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Un valioso precedente

La sentencia sobre los 'riders' de Deliveroo confirma de forma creíble que son asalariados, no autónomos

Un repartidor de Deliveroo
Un repartidor de Deliveroo

El Juzgado de lo Social número 19 de Madrid acaba de sentenciar que los llamados riders de Deliveroo son trabajadores asalariados, y no autónomos como pretende la compañía. La sentencia constituye un precedente judicial valioso para los intereses de los empleados de la llamada economía digital por varias razones de peso. La primera, sin duda, es que el juzgado se ha pronunciado a instancias de una institución pública, la Seguridad Social, que reclamaba —y ahora ha conseguido en primera instancia, pendiente de recurso— las cotizaciones sociales de 532 trabajadores de Deliveroo. No estamos pues ante la respuesta a demandas particulares, también valiosas sin duda, sino ante una reclamación de una institución del Estado que ha observado una anomalía laboral notable.

Conectado con ese primer argumento, hay que subrayar que los motivos de la demanda de la Seguridad Social están basados en una investigación exhaustiva de la Inspección de Trabajo. Dicha investigación detalla el grado de control milimétrico de Deliveroo sobre sus supuestos autónomos. El precedente que establece la sentencia está reforzado ante la opinión pública por la credibilidad de un examen sobre el terreno de las condiciones de trabajo en la compañía. No podrá argüirse fácilmente que queda algún margen a la interpretación sobre el carácter laboral de los repartidores de Deliveroo. El tribunal y la Seguridad Social han despejado casi por completo las dudas que pudieran existir sobre la impostura laboral dominante en la nueva economía. La calificación de autónomos que suelen defender las plataformas digitales parece en la mayoría de los casos un subterfugio para ahorrarse costes laborales.

En este aspecto, la llamada nueva economía es muy parecida a la vieja. La sentencia apela de forma inmediata a Deliveroo, pero supone también una llamada de atención para el resto de las plataformas que operan según los mismos criterios laborales. De lo que se trata ahora es de evitar que se extienda el modelo fraudulento de los falsos autónomos, a través de la inspección de trabajo de la Seguridad Social y de las reclamaciones ante los tribunales. El esfuerzo principal corresponde a la Seguridad Social, como ha sucedido en este caso; es bueno que los negocios, nuevos y viejos, conozcan las obligaciones laborales que no pueden soslayar. Y es bueno también que se vaya construyendo una doctrina jurídica frente a modelos de empleo discutibles y poco productivos socialmente. Aunque las plataformas digitales de servicios pueden aportar mucho a los consumidores, las empresas detrás de esas plataformas tienen que ajustar su conducta, sin rodeos, a las leyes laborales y fiscales.

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