Corre un plazo

El candidato socialista, Pedro Sánchez, recibió el encargo de formar Gobierno tras la ronda de consultas mantenida por el Rey con los representantes de los grupos parlamentarios, concluida el miércoles. A partir de este momento, recae sobre Sánchez la responsabilidad de intentar una investidura en el tiempo más breve posible, tras la que comenzaría la cuenta atrás para una tercera repetición electoral en el caso de que no consiguiese la confianza de la Cámara. Este riesgo aconseja no actuar con precipitación, pero en absoluto significa que el candidato socialista disponga de una reserva de tiempo ilimitada para comparecer ante el Congreso. No solo porque ocho meses en funciones son demasiados para un Ejecutivo que ha gobernado año y medio, sino también porque demorar la fecha para la investidura aleja la posibilidad de cualquier acuerdo.

Lo aleja, sin duda, por lo que respecta a las negociaciones en curso con Esquerra Republicana de Catalunya, y también para las que, llegado el caso, deberían explorarse tomando como base la propuesta presentada por Ciudadanos tras el encuentro con el Rey. La dilación impuesta por ERC no obedece a la complejidad de los puntos a tratar, sino al hecho de que este partido vincula cualquier avance a la decisión del Tribunal Europeo sobre la inmunidad de su líder, Oriol Junqueras, y a los movimientos de Junts per Catalunya con la vista puesta en las elecciones catalanas. El candidato socialista no contribuye al buen fin de las negociaciones intentando disimular estas dificultades detrás de señuelos escenográficos para entretener la espera. Los presidentes autonómicos con los que Sánchez anunció una ronda de contactos al recibir el encargo del Rey nada tienen que ver con la sesión de investidura, y abrir conversaciones con la totalidad de los grupos parlamentarios, según anunció en la misma comparecencia, es contradictorio con seguir resignadamente a la espera de que ERC decida su abstención.

La cuestión de fondo que obstaculiza el acuerdo entre este partido y el socialista no es poner a punto ningún abstruso mecanismo para dar salida a un conflicto que ambas partes consideran político, sino cuál es el auténtico objeto de la negociación que han entablado. La pretensión de que se pueden sentar las bases para resolver la crisis en Cataluña a través de una investidura, según sostiene ERC y parecen haber asumido el Partido Socialista y Unidas Podemos, podría ser el mejor camino para no conseguir ninguno de los dos objetivos. Porque ni ERC representa en esta negociación a nadie más que a sí mismo, como le recuerdan a diario las restantes fuerzas independentistas, ni el Partido Socialista puede comprometerse unilateralmente con soluciones políticas que, para ser viables, deberán ser también asumidas por los grupos que se oponen a su investidura y que formarían parte de la oposición.

Para todos los partidos, pero en especial para el Partido Socialista y para ERC, ha comenzado a correr un plazo no escrito, pero acuciante. A ERC le exige pronunciarse sin más demoras sobre algo tan sencillo como permitir un Gobierno de Pedro Sánchez, o dejar paso a otras salidas. A Pedro Sánchez, por su parte, explorarlas, si ERC sigue instalada en la dilación.