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OPINIÓN i

Las transferencias monetarias para responder a la covid-19 y al cambio climático

La protección social es una solución para abordar el impacto tanto del coronavirus como de la crisis medioambiental, pero hay que identificar rápidamente a los más vulnerables

La crisis del coronavirus está golpeando fuertemente a América Latina y el Caribe, y se estima que ocasionará hasta un 5,5% de las reducciones en el crecimiento del PIB este año. La desaceleración económica está causando trastornos sin precedentes en la vida de los ciudadanos de la región. Los más pobres y vulnerables, que tienden a tener menor acceso a energía, agua, servicios financieros y de salud, se ven afectados de manera desproporcionada.

Antes de la covid-19, los países ya enfrentaban la pobreza, la desigualdad en el acceso a los servicios sociales y de infraestructura y la crisis climática. En Chile, una sequía de 10 años dejó a casi medio millón de personas sin acceso directo al agua, mientras que Bahamas continúa reconstruyéndose después de que el huracán Dorian dejara daños estimados en 3.400 millones de dólares en septiembre de 2019.

El argumento a favor

La protección social es una solución para abordar el impacto tanto del coronavirus como de la crisis climática. Muchos países ya están utilizando sus programas de transferencias monetarias para ayudar a los hogares pobres y vulnerables. Así, están apoyando tanto a los hogares que antes de la pandemia calificaban para un programa, como a aquellos que no estaban bajo los estándares, pero para quienes la crisis significa un riesgo de caer en la pobreza. La experiencia internacional muestra que las transferencias monetarias de emergencia son efectivas en términos de coste-beneficio y salvan vidas.

Los países pueden institucionalizar esta práctica. Los programas podrían adaptarse automáticamente a los choques, es decir, aumentar automáticamente los montos desembolsados y abarcar un mayor número de beneficiarios cuando pase una crisis. Si institucionalizan las transferencias monetarias, los gobiernos podrán responder de manera más oportuna, ordenada, eficiente y transparente cuando llegue la próxima pandemia, terremoto o inundación.

Ahorrar tiempo valioso en la próxima emergencia

Flexibilizar estas transferencias de manera que se adapten a los choques implica establecer reglas sobre el alcance y las condiciones bajo las cuales se escalarían antes de que ocurran los desastres. Normas explícitas también permiten establecer una cláusula de eliminación gradual automática de la respuesta a la emergencia tras unos meses, salvaguardando así los costos fiscales.

La experiencia internacional muestra que las transferencias monetarias de emergencia son efectivas en términos de costo-beneficio y salvan vidas

Los países deberán ser capaces de identificar los nuevos beneficiarios rápidamente. Tras una crisis o desastre, es difícil. Crear registros sociales, como el Cadastro Único en Brasil, es una solución para establecer canales de desembolso, como números de cuentas en banco tradicionales o pagos a teléfonos móviles a través de las fintech. También deberían acordar bajo qué criterios se activará la expansión de los programas, por ejemplo, cuando la autoridad de una región declare una emergencia, o cuando la intensidad de un evento natural supere un parámetro dado.

No debería ser un cuello de botella

Hacer que estos pagos se adapten fácilmente a las crisis también implica tomar medidas financieras por adelantado. Entre las opciones con las que cuentan los gobiernos se destacan los fondos de reserva y de líneas de crédito contingentes. Un ejemplo citado con frecuencia es el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de México. Permite asignar rápidamente fondos federales a la ayuda humanitaria y a la rehabilitación de infraestructura pública y viviendas de bajos ingresos afectadas por desastres naturales. En Perú, líneas de crédito contingente se activan una vez que la primera línea de defensa de instrumentos de retención de riesgos (como fondos de emergencia, y fondos de estabilización fiscal) ha sido agotada.

Los seguros y bonos para catástrofes son otra opción. Fonden, en México, acaba de emitir un bono para catástrofes de 485 millones de dólares para trasladar parte del riesgo del país a los mercados internacionales de capital. Finalmente, están los mecanismos regionales de riesgo compartido. La Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe actualmente agrupa el riesgo de desastres en 16 países y brinda a los gobiernos participantes liquidez de rápido desembolso y de corto plazo.

La situación actual muestra que reaccionar a los desastres es necesario y útil, pero también que la coordinación y el rápido desembolso de la ayuda a los hogares afectados son muy desafiantes. Tenemos la oportunidad de establecer programas de transferencias monetarias como una herramienta clave para proporcionar un apoyo inmediato, temporal y transparente a las poblaciones afectadas por desastres. Si se diseñan bien, estos programas pueden aumentar de manera sostenible la resiliencia de las poblaciones a los impactos climáticos y otros desastres, más allá de la pandemia actual.

Marcelo Cabrol es gerente del sector social y Juan Pablo Bonilla es gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible, cargos que ocupan en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

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