Avances en la lucha contra la corrupción

La corrupción es uno de esos grandes tópicos que persiguen a África pero, en este caso, algo de razón hay; lo que sucede es que resulta muy difícil cuantificarla y nunca sabemos realmente el alcance que tiene. Algo nos puede ayudar en esta tarea el sondeo que la ONG Transparency International publicaba el pasado mes de diciembre titulado: People and Corruption: Africa Survey 2015. Según el mismo, la corrupción habría aumentado en el continente en los últimos 12 meses y la mayoría de los gobiernos no estarían cumpliendo con su obligación de poner fin al abuso de poder, a los sobornos y al secretismo en los contratos.

Dice el informe que el 22 % de los africanos que tienen contacto con los servicios públicos admite haber tenido que pagar un soborno durante el último año. En Liberia la cifra se eleva al 69 % mientras que en Kenia al 37 %, en Nigeria al 43 % y en Sudáfrica al 83 %. Los sobornos más frecuentes se pagan a la policía y a los funcionarios judiciales. También se resalta que estos funcionarios se ceban más con los ciudadanos pobres que con los ricos, los cuales, por lo general, no necesitan sobornar tanto como los otros.

A pesar de todo esto, en los últimos días nos han llegado buenas noticas respecto a la lucha contra la corrupción que muestran que algo empiezan a cambiar en el continente.

El pasado 3 de febrero, los periódicos nigerianos se hacían eco de que la Comisión contra los crímenes económicos y financieros (EFCC por sus siglas en inglés) ha recuperado y confiscado 2 billones de dólares, procedentes del fraude y la corrupción, en los últimos 12 años. La cantidad puede parecer pequeña para un país donde las cifras de la corrupción son inimaginables, pero es un buen comienzo. Además, el fiscal general nigeriano y ministro de justicia, Abubakar Malami, ha anunciado que está trabajando junto con el poder judicial para terminar con la impunidad de este tipo de delitos.

El ministro de justicia asegura estar buscando la colaboración de todas las agencias del gobierno federal nigeriano para luchar contra la corrupción. El hecho de que el poder judicial tome parte en esta lucha supone un cambio importante de patrón ya que en repetidas ocasiones, el presidente del país, Muhammadu Buhari, se ha lamentado de la falta de colaboración de este poder. Hace pocos días, durante la última cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba, él mismo declaró que “el poder judicial es mi único dolor de cabeza en la lucha contra la corrupción”.

Hay que aclarar que, normalmente, Buhari no es muy objetivo cuando habla de los jueces a los que ha acusado, en repetidas ocasiones, de poner obstáculos a sus carrera presidencial durante años.

El presidente del tribunal supremo, Mahmud Mohammed, por su parte, durante un seminario contra el fraude, los delitos cibernéticos y la corrupción celebrado en Abuya, demandaba del gobierno la implementación de reformas que faciliten una mejor coordinación entre instituciones y desarrollen sinergias que ayuden al intercambio de comunicación e información para así poder luchar contra el fraude y la corrupción de manera eficaz. El ministro de justicia también se quejó de que el fraude y la corrupción están ralentizando los esfuerzos de crecimiento enconómico realizados por el país.

Estas noticias se producen en un ambiente en el que cada día se conocen nuevos casos de corrupción en el país que presume de ser la primera economía africana. Sin embargo, todas las instancias parecen reconocer los esfuerzos que el actual gobierno está haciendo para luchar contra esta lacra que ha caracterizado al país desde su independencia.

Es curioso, también, ver el cambio experimentado por el presidente Buhari. Este llegó a la presidencia por primera vez en diciembre de 1983 gracias a un golpe de estado. Estuvo en el poder hasta agosto de 1985 cuando le sucedió Ibrahim Babandiga, tras otras asonada militar. Con antelación había sido ministro del petróleo lo que le permitió, según escribe el Premio Nobel de literatura nigeriano Wole Soyinka en su autobiografía, Partirás al amanecer, saquear grandes cantidades de dinero público, convirtiéndose en uno de los personajes más corruptos de la política nigerina. Tras restaurarse la democracia en Nigeria, Buhari fue candidato presidencial en las elecciones de 2003, 2007 y 2011, que no consiguió ganar. Finalmente, se hizo de nuevo con el poder en la última contienda presidencial de 2015.

A pesar de este pasado turbulento, parece que ahora Buhari se ha convertido en el paladín de la lucha contra la corrupción, lo cual debe ser celebrado.

La otra noticia nos llega desde Sudáfrica donde el presidente Jacob Zuma ha hecho público un comunicado anunciando su voluntad de reembolsar el dinero del estado que ha utilizado para rehabilitar su residencia particular. Se trata de un intento para poner fin a un escándalo que dio origen a una protesta nacional y que se tradujo en fuertes enfrentamientos en el parlamento. La polémica surgió tras conocerse un informe de 2014 del organismo de control del gobierno de Sudáfrica que concluyó que Zuma se benefició indebidamente de fondos estatales.

Zuma quiere que un auditor independiente tase la cantidad que tiene que devolver por los más de 20 millones de dólares financiados por el estado que ha gastado en su residencia. Ese dinero habría sido invertido en la construcción de una piscina, granjas para el ganado y un anfiteatro.

El comunicado llega tras amenazar los partidos de la oposición con llevar el caso ante el Tribunal constitucional. También se produce días antes de que Zuma pronuncie el discurso sobre el estado de la nación, que tendrá lugar el próximo 11 de febrero. Durante el del año pasado se produjo un gran altercado entre miembros de la oposición que gritaban “devuélvenos nuestro dinero” y las fuerzas de seguridad que terminó con la expulsión del parlamento de algunos miembros del partido Economic Freedom Fighters (EFF), entre ellos su líder Julius Malema, y el abandono voluntario de los diputados de Democratic Alliance (DA).

A la oposición no le ha convencido el comunicado del presidente y sigue con su idea de acudir al Tribunal constitucional. Lo cierto es que la presión popular y política, al menos en este caso, sirve para que se devuelva el dinero apropiado indebidamente, otro paso adelante en la lucha contra la corrupción que hay que celebrar.

A todo esto habría que añadir otra de las afirmaciones del informe de Transparency international que citábamos al inicio; este señala que en Botsuana, Burkina Faso, Lesotho y Mauricios los ciudadanos hablan positivamente del esfuerzo de sus gobiernos en la lucha contra la corrupción y reconocen que no es normal que tenga que sobornar a los funcionarios para ser atendidos.

Definitivamente, algo se mueve en África.