Lo primero, la deuda

El presidente argentino, Alberto Fernández, ha presentado un programa económico que pretende hacer frente a la situación real de emergencia del país. Las finanzas públicas están atenazadas por el vencimiento en los próximos meses de 20.000 millones de dólares de deuda, que el nuevo presidente ya ha declarado que el país no puede pagar; por tanto, tendrá que ser renegociada de inmediato con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otra parte, el país se encuentra con unos desequilibrios económicos graves, con una tasa de inflación insostenible y una extensión de la pobreza que obliga a tomar medidas drásticas e inmediatas. Y todo ello con el convencimiento de que el programa económico de emergencia es solo el paso inicial de un proceso largo y costoso para estabilizar la situación del país.

El programa se articula en cuatro puntos principales: imponer un tributo del 30% a las compras de divisas extranjeras durante cinco años; congelar las tarifas de los servicios públicos durante seis meses; congelar, también durante medio año, la revalorización del sistema de pensiones, basado en Argentina en las variaciones salariales y de precios, y cargar con un nuevo impuesto a los exportadores agrícolas. Fernández reclama además un acuerdo para abortar la supuesta rebaja de impuestos en marcha y un plan estratégico para el sector del automóvil.

Destilado lo esencial, lo que Fernández propone es ejecutar un ajuste que convenza a los acreedores de que su propósito de pagar la deuda va en serio. Y el mayor peso de este ajuste, se mire como se mire, se coloca políticamente en las espaldas de los jubilados. A efectos de funcionamiento, la combinación de un recorte radical a las pensiones de jubilación con una subida de los impuestos a las exportaciones agrícolas, equivale a frenar la economía durante medio año para demostrar al FMI y a Wall Street que la deuda es lo primero.

Ahora bien, la solución no es tan simple. En el juego de garantizar los pagos, bien puede suceder que sea imposible pagar al Fondo y a los privados; en cuyo caso, los privados deberían estar en disposición de aceptar una quita. Este es el quid de la negociación, lo que convierte la reestructuración de la deuda en el cruce de intereses a varias bandas.

A la vista del plan de emergencia de Fernández, surgen varias dudas. Las dos más importantes son si el nuevo presidente y su equipo económico serán capaces de renegociar la deuda dando satisfacción al FMI y a los privados; la segunda, si el programa económico podrá sostenerse durante 180 días con una economía en recesión (-1,3% en tasa anual) y una tasa de inflación del 51%.