforma del Código Penal o la futura aprobación de un proyecto de ley de resiliencia familia que obligaría a todas las personas con orientación sexual “desafiante”, diversidad de género o expresión, a someterse a esfuerzos de cambio y formas de terapia de conversión.

Una realidad que supone la más peligrosa involución: la de un país que siempre respetó todas sus identidades hasta ahora. Hoy, más que nunca, la lucha es de todas ellas.