En este país la discapacidad y el albinismo ya (casi) no son brujería

¿A qué madre podría su propia familia privarla de amamantar a su bebé? Simangaliso Abigail Ncube nació en 1981 en Sasedza, en el distrito de Tsholotsho, una zona rural de Zimbabue. Allí, 20 años después, dio a luz a su única hija. Ambas estaban sanas. “Pero, después del parto, algunos parientes dijeron que no me estaba permitido dar el pecho a mi bebé”, rememora. Es albina. Afortunadamente, otros familiares la apoyaron y pudo cuidar de su pequeña.

Como explica Ncube con excesivo conocimiento de causa, en su comunidad, tanto el albinismo como distintos tipos de discapacidad física o psíquica se consideran causados por la brujería o acaso un castigo irónicamente apellidado “divino”. Millones de personas se enfrentan a barreras en todo el mundo, pero en Zimbabue las dificultades se agravan por el citado estigma social, agudizado en el caso de mujeres y niñas por la marginación de género. Esto se suma a la escasez de recursos en un país que ocupa el puesto 150 de 189 países en el informe sobre el Índice de Desarrollo Humano (con una puntuación de 0,5 sobre 1).

“De niña, caminaba 20 kilómetros al día para ir y volver del colegio. A pesar de mi baja visión, no tenía gafas ni la protección solar que necesitaba, ahora tengo cáncer de piel”, relata por teléfono. Nunca conoció a su padre, y fue abandonada por el de su hija al quedarse embarazada, “porque su familia no aceptó que estuviera con una albina”.

En 2007, a sus 26 años y con ayuda de una organización benéfica, empezó a trabajar como limpiadora en el hospital de su distrito y su calidad de vida mejoró mucho. Pero el día “más maravilloso” de su vida lo considera reciente, el pasado diciembre, durante el acto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Harare, la capital del país. “Participar por mí misma y hablar en frente de tanta gente, de las agencias de la ONU y los miembros del Parlamento, fue increíble”, comenta orgullosa.

Ncube es una de las beneficiarias del programa Avanzando en los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad en Zimbabue, financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (UNPRPD, por sus siglas en inglés) e implantado por tres agencias de la ONU (UNESCO, PNUD y UNFPA), en colaboración también con Unicef, ONU Mujeres, el Gobierno zimbabuense y ONG locales. Entre los objetivos del proyecto, destaca cambiar el discurso y empoderar especialmente a mujeres y niñas en el país.

Oficialmente, la prevalencia de la discapacidad entre la población zimbabuense es del 7% (en torno a un millón de personas), pero, según la ONU, algunos estudios indican que puede ser superior. Al respecto, Raviro Chakaamba (Buhera, 1984), directora del Departamento de Discapacidad del Ministerio de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social, recuerda que el ciclón de marzo del año pasado —que causó más de 700 muertes en Zimbabue, Mozambique y Malawi— incrementó el número de personas con esta condición, y menciona también la alta cifra de accidentes de tráfico, muchos con la misma consecuencia.

Castigo de Dios

Chakaamba confirma la distorsionada visión de la discapacidad en algunas áreas: “En muchas comunidades la identifican con diferentes causas, como brujería, demonios y castigos de Dios”. “Y los retos son más complejos para mujeres y niñas en áreas marginalizadas. Como en otros países, ellas afrontan la intersección de marginación, discriminación y violencia”, añade Maria Gomes do Valle Ribeiro, la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Zimbabue.

De ahí la prioridad de cambiar el discurso sobre ese tema, amplificando la voz de sus protagonistas. Como Elisa Ravengai (Mberengwa, 1974), presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Desde niña, Ravengai contó con adaptaciones educativas para su ceguera y pudo licenciarse en Arte, para después convertirse en profesora de instituto. Posteriormente, continuó sus estudios universitarios y se especializó en desarrollo y discapacidad, ámbito este último que reclama abordar desde la perspectiva de los derechos humanos, “no desde la pena o la caridad”.

Es el mismo planteamiento que lleva muchos años defendiendo el Honorable Joshua Malinga (Imsiza, 1944), consejero para la Oficina del Presidente de Zimbabue. A los dos años, la polio (o, de nuevo, “brujería”, según su comunidad), le hizo perder la capacidad de caminar. Su niñez la pasó “gateando [no tenía silla de ruedas], y ayudando a cuidar de los animales”, en una zona rural y en una familia en la que su padre tenía seis esposas y 41 hijos.

Pero cuando tenía 12 años, se trasladó a vivir en un centro de la Asociación Jairos Jir. Allí, Malinga comenzó arreglando zapatos, pero también pudo estudiar y, con el tiempo, se convirtió en defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

La estimación oficial es que el 7% de la población de Zimbabue (un millón de personas) tiene discapacidad, pero los expertos afirman que la cifra real es superior

Entre muchas responsabilidades, Malinga fue presidente de la organización Personas con Discapacidad Internacional, así como alcalde de Bulawayo (la segunda ciudad más grande del país, con en torno a dos millones de habitantes). “La situación está mejorando, pero aún necesitamos más apoyo para que participemos plenamente en la vida, y se cambie la mentalidad”, asegura antes de confirmar que, como él mismo sufrió en su niñez, el estigma es todavía una realidad presente en muchas comunidades.

Para combatirlo, el proyecto de la ONU está desarrollando, entre otras actividades, talleres para entrenar las habilidades de las zimbabuenses como activistas. Entre ellas, está Ncube, que participa en la Asociación de Albinos de Zimbabue y la organización de Mujeres y Niñas con Discapacidad en Desarrollo. Y Chakaamba, que el pasado septiembre representó a los zimbabuenses en el Foro Panafricano para la Cultura de Paz, en Angola, y que proclama: “Todavía hay pocas personas con diversidad funcional en posiciones de liderazgo, tenemos que esforzarnos para mejorar la participación política y asegurar el cumplimiento del compromiso de la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible promovida por la ONU: ‘No dejar a nadie atrás’”.

También se están llevando a cabo campañas para concienciar en contra de las negativas reglas culturales, así como talleres en las comunidades en contra de esas dañinas prácticas. Además, otra parte del proyecto se centra en la mejora del acceso a los servicios de salud, protección social y justicia por parte de mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género, y la modificación de las leyes para adaptarlas a la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En total, unas 3.000 personas se han beneficiado del programa desde que comenzó en mayo de 2018, con una inversión de 400.000 dólares (unos 365.000 euros) y una duración prevista de dos años, aunque ya se planea extenderlo.

De hecho, la coordinadora residente de la ONU en Zimbabue resalta cómo la influencia del proyecto ya se ha propagado a otras áreas, como ocurre con la Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, en la que beneficiarias con esta condición se han identificado como grupo prioritario. Sin embargo, Gomes do Valle insiste en la necesidad de “cambiar los valores y normas en las mentes de la gente”, para garantizar “los derechos, dignidad e inclusión”. Sobre todo, combatir el estigma y la discriminación.

“En el colegio estaba marginada, suspendía porque no tenía los apoyos que necesitaba, y estaba avergonzada”, recuerda Ncube. “Pero ahora les digo a mis amigas que tenemos que defendernos por nosotras mismas, empoderarnos, exigir inclusión y plena participación en nuestras comunidades, y ser respetadas”, proclama decidida. Y, por supuesto, no se olvida del lema del movimiento de la discapacidad: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Contra el estigma  en Zimbabue, una lección magistral de derechos humanos en primera persona.

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