De la crisis se sale cooperando

¿Cómo podríamos promover un desarrollo sostenible en este mundo tan complejo, cambiante e interdependiente? ¿Cómo comenzamos a situar en el centro de las políticas públicas la vida de todas las personas y también la de las generaciones futuras? Son cuestiones que han cobrado especial fuerza en medio de las crisis que ha ido despertando o acelerando la pandemia de la covid-19. Y precisamente esto es lo que ha hecho que la cooperación descentralizada del Estado, aquella que realizan las administraciones autonómicas y locales, haya decidido dirigir todos sus esfuerzos a trabajar de manera conjunta en la construcción de ese mundo mejor. Porque si hay algo que tenemos claro es que de esta crisis se sale cooperando.

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Este lema es el que lleva a nuestras 17 comunidades autónomas —que suponen el 20% del esfuerzo en materia de ayuda internacional que realiza el país— y a nueve fondos locales de cooperación a firmar un pacto de propuestas imprescindibles para poder responder de manera conjunta, coordinada y desde la cooperación internacional a este nuevo contexto en el que nos ha colocado la covid-19. “Apostamos por consolidar alianzas que permitan a la cooperación continuar invirtiendo y contribuyendo a garantizar un presente y un futuro sin dejar a nadie atrás”, explicamos en esta declaración conjunta que impulsamos en el último Encuentro de Comunidades y Cooperación, celebrado en Euskadi. El próximo tendrá lugar en Extremadura.

Nuestros gobiernos regionales están prestando una enorme atención al impacto ocasionado por la pandemia y a sus consecuentes transformaciones en todos los niveles (económico, social y político). “La crisis de la covid-19 ha puesto de manifiesto la interdependencia geográfica y entre los diversos ámbitos del desarrollo: salud, economía, protección social, medio ambiente...”, recogemos en la declaración. Por eso, desde la cooperación descentralizada proponemos abordar los desafíos existentes desde una perspectiva local-global, de manera coordinada y complementaria.

En este sentido, la declaración conjunta responde a retos que se han puesto de relieve con la pandemia, como los de avanzar hacia la sostenibilidad, reforzar lo público, apostar por lo local y reducir las brechas que nos distancian (como la digital). Además, la respuesta a la pandemia ha puesto de relevancia el aporte fundamental de las mujeres, por lo que seguiremos reforzando las políticas de género. Y por último, apostamos decididamente por el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y su participación en el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas, puesto que desde su cercanía a las poblaciones más vulnerables pueden garantizar la defensa de sus derechos sin dejar a nadie atrás.

Esto mismo es algo que tiene muy claro la Junta de Extremadura, y así lo ha puesto de manifiesto durante los años previos a la actual crisis, tomándose muy en serio la cooperación internacional, como una política social más, generadora de oportunidades y de reparto de la riqueza, al mismo tiempo que apostaba por un modelo de gobernanza participativa con los actores sociales de la región, construyendo, por tanto, una política de cooperación fuerte, participativa, feminista e innovadora. Y aunque la cooperación extremeña es innovadora en bastantes otros aspectos, destaca la orientación de sus políticas hacia el feminismo, así como los esfuerzos que dirige a trabajar sobre los desafíos y oportunidades que nos presenta la movilidad humana y que ha dado lugar, entre otras iniciativas, a la consolidación del Congreso de Periodismo de Migraciones, que la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID) realiza en alianza con la Fundación porCausa, y que es único en su especialidad en el mundo.

Pero esta forma de entender la cooperación en Extremadura encuentra su mayor sentido cuando se complementa y coordina con el buen hacer del resto de autonomías y entidades locales de nuestro país. La cooperación descentralizada ha conseguido, después de 30 años de trabajo, ser la mejor aliada de la sociedad civil, manteniendo una singularidad innovadora que ha permitido proteger a defensores y defensoras de derechos humanos en Euskadi, impulsar la participación social y política de las mujeres desde Asturias, Galicia o Cantabria, promover el desarrollo sostenible que nos propone la Agenda 2030 desde Aragón, Cataluña, Navarra o La Rioja, ampliar el derecho a la educación desde las Islas Baleares, Castilla-León o Comunidad de Madrid, mejorar los sistemas sanitarios de los países más empobrecidos desde Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía o Canarias o atender a las personas con diversidad funcional que ha se ha realizado desde la Comunidad Valenciana.

La crisis de la covid-19 ha puesto de manifiesto la interdependencia geográfica y entre los diversos ámbitos del desarrollo: salud, economía, protección social, medio ambiente...

La política de cooperación exige un nuevo marco multilateral y multinivel capaz de considerar la diversidad de los desafíos actuales y la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Las comunidades autónomas y entes locales de nuestro país han sabido verlo, y hoy están buscando un equilibrio entre lo urgente y lo importante. La gravedad de la situación nos obliga a priorizar también aspectos a medio y largo plazo, como la revalorización de los bienes públicos globales, las consecuencias del cambio climático, o las causas de las grandes migraciones. Porque, como reza el documento consensuado, “la solidaridad internacional es una responsabilidad compartida e imprescindible para garantizar el futuro del planeta”.

Y fruto de este consenso, ha cristalizado un hecho histórico en la cooperación descentralizada. Por primera vez, las 17 autonomías daremos una respuesta conjunta a las poblaciones desplazadas y refugiadas en situación de especial vulnerabilidad agravada por la crisis de la covid-19. Esta respuesta va a suponer una aportación de más de 2,4 millones de euros para atender a las personas refugiadas que viven en los campamentos saharauis de Tinduf y Palestina.

Cada comunidad autónoma mantendrá sus propias políticas de cooperación y líneas de ayudas, pero esta iniciativa pone de manifiesto nuestro compromiso con la solidaridad y el necesario papel que las autonomías y entidades locales tienen que seguir jugando en el sistema de cooperación internacional para el desarrollo.

Isabel Sánchez Benito, José Ángel Calle Suárez y César Marcianes García forman parte de la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID).

Este es el primer artículo de una serie sobre el valor de la cooperación descentralizada y su aportación a la consecución de la Agenda 2030 de la ONU.