En pandemia, pagos seguros

La pandemia por covid-19 ha alterado profundamente la vida de los ciudadanos y empeorado las perspectivas de crecimiento económico en todo el mundo. En América Latina y el Caribe amenaza, además, con revertir los avances de los últimos 15 años en la lucha contra la pobreza y en la reducción de la desigualdad de los ingresos. Gran parte de las mejoras experimentadas en la pasada década fueron el resultado de los programas de transferencias monetarias condicionadas, una herramienta financiera puesta en práctica hace más de 20 años. Consisten en entregas de dinero a poblaciones desfavorecidas con la condición de que los beneficiarios cumplan ciertas obligaciones que redunden en su desarrollo, como controles prenatales, vacunaciones o escolarización de niños.

Las dificultades actuales y el aumento de la vulnerabilidad han hecho que buena parte de los países de América Latina y el Caribe estén dando un nuevo impulso a los programas de transferencias, que se aumentan con ayudas monetarias directas y no ya condicionadas, destinadas a preservar los ingresos de muchas familias.

Los programas de transferencias contribuyeron, en el caso de algunos países como Brasil, Colombia o Chile, a la inclusión financiera de la población al entregar las ayudas a través de depósitos bancarios en las cuentas de los beneficiarios; pero en otros países, como en Panamá o Perú, sigue habiendo grupos excluidos del sistema financiero que reciben sus transferencias en efectivo. Junto a ellos, existe un tercer grupo de países que todavía realizan eventos masivos de pago en los que los beneficiarios de los programas reciben las ayudas en persona, como es el caso en Honduras. En estas dos últimas categorías de países la exposición al contagio se ha convertido en un motivo más de preocupación.

Las herramientas de pagos digitales ofrecen alternativas confiables a los tradicionales mecanismos de pago en efectivo. Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analiza los pagos digitales y ofrece una guía para los proyectos de protección social durante las pandemias, lo que permite identificar los mecanismos de pago más adecuados para el contexto de cada intervención y facilitar el diseño de proyectos.

Si bien estos mecanismos de pagos electrónicos pueden ayudar en el escenario de la crisis de la covid-19, ninguno es, por sí solo, una solución al problema ni está exento de riesgos de contagio. El BID insiste en que todo mecanismo de pago, sea digital o no, deberá estar acompañado por un estricto protocolo de entrega de los beneficios. Cuando sea posible se deben privilegiar las opciones que disminuyan los contactos físicos y el desplazamiento de personas, ya sea a través de pagos móviles, transferencias bancarias o pagos sin contacto. Cuando no se pueda y los mecanismos de entrega de beneficios impliquen el desplazamiento de personas, los protocolos deberían estar claramente establecidos y seguir una serie de recomendaciones.

La realidad ha demostrado que los países que ya contaban con mecanismos de pago digitales extendidos han tenido menos dificultades para salir en ayuda de sus poblaciones

Entre las buenas prácticas están espaciar en mayor medida el tiempo de los pagos e indicar con claridad la fecha en la que se puedan usar o retirar los beneficios, así como ampliar y aumentar el número de puntos de entrega de servicios para disminuir las aglomeraciones de personas y sus desplazamientos. Igualmente, se deben incluir estrictos protocolos sanitarios en los puntos de pago y permitir la entrega de beneficios a representantes autorizados cuando las reglas sanitarias impliquen la cuarentena de personas infectadas o en riesgo. Identificar puntos de pago críticos y contar con un plan de mitigación se añaden a la necesidad de contar con estrategias de información y canales de comunicación adecuados que transmitan a la ciudadanía de forma clara y precisa las reglas, plazos y lugares de entrega de beneficios.

La realidad ha demostrado que los países que ya contaban con mecanismos de pago digitales extendidos han tenido menos dificultades para salir en ayuda de sus poblaciones. Es el caso de Colombia, que ha entregado beneficios de manera segura y efectiva gracias a la existencia de cuentas bancarias simplificadas, con apertura remota, a la presencia de instituciones financieras con billeteras digitales y a una arquitectura de pagos de alto valor y tesorería que permiten esos pagos directos. República Dominicana, por su parte, ha aprovechado su sistema SIUBEN y la logística de pagos basada en tarjetas afiliadas a la red de Visa.

Otros países han tenido que ser creativos e innovar para llegar a los más necesitados. Ecuador, por ejemplo, consiguió aumentar en apenas dos meses sus puntos de pago de 3.500 a 10.000 e hizo accesible la información de los mismos en una app de Gobierno, y Guatemala ha diseñado un esquema de pago de tarjetas virtuales en el que solo envía a los potenciales beneficiarios los 16 dígitos al estilo de una tarjeta plástica.

En situaciones de distanciamiento social la tecnología y la innovación se convierten en nuestras aliadas para hacer llegar las ayudas a los que más las necesitan minimizando el riesgo de contagios

La profunda disrupción ocasionada por la covid-19 se ha manifestado tanto en aspectos sanitarios como económicos y sociales lo que hace que los gobiernos tengan que actuar en varios frentes simultáneamente. En situaciones de distanciamiento social la tecnología y la innovación se convierten en nuestras aliadas para hacer llegar las ayudas a los que más las necesitan minimizando el riesgo de contagios. Tenemos que aprovechar ese impulso para generar sistemas de pago más seguros, eficientes y transparentes que no solo se apliquen a los programas sociales permanentes sino que nos permitan estar mejor preparados ante un futuro todavía incierto no exento de nuevas pandemias.

Luis Tejerina es especialista líder en la división de Protección Social y Salud el Banco Interamericano de Desarrollo.

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