¿Una renta básica universal para la pandemia?

Imaginen que el Gobierno decide ofrecer como respuesta al colapso económico causado por la Covid-19 un cheque de 1.000 euros al mes para cada persona en edad de trabajar en los próximos tres meses. Puesto que en España hay alrededor de 38 millones de personas en edad de trabajar, el gasto inmediato de la medida sería de alrededor de 114.000 millones de euros, el equivalente al 11% del PIB.

Ahora imaginemos que al mismo tiempo el Gobierno aprueba un impuesto extraordinario que solamente se pagará una vez el próximo año. Para determinar la cuantía del impuesto Hacienda calculará la caída de ingresos de una persona entre 2019 y 2020. Todas las personas que no se hayan visto afectadas por la pandemia “devolverán” los 3.000 euros íntegramente. El resto pagarán el impuesto en función de cuánto haya caído su renta.

Greg Mankiw, un economista de la Universidad de Harvard, hacía una propuesta similar para EE UU hace unos días en su blog, con la siguiente fórmula para calcular el impuesto: N*X*(Ingresos de 2020/Ingresos 2019) —donde N son los meses que dure la renta y X la cuantía de la renta—.

¿Cuánto costaría implementar en España una renta de ese tipo? Por simplicidad, supongamos que la mitad de la población en edad de trabajar (unos 18 millones de personas) no ve afectada su renta por la pandemia, otro 25% (unos 9,5 millones de personas) ve su renta reducida a la mitad y otro 25% (unos 9,5 millones de personas) pierde toda la renta durante tres meses.

Siguiendo la fórmula de Mankiw el coste de esa “renta básica temporal” en términos netos para el Estado a lo largo de los dos años sería de menos del 1% del PIB (0,91%), una cifra perfectamente asumible para España. Recordemos que el Gobierno ha anunciado un paquete fiscal para luchar contra la pandemia de 200.000 millones de euros, equivalente a un 20% del PIB.

Lógicamente hay una gigantesca incertidumbre respecto a la evolución futura de la pandemia y estas cifras son simplemente orientativas. Pero la idea se entiende.

Muchos economistas hemos sido tradicionalmente reticentes a sistemas de renta básica universal por varias razones. La primera es que cuesta mucho dinero. La segunda es que al recibirla todo el mundo, se dispersan recursos, en vez de concentrarse en los que más lo necesitan. La tercera es que puede generar incentivos perversos: que la gente “prefiera” por el mismo precio dejar de trabajar o de buscar trabajo.

Sin embargo, nos encontramos en circunstancias absolutamente excepcionales. Millones de personas van a perder su empleo en España. Muchos de ellos estarán cubiertos, pero otros no. Hay sectores que son particularmente vulnerables, como los autónomos, el empleo doméstico o los trabajadores temporales.

Por ejemplo, la mitad de los contratos temporales en España tiene una duración de menos de seis meses. Hablamos de alrededor de dos millones de trabajadores que probablemente no tendrán renovación en cuanto se acabe el contrato. En el ámbito del trabajo doméstico, la situación es todavía más delicada. El 90% del empleo del hogar lo realizan mujeres, el 50% de ellas son inmigrantes, y a diferencia del resto de trabajadores asalariados, carecen de protección por desempleo en caso de despido. Mucha otra gente también vive al día, con parte de sus ingresos provenientes de la economía informal y se encuentran en estos momentos con el agua al cuello.

Existen evidentemente medidas de protección y asistencia en España muy desarrolladas y el Gobierno ha puesto en marcha un plan ambicioso para tratar de cubrir de una forma u otra a todos los colectivos. Sin embargo, la activación de las ayudas es lenta, compleja y burocrática, e inevitablemente muchas personas se van a quedar fuera de cobertura, o bien por falta de información o porque no cumplen algún requisito. Para muchas de esas personas cada día que pasa sin poder pagar las facturas es un infierno.

Una renta de este tipo ofrece tres ventajas fundamentales: es simple, inmediata y llega a todo el mundo. Se podría activar de forma casi automática, cubriría a todos los que lo necesitan y ahorraría miles de horas de trámites y burocracia. En tiempos normales, el coste “de asegurarse que recibe el dinero quien más lo necesita” es asumible. Ahora la inmediatez es esencial.

Además, con un diseño como el que propone Mankiw se pueden solventar los problemas típicos de este tipo de rentas. Sigue siendo mucho dinero, pero ¿para qué está el Estado si no es para ofrecer ayuda de emergencia frente a una adversidad completamente fortuita de este tipo? El segundo problema también se solventa con la propuesta de Mankiw: en vez de “acotar” la ayuda ex ante, lo haces ex post, recuperando el dinero de quien no lo necesitaba un año después. El tercer problema respecto a los incentivos al empleo es irrelevante en estas circunstancias.

Es muy difícil encontrar una ayuda perfecta. En este caso el valor de la inmediatez y la simplicidad es enorme. Por eso, una “renta básica universal para la pandemia” debería considerarse muy seriamente en el menú de opciones que estén barajando los Gobiernos.

Toni Roldán Monés es director de EsadeEcPol, Center for Economic Policy and Political Economy.