Una diplomacia facciosa

El precepto diplomático de no intervención en los asuntos internos de otro país ha tenido en América Latina, a lo largo de los años, sobre todo en los de la Guerra Fría, una observancia muy defectuosa. Recordar esos antecedentes es muy útil para no caer en el error de creer que el espíritu partidista que está determinando hoy en las vinculaciones entre Estados es una novedad.

Aún así, resulta muy llamativo el modo en que la política exterior de los distintos países está siendo modelada por afinidades ideológicas transnacionales. Este fenómeno, de carácter global, ha adquirido un relieve especial en la región.

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El brasileño Jair Bolsonaro no tuvo inhibiciones en hacer campaña a favor del argentino Mauricio Macri para las elecciones de este año. Del mismo modo que Alberto Fernández, el rival de Macri, se abrazó a la bandera de la libertad de Lula da Silva. Fernández intervino en el proselitismo uruguayo a favor del derrotado Frente Amplio. En adelante deberá convivir con el ganador, Luis Lacalle Pou.

Evo Morales alentó desde Bolivia la candidatura de Fernández, mientras, en su frustrada carrera hacia la reelección, acusaba a sus rivales de querer convertir a su país en la Argentina de Macri. La renuncia de Morales agudizó estos alineamientos. Para algunos Gobiernos, como el de Estados Unidos o Brasil, fue un restablecimiento de la democracia. Para otros, como el argentino o el mexicano, su colapso. La propensión facciosa de las relaciones internacionales se vuelve más intensa en la medida en que la polarización de la opinión pública en cada país gana agresividad. La agenda externa se convierte en un insumo del conflicto interno.

Esta dinámica acaba de producir una innovación. Un país europeo quedó atrapado en la contradicción latinoamericana. Ese país es España. El misterioso incidente que protagonizaron el viernes pasado dos diplomáticos españoles en la embajada de México en La Paz enredó al Gobierno de Pedro Sánchez en un enfrentamiento en el que se encolumnan fuerzas políticas afines de ambas orillas del océano. La última consecuencia de esta trama es el pedido boliviano para que los representantes españoles y mexicanos sean retirados del país.

Los hechos son conocidos. La encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, acompañada por el cónsul Álvaro Fernández, realizó una visita, definida como “de cortesía”, a la embajadora mexicana María Teresa Mercado. Al cabo de la reunión los diplomáticos españoles buscaron los automóviles en los que habían llegado y ya no estaban. Habían sido obligados a retirarse por manifestantes adversos a Evo Morales, que protestan frente a la Embajada de México, donde están asilados nueve funcionarios del presidente renunciado, entre ellos su ministro del Interior, Juan Ramón Quintana.

Entre los españoles que debieron abandonar el lugar estaban cuatro escoltas del Grupo Especial de Operaciones de la policía, que habían llegado a la zona después que los diplomáticos. El paso de esos agentes, que se cubrieron el rostro para no ser fotografiados, fue interrumpido por la policía boliviana.

Estos episodios han desatado una crisis diplomática. La embajadora mexicana salió en defensa de los funcionarios españoles denunciando a través de un tuit, que después borró, una violación a la Convención de Viena. El Gobierno de España, en cambio, no dio mayores precisiones. Solo consignó que la ministra de Defensa encargada de Exteriores, Margarita Robles, no tenía conocimiento de la visita de los diplomáticos a la Embajada de México. Desde Exteriores no se convocó a Madrid a la encargada de negocios Borreguero, ni al cónsul Fernández. Pero se dispuso una visita de inspección a La Paz para esclarecer lo ocurrido.

El Gobierno boliviano, en cambio, constituyó otro relato. La ministra de Exteriores, Karen Longaric, reclamó a España por los incidentes. Y defendió a la policía boliviana, que no dejó avanzar a los agentes policiales españoles “porque iban encapuchados”. Sin embargo, la interpretación más agresiva la produjo Jorge Tuto Quiroga, designado por el Gobierno provisorio de Bolivia como responsable ante la comunidad internacional para explicar el proceso institucional del país. Quiroga acusó a los diplomáticos españoles de tramar una operación para sacar de la Embajada de México al exministro Quintana, acusado por las autoridades de Bolivia por sedición y terrorismo.

Quiroga también sostuvo que ese rescate habría sido dispuesto por el Gobierno español de Sánchez por presión de sus aliados de Podemos. Según él, Quintana tiene información sobre complicidades económicas del Movimiento al Socialismo de Evo Morales con Podemos, que podría ser embarazosa para los dirigentes de esta agrupación española.

Alrededor de este delicado enredo hay una atmósfera rarísima. El Gobierno boliviano divulga suspicacias sobre la presencia de los agentes del GEO. Deja trascender, por ejemplo, que sus pasaportes habían sido renovados pocos días atrás, el 20 de diciembre. Es difícil de concebir, sin embargo, que la encargada de negocios Borreguero fuera a involucrarse en un operativo como el que denuncia Quiroga, sin una orden escrita de sus superiores en Madrid. Lo mismo cabe para el cónsul Fernández, sobre el que los funcionarios bolivianos también proyectan sospechas: ¿Qué trámites consulares se realizarían en la Embajada de México?

Las autoridades bolivianas y, sobre todo, Quiroga, intentan complicar al socialista Sánchez en el armado de su nuevo Gobierno, con Podemos como socio. Especulan con que Sánchez ofrece una debilidad en esa coalición, sobre todo frente a Europa. La oposición a Sánchez se asocia con el Gobierno de Bolivia: Vox y el PP pretenden interpelar en el Congreso a la ministra de Defensa para que aclare lo ocurrido. Los adversarios de Morales se unen, entonces, con los de Sánchez, en una diplomacia transatlántica facciosa.