Iberoamérica y Asuntos Exteriores: una cuestión de fondo y no de forma

Asumir que la relación entre España e Iberoamérica y el Caribe es una de las prioridades de la acción exterior española es una idea tan generalizada entre la élite política española, que pocos son capaces de explicar los términos de beneficio mutuo de esa relación geoestratégica. Se trata ya de un lugar común, y por ello no nos preguntamos siquiera el por qué y, sobre todo, el para qué.

La falta de reflexión previa hace que afloren más disensos que consensos cuando los actores políticos y sociales plantean líneas programáticas o acciones concretas a realizar. Un ejemplo: Venezuela. La carencia de objetivos y contenidos claros se hace evidente en los momentos de formación de los nuevos gobiernos, cuando aparecen las divergencias sobre dónde ubicar a la región en el organigrama del ministerio encargado.

La separación de las competencias de la antigua Secretaría de Estado de Cooperación para Iberoamérica y el Caribe (Secipic) es sin duda un acierto. Desvincula a la cooperación de un área geográfica, a la vez que la dimensiona como una política pública esencial en la estrategia internacional. Si bien es cierto que los programas de cooperación siempre abarcaron países de otras regiones (sobre todo África) el que esos dos campos se hayan juntado en la Secipic establecía un sesgo de percepción sobre el papel de España en América Latina.

Varios países de la región ya no son prioritarios para la cooperación española, en parte por la buena noticia de que sus economías mejoraron hasta ubicarse en la franja de la renta media. No obstante, esto no significa que desde la Secretaría de Estado que ahora lleva Iberoamérica, no vayan a coordinar acciones con otras instancias del gobierno para concebir políticas para promover o respaldar acciones bilaterales o multilaterales, encaminadas a la reducción de desigualdades (que, como se está viendo, son la principal causa de conflictividad social e inestabilidad política), o tareas que contribuyan a que se cumplan los objetivos de la Agenda 2030 en Iberoamérica.

La enmienda que hizo el Gobierno al sumar Asuntos Exteriores con Iberoamérica y el Caribe ubica las relaciones entre España y la región en un plano más político, que es donde deben estar. Pero la política, es decir la gestión de los intereses comunes basada en relaciones de poder, requiere que los actores involucrados en la búsqueda de consensos (potenciando intereses particulares) tengan muy claro cuáles son sus objetivos, lo que nos regresa a la pregunta del por qué y el para qué.

La lengua es un capital político y económico desaprovechado, pues no dimensionamos adecuadamente la riqueza que implica que todo un continente se pueda comunicar

La respuesta al uso, suele ser que se busca la promoción de los intereses —de todo tipo— persiguiendo el beneficio mutuo. Posición que resulta obvia, pero que, si se analiza, no tiene contenidos claros. Al menos a mí, me resulta más fácil determinar los intereses de Cuba, Venezuela o Argentina, que los de España, más aún si se toma en cuenta las dificultades estructurales para la acción exterior española, que llegan al extremo de que se cuestiona la existencia del mismo país, desde dentro.

Acaso no resulta difícil establecer cuáles son intereses de España si cerca de un tercio de sus diputados ni la nombra y para hacerlo recurren al eufemismo de el Estado. Me pregunto cómo se explican los intereses de un país que dedica mucho esfuerzo a contrarrestar la eficiente acción exterior de una parte del territorio que quiere independizarse. A esto se suma la polarización y falta de acuerdo entre los principales partidos sobre el papel de España en Iberoamérica, Nuevamente, Venezuela como ejemplo. Todo lo anterior, con el limitante añadido del pasado colonial como arma de fácil y eficiente uso en contextos de crisis: la carta del presidente de México al Rey, la embajada de México en La Paz, la destrucción de monumentos en Chile, entre otros.

En los últimos 30 años —usando como referencia la compra de la argentina ENTel por Telefónica— se confundieron los intereses de las transnacionales con los de España como Estado, destinando grandes esfuerzos a la gestión de conflictos particulares. Por ello, siendo optimista, es una buena noticia para la política exterior el proceso de desinversión ocasionado por el agotamiento de un modelo de negocio centrado en sectores altamente regulados, pues obliga a una redefinición de esfuerzos y objetivos. El poder blando, por ejemplo, es un eje por potenciar gracias a la ventana de oportunidades que ofrece el resurgir del multilateralismo. Podríamos ser un bloque con una agenda común en temas culturales.

La lengua es un capital político y económico desaprovechado, pues no dimensionamos adecuadamente la riqueza que implica que todo un continente se pueda comunicar. Sería fácil mejorar la presencia de España en este campo. Pero, es vergonzoso que la RAE (cuya app recomiendo) peligre por falta de fondos públicos, o que la empresa pública EFE no tenga herramientas de difusión de información sobre Latinoamérica, al menos tan buenas como las de la alemana DW o FRANCE 24. Por no hablar de RTVE, carente de estrategia para difundir mejor su excelente programación internacional. Sin que sean ejemplos que seguir del todo, deberíamos fijarnos en los esfuerzos que realizan por ocupar ese espacio los países que promueven RT, HispanTV o teleSUR. Por algo lo harán.

El recibimiento al presidente electo de Argentina en el Congreso de los Diputados cantando el “vamos a volver” muestra que buena parte del Gobierno ve América Latina desde la utopía romántica, visión igual de colonialista que los que la ven como una zona a civilizar, sin olvidarnos de los coloristas que la piensan desde las rancheras o el tango. Si queremos construir una relación de iguales basada en el respeto, no debemos olvidar que América Latina es un conjunto de países en los que sus ciudadanos anhelan vivir en democracias plenas que respeten sus derechos y libertades, con sistemas económicos que les permitan satisfacer sus necesidades en sociedades más justas.

Francisco Sánchez es director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca

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