El shock covid-19: una oportunidad para el consumo sostenible y justo

Lo que las campañas del movimiento de comercio justo y las noticias alarmantes sobre el impacto cambio climático no habían conseguido, lo podría haber conseguido la covid-19 en un abrir y cerrar de ojos.

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Y es que las medidas de confinamiento tomadas por los gobiernos para limitar el impacto del virus, nos han (¡o deberían haber!) hecho por fin abrir los ojos. Sobre lo infravaloradas que están algunas profesiones esenciales y sobre la precariedad que vive una gran parte del personal sanitario. Pero también deberían abrirnos los ojos sobre lo mucho que dependemos de los agricultores y trabajadores que siembran, producen, transportan y venden los productos con los que nos alimentamos o vestimos. Y lo mucho que necesitamos que ellos lo puedan hacer en buenas condiciones.

En el contexto de las medidas que están anunciado gobiernos alrededor del mundo, las recomendaciones del movimiento del comercio a los gobiernos se estructuran en tres pilares: proteger, reactivar y rediseñar.

Primero de todo, es esencial que los trabajadores y agricultores trabajen solamente si lo pueden hacer en condiciones que garanticen su salud, con material protector adecuado. Cuando no sea posible, los Estados deberían garantizar unos ingresos mínimos para evitar que estas personas, temporalmente inactivas, caigan en la pobreza.

En segundo lugar, siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud, se debería permitir reanudar cuanto antes las actividades de producción, transporte y venta de productos, tanto a escala nacional como internacional. Hay un gran número de familias que dependen de ello para sobrevivir.

No queda más solución que repartir mejor el valor a lo largo de las cadenas de producción: más ingresos para los productores y menos para los intermediarios

En el contexto de reactivación de la economía, varios gobiernos están ofreciendo paquetes de ayuda a grandes empresas. No caigamos en el error de dar un cheque en blanco a las compañías, como el que recibieron los bancos tras la crisis financiera del año 2008. No deberíamos tolerar que se utilice dinero público para apoyar a empresas que utilizan paraísos fiscales para pagar menos impuestos o que continúan contaminando sin poner en marcha un plan serio de reducción de emisiones de carbono. Para más inri, varias organizaciones de la sociedad civil han sacado a la luz que, tras la llegada de la crisis covid-19, varias multinacionales del sector textil han anulado unilateralmente contratos que ya habían firmado con productoras locales, principalmente en Asia, las cuales han acabado por despedir a millares de empleados, dejándoles sin ingreso alguno.

Estas empresas irresponsables no merecen apoyo alguno por parte de los gobiernos. Por lo tanto, es necesario que las ayudas se condicionen también al compromiso de tener un sistema de debida diligencia para minimizar el riesgo de que cometan prácticas comerciales desleales que acabarían resultando en violaciones de derechos humanos. Si se demuestra a posteriori que esas compañías han cometido prácticas comerciales injustas, tal como las define la Directiva europea sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario adoptada el año pasado, las compañías deberían devolver el dinero que se les ha prestado.

“Nunca hay que desaprovechar una buena crisis”, tal como dijo Winston Churchill. Tenemos pues la oportunidad de aprovechar el shock actual para asegurarnos de que las fallas estructurales de las cadenas de valor global no se reproduzcan. La norma debería ser, por lo tanto, que las empresas estén obligadas por ley a evaluar el impacto que sus políticas y prácticas de compra, así como los precios que pagan a sus suministradores, tienen en pequeños productores y trabajadores.

Dicho esto, no todas las compañías son iguales. Mientras que los modelos de negocio de las empresas convencionales tienen como prioridad el rendimiento a corto plazo para sus accionistas, las de economía social y solidaria, incluyendo a las organizaciones de comercio justo, están diseñadas de una forma en la que ellas deben tomar decisiones de forma inclusiva, involucrando a los trabajadores y a los suministradores, teniendo en cuenta objetivos más allá del rendimiento a corto plazo. No es que las personas que trabajan en esas organizaciones sean más o menos virtuosas que las que trabajan en las convencionales. Es simplemente que lo que se considera éxito empresarial se define de otra manera. Si dentro de algunos años tenemos que vivir otra crisis sistémica como la actual, la podremos gestionar mejor si la economía cuenta con muchas más organizaciones de economía social y solidaria. Los gobiernos deberían tomar nota y reorientar las políticas de apoyo a pequeñas y medianas empresas hacia políticas públicas que fomenten la creación de nuevas entidades con modelos de negocios sostenibles y justos.

El coste de estos cambios tiene que ser soportado principalmente por el sector privado, sobre todo los que tienen más parte de capital. La revuelta de los chalecos amarillos en Francia el año pasado nos demuestra que la solución no puede pasar por simplemente hacer que el consumidor pague más caro por consumir de forma sostenible, puesto que dicho tipo de consumo tendría que ser la norma. No queda más solución pues que repartir mejor el valor a lo largo de las cadenas de producción: más ingresos para los productores y menos para los intermediarios. Un primer paso en esa dirección sería la creación a nivel internacional de observatorios de la distribución del valor en sectores donde los ingresos están particularmente mal repartidos, como el cacao, el banano o el café.

En esta época de crisis sanitaria y económica necesitamos urgentemente reactivar la economía, y la única solución será a través de un consumo más sostenible, a no ser que creamos que las enfermedades se curan con un parche. Y el consumo sostenible será justo, o no será.

Sergi Corbalán es miembro de la Fair Trade Advocacy Office.