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Receta para que la covid-19 no se convierta en una epidemia de corrupción

Una organización de defensa de los llamados 'alertadores' en África advierte que las medidas de alarma y excepción pueden generar más delitos por parte de las instituciones públicas

Imagen de una manifestación, en la pancarta se lee "Este régimen es un coronavirus para Mali".
Imagen de una manifestación, en la pancarta se lee "Este régimen es un coronavirus para Mali". AP Photo

Donaciones, créditos y fondos de emergencias; compras de urgencia, ayudas extraordinarias y modificaciones presupuestarias. La excepcionalidad de la epidemia de la covid-19 suspende muchos de los mecanismos pensados para garantizar la transparencia de las cuentas públicas. En este caso, el río revuelto propicia la ganancia de los malversadores. Por eso, un organismo llamado Plataforma de Protección de Filtradores de África (PPLAAF por sus siglas en francés) ha vuelto a lanzar una llamada de atención para proteger a los alertadores, es decir, a aquellos ciudadanos que en sus trabajos puedan ser testigos de corrupción o cualquier otro tipo de irregularidades de la Administración y tienen que saber que existen los mecanismos para hacerlas públicas con seguridad.

Para los responsables de esta organización que ha dado apoyo a filtradores de información en la República Democrática del Congo, Argelia, Sudáfrica o Angola, entre otros países, la pandemia del nuevo coronavirus genera una especie de tormenta perfecta para la corrupción. Por un lado, la opacidad en las operaciones económicas, desde la recaudación hasta el gasto. Por otro lado, la acumulación de poderes en las manos de los presidentes en virtud de los estados de emergencia y fórmulas similares. Y, finalmente, una interpretación interesada del patriotismo que le pone las cosas muy difíciles a una sociedad civil crítica.

“La contestación es percibida como un acto de antipatriotismo”, advierte Fadel Barro, un veterano activista y actual coordinador de PPLAAF en África Occidental, “y es verdad que en esta situación es muy difícil organizar la crítica. Pero hay que adaptarse, siempre hay un espacio para desarrollar el trabajo de los alertadores y, precisamente, ahora es cuando más necesidad tenemos, en el momento en el que todo está organizado para que no haya transparencia, para que haya una opacidad total”. La sombra de la sospecha no ha tardado en extenderse sobre las medidas excepcionales en diferentes países.

En Senegal, la oposición, algunos medios y activistas ciudadanos llamaron la atención sobre el escándalo de la compra de arroz en el marco de la Force covid-19, el programa de ayuda de emergencia del Gobierno que incluía ayuda alimentaria para las familias. Varios de los contratos de adquisición valorados en más de 18.000 millones de francos CFA (unos 27,23 millones de euros) han abierto la brecha de la duda. En Gabón, la llegada de la donación del magnate chino Jack Ma y el encargo de material sanitario realizado por el estado se han mezclado en un confuso baile de fechas y números, generando un considerable malestar en las redes. En Zimbabue, el gobierno declaró haber gastado a principios de mayo un millón de dólares en materiales de protección. La factura incluía 5.040 máscaras pagadas a 28 dólares la unidad. Algunos medios advirtieron de la vinculación entre la empresa adjudicataria y el hijo del presidente, aunque el Gobierno negó cualquier relación y aprovechó para lanzar un recado a los periodistas. En la República de Guinea, en medio de un clima enrarecido por la confrontación política, el presidente Alpha Condé ha anunciado unas confusas donaciones selectivas de material sanitario y alimentos.

“En los países en los que la separación de poderes es un espejismo o en los que el Estado es débil y los contrapoderes están mal estructurados, hay un riesgo real de desvío de fondos”, advierte Henri Thulliez, director de la organización de protección de alertadores. “Hay que agradecer la movilización de fondos de las élites económicas para luchar contra la pandemia, sobre todo en algunos países de África Occidental. Pero hay que poder exigir a los Gobiernos transparencia total en la gestión de esa contribución colectiva”, reclama este abogado. La advertencia del responsable de PPLAAF es contundente: “Los recursos obtenidos para la lucha contra la epidemia son más susceptibles de ser desviados o mal utilizados en los países en los que la corrupción es una amenaza más seria”.

En los países en los que la separación de poderes es un espejismo o en los que el Estado es débil y los contrapoderes están mal estructurados, hay un riesgo real de desvío de fondos

Thulliez advierte que la amenaza de la situación actual sobre los derechos fundamentales y el aumento de la corrupción no es exclusiva del continente africano. “Las condiciones que se están produciendo ahora son propicias para las irregularidades en todo el mundo. Cuando se impone el miedo en los medios y en la opinión pública, y la urgencia es la constante de las decisiones políticas, los ciudadanos deben estar especialmente atentos para conservar el Estado de Derecho. Durante este confinamiento global se han tomado medidas restrictivas de derechos ante la indiferencia general, incluso se han limitado libertades de contestación política, como la de manifestación. Cuanto más se concentra el poder en las manos de unos pocos, más vigilantes deben estar los ciudadanos”, advierte Thulliez.

Por su parte, Fadel Barro refuerza esa percepción desde Senegal: “Todos los poderes se parecen. Ya sea aquí en los países pobres o a los que muchas veces se etiqueta como antidemocráticos, pero también en los países ricos, aparentemente democráticos, constatamos que quienes tienen el poder intentan aprovecharse del estado de alarma para restringir las libertades. No es un problema de países pobres o antidemocráticos, sino de restricciones de libertades organizadas por los poderes que se aprovechan de la crisis para hacer pasar cosas que en condiciones normales no pasarían”. El veterano activista, que fue uno de los fundadores y coordinador de Y’en a Marre, uno de los movimientos ciudadanos más respetados del continente, recuerda que “la democracia es una conquista permanente, nunca está garantizada, no es un derecho adquirido definitivo, siempre tenemos que estar al acecho, vigilantes, combativos, en cualquier situación y en cualquier país”. “Son humanos los que están en la cabeza de las instituciones y si no hay un control ciudadano fuerte, tienden a tomar decisiones que pueden no ser conformes al interés general”, sentencia.

Para Barro, la combinación de lanzadores de alertas y activistas de la sociedad civil es fundamental para preservar la calidad democrática: “Estamos siempre potencialmente en conflicto con los poderes organizados. Tenemos que continuar haciendo el trabajo de investigación, de presión, de información, para que la opinión pública comprenda lo que ocurre. Da igual que sea en tiempos de crisis, en un país pobre o en uno rico, democrático o antidemocrático. En los países en los que la democracia no es fuerte, la opinión pública es débil y la labor es más difícil, porque además de restricciones hay una represión terrible sobre los activistas y los alertadores. Pero en estos países hay que redoblar el coraje, ser creativos para seguir haciendo ese trabajo de control que es necesario y para adaptarse a esas condiciones”.

En PPLAAF conocen bien la importancia de garantizar la seguridad a los testigos de los actos de corrupción. Han acompañado a las responsables de las filtraciones que sacudieron el régimen de Jacob Zuma en Sudáfrica antes de que se viese desplazado de la presidencia por los escándalos de corrupción; han dado cobertura a los empleados de banca que destaparon casos de malversación de fondos en el entorno del antiguo presidente congoleño Joseph Kabila; y más recientemente han estado en el origen del Luanda Leaks, una filtración masiva de documentos que alertaba del origen opaco y sospecho de una parte de la fortuna de la mujer más rica de África, Isabel Dos Santos.

La amenaza de la situación actual sobre los derechos fundamentales y el aumento de la corrupción no es exclusiva del continente africano

“Para reducir el riesgo de malversaciones o de ataques a las libertades fundamentales, hay que exigir a nuestros dirigentes mecanismos de control ciudadano”, señala Thulliez que se refiere tanto al uso de datos personales de las aplicaciones de lucha contra la epidemia, como a la gestión de los fondos especiales. Pero también recuerda que es necesario que se garanticen los mecanismos de denuncia, la figura y el papel de los filtradores. “Los alertadores tienen que poder contribuir a esclarecer la verdad estando protegidos. Los Estados tiene que adoptar leyes que den protección jurídica a los alertadores. Cuanto más puedan desvelar las actividades ilegales o contrarias al interés general estando a salvo de represalias, los y las que toman decisiones se sabrán menos impunes por las posibilidades de revelaciones”, exige este abogado francés.

El coordinador de PPLAAF en África Occidental recuerda que en este momento de excepcionalidad “los lanzadores de alertas son especialmente necesarios, en un contexto en el que es difícil organizar reuniones públicas, manifestaciones o encuentros para denunciar debido a las normas de distanciamiento social” impuestas por las medidas contra la covid-19. Por eso, para Fadel Barro en este momento, más que nunca se impone la estrategia de la organización en la región que coordina: “Los actores de las sociedades civiles necesitan hablarse mejor. Cada uno hace un trabajo buenísimo en su ámbito, pero creo que necesitamos establecer redes. Intentamos es poner a los lanzadores de alerta juntos. Una comunidad fuerte defiende mucho mejor a sus miembros que cuando estamos aislados. Necesitamos continuar poniéndonos juntos para ser más efectivos y avanzar porque individualmente somos débiles. Pretendemos crear redes fuertes, tanto para la denuncia pública, como para la presión, o para mejorar el marco legal y para la formación de la opinión. Si la opinión pública es fuerte, si está bien informada de lo que pasa, ella misma es capaz de auto organizarse y de convertirse en una muralla ciudadana contra el mal Gobierno, contra la corrupción, contra el desvío de bienes públicos”.

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