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El mal reparto de las transferencias a la infancia en Argentina

De los 13 millones de niños y adolescentes que viven en el país, el 90% recibe alguna asignación del Estado. Entre quienes carecen de ellas están los más vulnerables

Familia de Santiago del Estero (Argentina) que percibe la Asignación Universal por Hijo.
Familia de Santiago del Estero (Argentina) que percibe la Asignación Universal por Hijo.

La crisis económica que atraviesa Argentina se ceba con la infancia. En esta coyuntura, aumenta el riesgo de que abandonen la escuela, ingresen tempranamente al mercado laboral, disminuyan la cantidad y calidad de alimentos que consumen, vean restringido su acceso a los servicios de salud o sean víctimas de violencia, entre otros riesgos sociales significativos, según advierte Unicef.

Para revertir el escenario actual, en el que cuatro de cada diez niños son pobres, y garantizar que las familias con chicos cuenten con ingresos suficientes para vivir dignamente, el Estado transfiere ingresos a través de diferentes vías. “Pero todavía hay más de 1,4 millones de niños que no reciben ningún tipo de transferencia. En su mayoría, se trata de niños de los sectores de menos ingresos”, cuenta Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social de Cippec.

Los tres canales de ingresos son las asignaciones familiares del subsistema contributivo (AFH), la Asignación Universal por hijo (AUH) del subsistema no contributivo y deducción del Impuesto a las ganancias. Percibir una u otra transferencia depende de la ocupación de los padres: el primer caso se refiere a niños cuyos progenitores son empleados formales; en el segundo, son trabajadores informales o están en paro; y en el tercero son trabajadores formales de ingresos más altos. “Este esquema es inequitativo y fragmentado. De los 13 millones de niños menores de 18 años, el 29% recibe AUH; el 39%, AFH; y un 5% reciben apoyo monetario a través de la deducción del Impuesto a las Ganancias. Del 27% restante, un 13% se encuentra cubierto por AFH contributivas provinciales y un 3% por pensiones no contributivas”, señala Díaz Langou.

Según la referente de Cippec, hay dos motivos principales por los cuales los niños están apartados del régimen de transferencias: “Por un lado, se calcula que alrededor de 910.000 están excluidos por normativa u otras razones. Esto incluye casos tales como pequeños a partir del sexto hijo en una familia —la AUH tiene un límite de cinco prestaciones por familia —, los hijos de inmigrantes con menos de tres años de residencia, o los hijos cuyos padres reciben alguna otra prestación de programas sociales o de empleo. El último caso se debe a que, pese a existir un decreto que compatibiliza la AUH con otros programas, este no ha sido reglamentado. Por otro lado, alrededor de 467.000 niños y niñas no estarían recibiendo una transferencia actualmente porque no tienen un adulto asociado en el registro y por ende se desconoce su situación. Estos casos son los que el gobierno está intentando identificar”.

Además, el sistema de transferencias del Estado a la infancia tiene otros problemas más allá de la cobertura: los montos que reciben los niños varían, dando lugar a inequidades; los criterios de elegibilidad son heterogéneos; y, en algunos casos, el acceso a la transferencia está condicionada por corresponsabilidades que las familias deben cumplir. “Este escenario inequitativo contribuye a la infantilización de la pobreza y supone un obstáculo para el desarrollo del país: no abordar esta situación implica desaprovechar la oportunidad que ofrece el llamado bono demográfico. Es decir, la ventaja de que aún la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente: niños y adultos mayores”, comenta, Díaz Langou.

El sistema de transferencias del Estado a la infancia tiene otros problemas más allá de la cobertura: los montos que reciben los niños varían, dando lugar a inequidades

Impacto de la asignación universal por hijo

El 72% de los cubiertos por la AUH se encuentran en el quintil más bajo de ingresos. El monto por hijo es de 1.694 pesos (unos 38 euros). Esta asignación es una transferencia mensual que equivale al 80% del monto total, mientras que el restante 20% se abona a fin de año en un único pago previa constatación de corresponsabilidades en salud y educación. Se requiere que las familias cumplan con controles sanitarios y el plan de vacunación obligatorios para niños menores de cinco años. Además, se debe presentar el certificado de alumno regular en una escuela para mayores de cinco años. Para la AFH y la deducción del Impuesto a las Ganancias no se exigen corresponsabilidades.

Sebastián Waisgrais, especialista de monitoreo e inclusión social de Unicef, asegura que la AUH tiene mayor impacto sobre la pobreza extrema. Hoy la canasta básica, que determina lo que necesita una familia para no ser pobre, está en torno a los 20.000 pesos (unos 445 euros). Waisgrais agrega: “El poder adquisitivo de las transferencias se ve acotado en este contexto económico complicado”.

La provincia (equivalente en España a comunidad autónoma) de Santiago de Estero, una de las más pobres del país, ejemplifica el funcionamiento de estas ayudas. Allí, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en conjunto con la ONG Haciendo Camino para identificar a las familias de mayor vulnerabilidad. Al iniciar el proyecto en febrero de 2017, identificaron 293 personas con posibilidad de tramitar la AUH. A partir del acompañamiento, ya realizaron 208 gestiones exitosas.

La fundadora de Haciendo Camino, Catalina Hornos asegura que en Santiago del Estero muchas personas viven solo de la AUH. “Esto les permitió comer muchos más días al mes. No digo todos, porque no les alcanza para llegar a fin de mes. La asignación es reimportante porque dio más acceso a la alimentación, a la escuela y a las vacunas. Pero es una ayuda que debería ir acompañada de otras acciones como acompañamiento a los padres. Es importante enseñarles a administrar el dinero y formarlos para evitar que la base de las compras sean snacks y gaseosas”, afirma.

Brenda Medina tiene 21 años y asiste al Centro de Haciendo Camino de la ciudad de Santiago del Estero. Su familia está compuesta por su pareja y cuatro hijos de entre ocho y tres años. “Empecé a cobrar la AUH cuando mi hija más grande tenía dos años y medio. Cuando empecé a cobrar la asignación, fui comprando cemento y, con el tiempo, pude construir una pieza chica. Mi mamá me ayudó a hacer el trámite en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) porque yo tenía 12 años cuando tuve a mi primera hija, y necesitaba un garante. Mi mamá me cobraba la asignación en ese momento”, relata la joven. Hoy Medina también cobra la tarjeta social de 2.300 pesos (unos 51 euros) para alimentos que da el Ministerio de Desarrollo Social. Además de estos ingresos, desde hace más de un año que ella trabaja haciendo limpieza en varias casas de familia.

El monto que reciben las familias por hijo con discapacidad es mayor. El total es de 5.491 pesos (aproximadamente 122 euros). Milagros Díaz tiene 20 años y su hijo Mateo de tres, padece parálisis cerebral. Cobrar la AUH la ayuda a pagar los remedios que (sí o sí) tiene que darle a su hijo y con ese dinero se siente segura de que va a poder comprar los pañales. Milagros asiste al centro de Haciendo Camino desde su embarazo. Como ella era menor, la organización la acompañó en todo el proceso de solicitud de la AUH. Se la ayudó a conseguir los turnos en la Anses, gestionar los papeles y varios trabajadores sociales la acompañaron.

Propuestas para cambiar el sistema de transferencias del Estado

Tanto Waisgrais como Díaz Langou coinciden en que es necesario alcanzar a todos los niños que actualmente no reciben transferencias. Creen que es importante eliminar el requerimiento de cumplimiento de corresponsabilidades, dado que imponen una exigencia y potencial penalización para las familias de contextos más vulnerables y con más dificultades para cumplirlas. “En caso de mantenerlas, se las debería establecer para las tres vías del esquema de transferencias con el fin de promover la equidad del régimen y no penalizar a quienes viven en situación de mayor vulnerabilidad”, dice la referente de Cippec. Según Waigrais, la evidencia muestra que en los países, donde la transferencia no requiere corresponsabilidades los efectos son los mismos. Otro punto que ambos modificarían es el tope de cinco prestaciones por familia. Por otro lado, argumentan, sería interesante incluir a hijos de inmigrantes con menos de tres años de residencia.

Además, proponen aumentar el monto de la AUH para acercarlo al valor de la canasta básica, con el fin de otorgar un monto que permita reducir la pobreza y la indigencia. Señalan que esto debería hacerse sobre la cantidad ordinaria de la prestación y no a través de bonos extraordinarios.

“Frente a la elevada volatilidad macroeconómica, la tendencia a la baja en los indicadores de pobreza e indigencia que se registró en los últimos trimestres probablemente se revierta. El acuerdo firmado con el FMI incluye una cláusula de salvaguarda que permite incrementos de hasta un 0,2% del PIB para proteger a los sectores más vulnerables en caso de que las condiciones sociales empeoren. Desde Cippec, proponemos una reforma gradual del régimen de transferencias, con el fin de considerar las restricciones presupuestarias que operan en la actualidad”, resalta Díaz Langou.

Modelos de la región

En la región, muchos países fueron modificando y mejorando sus programas de transferencias condicionadas con el fin de fortalecerlos como una herramienta para reducir la pobreza. En Chile, el Ingreso Ético Familiar otorga un monto fijo incondicional a las familias –el pilar de dignidad– y adiciona montos variables –el pilar de deberes y el pilar de logros– que sí dependen del cumplimiento de las corresponsabilidades. “Esto se diferencia del caso argentino, que quita la transferencia completa en caso de incumplimiento de los requisitos de salud y educación, así penalizando a las familias de contextos más vulnerables”, explica Díaz Langou.

Otro caso interesante es el de Familias en Acción en Colombia. Las transferencias se otorgan a las familias según el índice del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que considera la vulnerabilidad de manera multidimensional. Así, además se otorgan montos diferentes según el grado de vulnerabilidad, si la zona es rural o urbana, la edad y el número de hijos. En algunos casos, como el Programa Progresa en México, el importe de las transferencias aumenta cuanto mayores son los niños. Con este fin, las transferencias buscan retener a los adolescentes en la escuela, otorgándoles un dinero que intenta cubrir el costo de oportunidad de trabajar de esos niños.

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