La odisea de garantizar las viandas escolares para los niños más pobres

Hace más de 70 días se suspendieron las clases presenciales en las escuelas argentinas por la covid-19. Para muchos niños y niñas, el cierre no solo impacta en su educación y sociabilización, sino también en el acceso a una comida saludable. Las viandas escolares son esenciales para muchas familias en situación de vulnerabilidad.

La norma que suspendió las clases estableció la continuidad de la provisión de viandas para quienes dependen de la escuela para alimentarse. En la ciudad de Buenos Aires, donde la cuarentena sigue de manera más estricta, el Gobierno está ofreciendo 420.000 canastas escolares en más de 1.340 centros educativos, los cuales abren sus puertas para entregar los alimentos. De todas formas, la coordinación logística de las entregas se ha encontrado con muchos obstáculos.

El 20 marzo, el día que comenzó el aislamiento social obligatorio, Gisela Quintana, una vecina de 35 años de la Villa 31, tuvo que ir hasta el colegio de sus hijas, de nueve y tres años, para retirar las viandas para transportarlas a su casa. Para llegar hasta allá tenía que tomar un colectivo y caminar varias cuadras. De por sí, era complicado salir del barrio porque las fuerzas de seguridad no lo permitían sin un salvoconducto. Además, debía exponer su salud en el transporte público.

“Fui dos veces a la escuela Indira Gandhi a retirar las viandas. Como a muchas familias se les complicaba llegar hasta ahí, con un grupito de madres esperábamos hasta la tarde y traíamos al barrio lo que sobraba para repartirlos con otros chicos que asisten al centro. Si no, se tiraba”, cuenta Quintana.

La presidenta de la cooperadora de la escuela Indira Gandhi, Paola Rocha Matto, también es vecina de la Villa 31 y ella insistió mucho para que las entregas se pudieran realizar en el barrio. Ella reconoce que era complicado para los chicos ir a buscarlas. Allí, asisten 184 alumnos de la Villa 31.

“El primer lunes que se decretó la cuarentena, fui a la escuela y la directora me mostró la olla de guiso que se tuvo que tirar porque muchas familias no pudieron llegar. Después se entregaron sandwiches y si no los venían a recoger antes de las 14, había que tirarlos a la basura. Algunas veces pudimos coordinar con un colectivo que se desvió del recorrido y nos acercó las viandas al barrio. Yo esperé al chofer para recibirlas y avisé a las familias por Whatsapp para realizar la entrega. Se hizo de manera improvisada e informal”, dice Rocha Matto.

Las primeras comidas que se ofrecieron consistían en un sándwich, una fruta y una barrita de cereal. A partir del 1 de abril, el Gobierno cambió la metodología y comenzó a ofrecer bolsones de alimentos para 15 días. Ahora, las canastas contienen productos para el desayuno, almuerzo y refrigerio. Se entregan para que las familias puedan cocinarlos en sus hogares. Las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda, familias y docentes denunciaron que los bolsones no alcanzaban y no eran saludables.

“Ahora estamos peleando justamente para que el contenido mejore en cantidad (que consideramos es insuficiente), variedad (para que haya más equilibrio entre los seis grupos de alimentos) y calidad (ya que no cumple con los valores nutricionales de la ley de alimentación saludable)”, dice Eric Soñis, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH).

Para el desayuno y el refrigerio se ofrece prácticamente lo mismo: dos litros de leche, cinco saquitos de té y cinco de mate cocido, cinco frutas, cinco envases individuales de galletitas y cinco barras de cereales. Para 15 almuerzos, se brinda un paquete de arroz, uno de fideos, uno de azúcar y uno de queso rallado. También, una caja de puré de tomate, una botella de aceite, una bolsa de lentejas, una lata de arvejas y pescado en conserva. Las verduras: zanahoria, calabaza y cebolla. De postre, una caja de flan o gelatina y cinco unidades de frutas.

Como quedó en evidencia la dificultad de las familias para llegar a las escuelas, que estaban lejos de los barrios, tuvieron que acercar los bolsones hacia ellas. Pero así y todo, la desorganización permaneció. “Yo estoy embarazada, a una semana de tener familia, y me daban puntos de retiro distintos para cada una de mis hijas. Me recorrí la villa de punta a punta para buscar los bolsones”, dice Gisela Quintana. La Villa 31 es uno de los principales asentamientos informales de la Ciudad.  Ahí viven más de 40.000 personas. 

Además de las canastas escolares, Quintana asiste a un comedor barrial. Asegura que no le alcanzan los productos que le entregan. Ella es mamá soltera y por el momento no está trabajando. En cinco de cada 10 hogares de villas y asentamientos se dejó de comprar algún alimento por no tener dinero, según una información que denunció Unicef. En el 17% de los hogares algún miembro de la familia acudió a algún comedor comunitario a retirar viandas o alimentos. La última vez que Quintana fue a retirar los bolsones había mucha gente. Cuenta: “Tuve que hacer dos filas. La gente no cumplía el distanciamiento social. Estaban todos amontonados. Algunos con el barbijo y otros no”.

La mayoría de casos de covid-19 se está dando en los barrios empobrecidos de Buenos Aires

En este momento, uno de cada tres casos confirmados del nuevo coronavirus en Buenos Aires se registra en villas y asentamientos. El Gobierno porteño confirmó más de mil casos de covid-19 en los barrios vulnerables de la Ciudad. Los más afectados son: Barrio 31 con y Barrio Padre Ricciardelli (1-11-14).

Romina Pérez (nombre ficticio por pedido de la entrevistada) también tuvo problemas para retirar las viandas escolares de sus hijos de once y cinco años. La mujer de 35 años había retirado los alimentos de los niños en la Escuela María Elena Walsh, cercana a su domicilio en la Villa 31. Recientemente, se acercó para retirar nuevos bolsones y el personal del colegio le avisó que a ella le habían cambiado el punto de retiro. Le dijeron que debía consultar en otro centro que se encuentra fuera del barrio.

A ella le resulta imposible salir del distrito para ir a retirar las viandas. Explica que este se encuentra cercado debido a las medidas de emergencia dispuestas por la cuarentena y que además no cuenta con ninguna persona que pudiera quedarse al cuidado de sus hijos mientras ella sale de su casa. A todo esto, agrega que ha sido víctima de violencia de género y que cuenta con una medida de restricción vigente y con botón anti pánico. En lo que se refiere a sus ingresos, dice que en épocas normales se desempeña en una cooperativa y que cobra una suma mensual aproximada de 6.000 pesos argentinos, unos 82 euros. Pero en este contexto, solo percibió la Asignación Universal por Hijo, la transferencia del estado para menores de 18 años en situación económica vulnerable. El monto de la asignación es de 3.100 pesos (42.5 euros)

Mariana García (nombre ficticio) vive en la Villa 31 bis y tiene ocho años. Su madre solicitó una vacante escolar en tercer grado de educación primaria y la pandemia la encontró en lista de espera. Como Mariana no obtuvo su vacante no pudo ser considerada para solicitar una beca alimentaria. En los casos como el de Mariana, los chicos no solo no acceden a las viandas, sino que tampoco tienen clases a distancia.

Mientras en muchos barrios vulnerables, tras muchos obstáculos y trabas logísticas, se  logró acceder a bolsones de comidas, en Saldías, un asentamiento lindero a la Villa 31, todavía no llegó ninguna entrega, a pesar de formar parte de la Comuna 2, uno de los distritos con más recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el ciclo escolar, niñas y niños de este asentamiento viajan más de dos kilómetros a pie para asistir a la escuela, pero en este contexto se les hace imposible ir hasta allí.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) viene acompañando el reclamo del barrio Saldías para que se cumplan sus derechos y las comidas lleguen hasta las familias y los menores de edad sin exponerlas a riesgos sanitarios. Se ordenó establecer mecanismos para facilitar el acceso a quienes viven lejos de las escuelas y para algunas familias la solución es retirar los bolsones de alimentos en otros centros educativos o instituciones públicas cercanas a sus domicilios, pero en Saldías no hay ninguna.

Ante la intimación judicial para resolver esta situación, el Gobierno de Buenos Aires propuso un punto de entrega a un kilómetro de distancia, cuyo acceso supone atravesar avenidas no urbanizadas y el cruce por un camino solo transitado por camiones hasta la Villa 31. “Con los contagios en la Villa 31, las familias no están dispuestas a movilizarse hasta allá”, comenta Francisco Rodríguez Abinal, integrante del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales en ACIJ. 

Según Carmen Ryan abogada y coordinadora del área Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ, es importante que las entregas sean en puntos accesibles para las familias. Dice: “A veces cerca de las casas es un centro comunitario o una escuela. Pero cuando no están estas posibilidades, el Estado tiene que acercarse con una camioneta y generar un nuevo puesto de distribución”. En este sentido, Rodríguez Abinal agrega: “Hay que reconocer que las formas de entrega son deficitarias. Mejorar la logística implica brindar más posibilidades para las familias, ser más flexibles y dar más horarios para evitar la concentración de personas”.

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