Hora crucial

Un mes después de celebrarse las elecciones generales que siguieron a una legislatura fallida, continúan siendo inciertas las expectativas de que prospere la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, y remotas las de que, de hacerlo, el Ejecutivo que constituya cuente con una mayoría suficiente para gobernar. La única vía en curso para superar esta situación, que involucra al Partido Socialista, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya, se ha desarrollado hasta ahora bajo el signo del hermetismo y la lentitud, y ha venido acompañada de una calculada escenografía de fotografías y comunicados. Según los portavoces socialistas, el sentido último de esta fórmula era permitir que ERC completara un giro estratégico sin coste electoral frente al secesionismo radical en Cataluña.

Las declaraciones de los máximos dirigentes socialistas y republicanos sugieren, sin embargo, que las negociaciones no marchan como lo esperado o que la evolución de las posiciones no se está produciendo en el lado que se anunciaba. ERC no se ha movido aparentemente de las exigencias planteadas en vísperas de comenzar las reuniones por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mientras que, por su parte, el discurso del candidato socialista ha experimentado, también aparentemente, una lenta pero constante transición. El conflicto de convivencia en Cataluña que denunció durante la campaña se ha convertido en un conflicto político, y el marco constitucional donde buscaría los acuerdos con ERC se transformó, este viernes, en un marco de seguridad jurídica en el interior de las leyes democráticas existentes.

Más allá del efecto de estas contorsiones verbales sobre la credibilidad que el candidato socialista necesita ahora más que nunca, lo cierto es que ni las palabras pueden distorsionar los conceptos ni los ciudadanos ser reducidos a espectadores de una función de prestidigitación semántica. El conflicto que se vive en Cataluña es político, sin duda. Pero no porque exista un choque entre el independentismo y el Estado, sino porque, para provocarlo, el independentismo está violentando, en el Estado, las instituciones que gobierna usándolas como si fueran un botín al servicio de su programa. De la misma manera, el encargo hecho al candidato socialista por el jefe del Estado no es para resolver el problema territorial en Cataluña, sino para intentar una investidura. No porque una solución negociada al problema territorial no deba ser abordada, algo que debe ser defendido sin temor y que debió ser planteado por Gobiernos anteriores, sino porque el momento para hacerlo es una vez que un candidato haya sido investido y nombrado un Gobierno. Y, por supuesto, dentro del entero marco constitucional y no de uno solo de sus principios, como si los partidos pudieran escoger qué reglas de convivencia respetar en función de sus necesidades políticas.

Afirmar que la hora es grave invitaría a un fatalismo desde el que solo son posibles la resignación o el exceso. En realidad, más que grave, la hora es crucial, puesto que reclama dejar claras las respectivas posturas. España necesita con urgencia un Gobierno y ese Gobierno por aritmética parlamentaria solo puede estar presidido por Sánchez. Pero no puede ser cualquier Gobierno, ni tampoco un Gobierno investido a cualquier precio. El candidato socialista sabe que no puede comprometer con ERC decisiones que no le corresponden solo a él, sino a la totalidad de las fuerzas políticas. Y ERC tiene que saber también que no hay solución que pretenda cerrar la fractura que el independentismo ha provocado en Cataluña a costa de abrir otra igualmente profunda en el resto de España, un riesgo que sobrevuela la actual negociación.

Formar Gobierno es responsabilidad de Sánchez pero también de los demás grupos de la Cámara. Y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, no puede pretender echar a Sánchez en brazos de ERC para luego denunciarlo y extraer beneficios políticos. Que el Parlamento designe un Gobierno, primero, y resolver el problema territorial en Cataluña, después, mediante soluciones negociadas que existen dentro de la Constitución, no son responsabilidades de las que Pablo Casado pueda desentenderse como hicieron sus predecesores.