Parón financiero

Un Gobierno en funciones tiene limitada su capacidad de maniobra y su interinidad condiciona de forma muy significativa la principal de las políticas económicas: la presupuestaria. Más aún si se ve obligado a ejecutar los Presupuestos del Gobierno anterior, con lo que generan ya disfuncionalidades importantes en todas las Administraciones públicas, pero especialmente en las comunidades autónomas. En primer lugar, porque no han recibido las guías para elaborar sus Presupuestos para 2020. Pero también porque, de no mediar una solución rápida a la provisionalidad política, podrían quedar bloqueadas partidas sensibles del gasto público, como las de personal, y con ellas el funcionamiento de algunas Administraciones.

La situación puede empeorar si no hay investidura y se convocan elecciones. Con un Ejecutivo en funciones no es posible liberar los anticipos a cuenta del sistema de financiación —unos 5.000 millones— sin tener aprobados los nuevos Presupuestos, según el dictamen de la Abogacía del Estado que solicitó Hacienda. Esas Administraciones regionales estarían abocadas a realizar recortes, algunos importantes, para satisfacer las normas presupuestarias.

El propio Ministerio de Hacienda advierte de que la situación empeorará desde noviembre y pretende tener listo un mecanismo para buscar una salida si hay repetición de elecciones. Los pagos a proveedores de las comunidades autónomas serán los primeros que sufran si la interinidad se prolonga. Según ha declarado la propia ministra, un Gobierno en funciones no puede legalmente liberar recursos públicos mediante un anticipo a las comunidades; solo podría hacerse mediante decreto una vez que haya Gobierno definitivo. Tampoco es legalmente posible liberar recursos por un total de 2.500 millones de euros justificados por el cambio 500 en la normativa contable del IVA. Como no es posible suavizar el objetivo de déficit, de muy difícil cumplimiento para algunas autonomías, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Es difícil minimizar el alcance de la situación creada. La incapacidad de los partidos para encontrar una salida se traducirá en una erosión del bienestar de la mayoría. Además de esa amenaza de bloqueo inmediato, quedarán aplazadas decisiones importantes y reformas económicas necesarias, entre ellas la del propio sistema de financiación autonómica, postergada desde hace años, pero comprometida por el actual presidente en funciones para el primer año de legislatura, si consigue ser investido. Todas esas consecuencias de la provisionalidad política ya coexisten con una desaceleración económica que podría ir a peor si el entorno internacional acaba concretando las amenazas que ahora estamos recibiendo.