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Inocencia metafísica

A la vista de la ejecutoria de Torra al frente de la Generalitat nada cabía esperar de su sentido institucional frente a estas detenciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña. EFE

La Guardia Civil detuvo el pasado lunes a nueve integrantes de los autodenominados Comités de Defensa de la República, acusados de preparar atentados con explosivos para hacerlos coincidir con el aniversario de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y con el anuncio de la sentencia del juicio seguido en el Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado cargos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos contra siete de los detenidos, dejando a otros dos en libertad. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado al Estado de criminalizar el independentismo, alegando que este es por definición un movimiento pacífico y democrático.

Estas detenciones no apelan, sin embargo, a las convicciones personales del presidente de la Generalitat acerca de la naturaleza del independentismo, sino a sus responsabilidades institucionales. En tanto no se pronuncie el juez encargado del caso acerca de la solidez de las pruebas incautadas para procesar a los detenidos, las únicas declaraciones de Torra que importan, y que cabe exigirle con urgencia, tienen que ver con las medidas adoptadas por su Gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Cataluña, así como la de las infraestructuras que podrían estar bajo amenaza en las próximas semanas. Hasta la fecha, se desconoce si Torra ha dado instrucciones en ese sentido a su Consejería de Interior, o, por el contrario, las únicas indicaciones que siguen vigentes son las que dirigió a la organización a la que pertenecen los detenidos, en el sentido de redoblar sus acciones.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como también en el debate del Parlament celebrado ayer, Torra apeló a la presunción de inocencia de los detenidos, que precisamente garantiza el Estado de derecho español. Aunque, en realidad, esta apelación de Torra era innecesaria desde el momento en que, según reitera en toda ocasión el president, todo militante por la independencia es inocente por el simple hecho de abrazar la causa. Esta inocencia por razones metafísicas que Torra atribuye al programa político de la secesión es lo que le lleva a descalificar, por idénticas razones, el sistema constitucional de 1978, gracias al que él gobierna y del que es el representante en Cataluña.

A la vista de la ejecutoria de Torra al frente de la Generalitat nada cabía esperar de su sentido institucional frente a estas detenciones. Pero, según ha venido demostrando desde que se produjeron, tampoco de su sentido político: cegado por criminalizar, él sí, todo cuanto proceda de cualquier ámbito distinto del independentismo, ha desperdiciado una ocasión inmejorable para enfatizar tal vez el único punto en el que existe un acuerdo unánime. La inequívoca condena de la violencia.

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