El poder para decidir

No es fácil saber si las negociaciones para formar gobierno avanzan. La discreción de los de dentro y el alboroto de los de fuera complican cualquier análisis que pretenda anticipar si el encargo que ha recibido Pedro Sánchez para afrontar la investidura se materializará finalmente bajo los apoyos que ahora se trabajan. La semana que hoy comienza podría precipitar nuevos horizontes dependiendo, esta vez, del pronunciamiento que se espera de Luxemburgo.

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Efectivamente, el Tribunal de Justicia de la UE dará a conocer el jueves la sentencia que responde a las preguntas remitidas por el Tribunal Supremo. El fallo, de obligado cumplimiento, precisará cuándo se adquiere la condición de miembro del Parlamento Europeo, a partir de qué momento un diputado europeo dispone de inmunidad, si le corresponde al Estado adoptar todas las decisiones para hacer efectiva la presencia de un eurodiputado en la sesión de constitución del Parlamento, así como la institución encargada de otorgar el suplicatorio que permita actuar contra un eurodiputado.

Las razones por las que este asunto ha llegado a Luxemburgo son conocidas. Oriol Junqueras (y también Carles Puigdemont) fue elegido eurodiputado y proclamado electo por la Junta Electoral. El Tribunal Supremo le negó la autorización pertinente para abandonar la prisión y completar el trámite administrativo previsto en nuestra legislación para obtener el acta de eurodiputado, lo que provocó un recurso que propició el reenvío del asunto con las dudas pertinentes al Tribunal de Justicia.

Nada tiene de extraordinario que el Tribunal Supremo recurra a este mecanismo de colaboración entre tribunales. Lo curioso del caso es que el Tribunal Supremo siguió adelante con el proceso penal y condenó a Oriol Junqueras a una pena privativa de libertad y a la correspondiente inhabilitación para cargo público. Una vez dictada esa sentencia ¿qué sentido tenía entonces mantener la cuestión prejudicial abierta en Luxemburgo? Con todo, más allá de cómo impacte en Junqueras la decisión de Tribunal de Justicia, lo verdaderamente interesante es la situación de Carles Puigdemont. De hecho, si la sentencia siguiera las conclusiones del Abogado General de la UE y considerara que se adquiere la condición de eurodiputado y la inmunidad desde la proclamación de eurodiputado electo, es probable que quien ahora está fugado de la justicia pueda regresar a España para reactivar su actividad política precipitando, quizás, unas elecciones en Cataluña. Con este contexto no parece muy realista pensar que los partidos independentistas vayan a priorizar el compromiso con la gobernabilidad de España.

La política española lleva demasiado tiempo enredada en un laberinto de procesos judiciales que dificultan avanzar en la definición de un programa de gobierno como el que necesita este país. No discuto que quienes tienen causas abiertas en los juzgados esperen confiados a obtener la razón con la esperanza de fortalecer su apuesta por la independencia y ampliar su apoyo social. Me resulta más difícil de aceptar que dispongan del poder para condicionar la investidura del gobierno de España. La cuestión que queda por aclarar es saber si permitirá Ciudadanos que así sea.