Nuestra fortaleza

La crítica antieuropea se nutre hace tiempo del discurso, simplón, pero eficaz, de la inevitable confrontación del pueblo contra las élites de Bruselas. Bajo esta lógica populista, aquel solo podrá ser gobernado dentro del orden soberano de un Estado capaz de gestionar los asuntos colectivos internos y reivindicar, a su vez, sus intereses en el exterior. Hasta aquí, Le Pen y Abascal, pero también Mélenchon, Corbyn y nuestra izquierda anticapitalista. Al otro lado está lo que todos sabemos, la evidencia de que esa ficción de la modernidad llamada soberanía está hoy en declive, siendo muestras claras de ello la globalización o la UE, un entramado institucional y democrático que es, de hecho, uno de los mayores avances civilizatorios de la historia de la humanidad.

En ese marco encaja la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a la consulta elevada por nuestro Tribunal Supremo, y que dictamina que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad desde la proclamación de los resultados de las elecciones del 26 de mayo. Y bien está que así sea, pues Europa está para mejorar nuestro sistema democrático, y esa es también nuestra fortaleza: somos Europa. Pero también vemos ahora el coste de dejar únicamente en manos de los jueces un problema de índole política, cuando un fallo judicial legítimo, claro y garantista, puede acabar haciendo supurar la herida de nuestra contumacia identitaria.

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Editorial | Fallo procesal

Todos jueces

Incapaces de dejar de mirarnos el ombligo en clave nacional, la disyuntiva es evidente: o se es europeísta o no se es; o se cree en los controles y contrapesos institucionales del Estado de derecho o la respuesta es el autoritarismo tribal. Por eso sorprende que el PP haya aprovechado la sentencia para hacer antieuropeísmo. Pero también la extraña y cacofónica euforia independentista tras el fallo, pues resulta irónico que el procés haya pretendido dinamitar el mismo Estado de derecho que ampara a Oriol Junqueras. Nuestro sistema judicial, al que también pertenece el TJUE, es, finalmente, el que garantiza los derechos de todos, y por supuesto también de los independentistas, incluso siendo convictos de la justicia. No podría ser de otra manera.

Quizá por ello no se entiende del todo que la sentencia pueda complicar la ya difícil negociación de la investidura. ¿Qué clase de estrategia política sería la que emplea un fallo judicial como instrumento de presión en una negociación? ¿Qué concepción democrática es esa? Vendría a ser precisamente la judicialización de la política, esta vez con la sentencia a favor. ¿Cabe así un diálogo político? Son preguntas que hemos de mirar de frente. Y sin parpadear.