La primacía del poder judicial

"Compárese el encaje británico del nacionalismo escocés y galés con la aparente incapacidad de España para encajar el nacionalismo catalán. Uno de los motivos por los que esta cuestión ha sido mucho más conflictiva en España es porque las relaciones entre el Estado y sus territorios constitutivos están establecidas en el artículo 2 de la Constitución. La Constitución es aplicable de forma independiente por los jueces y, como todas las constituciones formales, es difícil de modificar. De ahí que cueste tanto lograr una solución política". Lo escribe el juez Jonathan Sumption, que fue magistrado del Tribunal Supremo del Reino Unido, en su libro Juicios de Estado.

Sumption constata que vivimos tiempos de un declive de la política y una emergencia de la ley que otorga a los jueces un poder excesivo y mengua el prestigio de la democracia representativa. Un proceso al que no es ajena “la búsqueda continua de un aumento de la seguridad y una reducción del riesgo por parte de la ciudadanía”. Hoy en día la ley “llega a todos los rincones de la vida humana”. Todo se regula y los códigos penales engordan sin cesar con delitos nuevos. Los poderes del Parlamento y del Gobierno se debilitan al tiempo que sube el papel de los jueces. Y las democracias van mutando de la representación y la soberanía popular a lo que algunos llaman el imperio de la ley, que convierte en un absoluto lo que por definición debería ser convencional y funcional. Y así nos encontramos ante una “de las ironías supremas de la vida moderna: hemos ampliado el abanico de los derechos individuales al mismo tiempo que hemos recortado de forma drástica el ámbito de las decisiones individuales”.

El prestigio de la democracia viene de ser el método más adecuado para la toma de decisiones que ofrezcan una probabilidad mayor para conciliar los desacuerdos. Pero si el equilibrio de poderes se rompe a favor del judicial la democracia se debilita porque se va cerrando espacio a la vía representativa, que es el vínculo que otorga legitimidad a quienes gobiernan. ¿Para qué sirve la política si lo que debería ser excepcional, el recurso a los jueces, se convierte en normal? El conflicto catalán es un ejemplo de ello: la política ha sido incapaz de buscar la conciliación. Y ha transferido su responsabilidad a la justicia. Y aquí estamos encallados entre el resentimiento, la desconfianza y una abrumadora sensación de atasco, en medio de un incesante ir y venir de los juzgados. Hasta el punto de que el calendario político español está hoy marcado por las noticias judiciales. ¿A dónde vamos por este camino? El juez Sumption avisa: “Si en algún momento llegara el fin de la democracia no nos daríamos cuenta”. Las sentencias no pueden suplir el debate parlamentario. La primacía del poder judicial nos acerca sin pausa al autoritarismo posdemocrático.