Todos jueces

Quince minutos después de conocido el fallo del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea que respondía a la consulta del Tribunal Supremo de España sobre la situación procesal de Oriol Junqueras, en prisión provisional y a la espera de sentencia en el momento de ser elegido parlamentario europeo, ya todos los tertulianos de las televisiones y las radios españolas tenían una opinión sobre el mismo. ¡Y sin haber leído la sentencia! Y lo mismo ocurrió una hora y media después, cuando el Tribunal Superior de Cataluña condenó al presidente catalán Joaquim Torra a un año y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos por desobedecer las órdenes de la Junta Electoral en los días previos a las últimas elecciones. No solo los tertulianos, que saben todo y de todo por ciencia infusa, sino los representantes de los partidos políticos, que, como conocemos, son imparciales por definición, ya tenían formada una opinión jurídica, no solo política. ¿Para qué esperar a leer la sentencia entera del Tribunal si la única que nos importa es nuestra opinión?

Lo peor es que ese comportamiento se ha trasladado a la sociedad española, que, desde que la política se ha judicializado y la justicia popularizado por ello, opina de Derecho como si todo el mundo supiera de la materia y como si las decisiones judiciales fueran iguales a las de los árbitros, fáciles de comprender por cualquiera. Ayer y anteayer, de hecho, en los bares y en los centros de trabajo del país las discusiones sobre el arbitraje del Barcelona-Real Madrid del miércoles se entremezclaban con las de las sentencias sobre Junqueras y Torra, como si la justicia y el fútbol fueran lo mismo y, sobre todo, como si todos fuéramos jueces y árbitros de fútbol a la vez, sin necesidad de saber de Derecho. ¿Para qué estudiar Derecho, si todos somos juristas y la justicia no se diferencia del VAR del fútbol, donde cualquiera, interesado o no, dictamina y sentencia en función de sus colores? Si lo hace el presidente Torra, que juzga su propia sentencia, qué no esperar del público en general, para el que las decisiones judiciales son justas o no en virtud de si coinciden o no con sus opiniones. Da igual que se trate de una sentencia sobre una agresión sexual, como la de los jugadores de fútbol de la Arandina, o un dictamen jurídico sobre la necesidad o no de suplicatorio para juzgar a un parlamentario europeo, todos opinan sobre el asunto, al igual que los tertulianos, sepan de Derecho o no. Lo importante es hacerlo con contundencia y, si es en un bar o en una cena de empresa, a gritos; lo de menos es haber leído la sentencia sobre la que se discute ni, por supuesto, saber la legislación.

Por supuesto que todo el mundo puede opinar sobre la justicia, uno de los pilares de la democracia y, por tanto, sujeta al escrutinio público, pero no estaría de más hacerlo con conocimiento y no confundir la justicia con la política, por más que ambas estén relacionadas últimamente más de lo que deberían, y mucho menos con el fútbol, ese terreno de la subjetividad sin ley en el que todo el mundo dicta sentencia sin importarle ser parte y juez a la vez. Aunque el hooliganismo se haya adueñado de la vida española, los jueces no son árbitros de fútbol, ni sus sentencias, jugadas a discutir por los aficionados.