Deslealtad en Argentina

Cuando Argentina comenzó su andadura como país independiente, en la primera mitad del siglo XIX, copió partes importantes de su diseño institucional de Estados Unidos. Una de esas partes es el Ejecutivo, conformado por un presidente y un vicepresidente que se presentan a las elecciones en un tique o una fórmula, y así —en tándem— son elegidos por los votantes.

En octubre se celebrarán en Argentina elecciones presidenciales. A lo largo de las últimas semanas, los candidatos a presidente han ido presentando sus fórmulas; es decir, han escogido a sus candidatos a la vicepresidencia y han hecho pública tal decisión. Con una excepción: Cristina Fernández de Kirchner. Quien fuera presidenta entre 2008 y 2015 ha hecho saltar por los aires la tradición y la normalidad institucional, presentándose como candidata a vicepresidenta y decidiendo quién sería el candidato a presidente al que acompañaría en el tique: Alberto Fernández, jefe de Gabinete de Néstor y de la propia Cristina entre 2003 y 2008.

En esta artimaña hay cálculo político; pero además hay algunas claves sobre la vicepresidencia en general y sobre la cultura política argentina que vale la pena analizar. En primer lugar, la estrategia no es nueva. En los años setenta del siglo pasado marcó estilo la fórmula “Cámpora al Gobierno, Perón al poder”. Pero hay aquí algo diferente, más peligroso aún: la jugada se articula en torno a la vicepresidencia, una institución que en el pasado reciente argentino y latinoamericano ha mostrado repetidamente ser conflictiva.

En segundo lugar, Cristina abona una idea muy arraigada en la política argentina: que quienes ocupan las instituciones pueden hacer con ellas y desde ellas lo que quieren. O, en otras palabras, que no existe lealtad institucional; y si existe, es una incómoda presencia a la que es posible y conveniente ignorar. Cuando en el pasado algún vicepresidente fue desleal a su propio Gobierno, tal comportamiento se consideró un escándalo. Pero si Fernández de Kirchner lanza abiertamente el mensaje de que la vicepresidencia —y la presidencia misma— está a su servicio personal, será difícil escandalizarse en el futuro ante deslealtades similares; por ejemplo, si un vicepresidente enfrentado al presidente acaba haciendo oposición desde el mismo Ejecutivo, o si se utiliza ese cargo —o cualquier otro— para satisfacer ambiciones personales a costa de la institución. En tercer lugar, la maniobra de Cristina desprestigia la presidencia y la vicepresidencia: la primera, porque aparece como un títere de la segunda; la vicepresidencia, porque se ve humillada, transformada en mero instrumento para consumar una artimaña política.

En caso de conflicto interno, la vicepresidenta tendría más poder que el presidente y causaría una grave inestabilidad política en el país

En EE UU, cuando un presidente consigna un ámbito de actuación al vicepresidente, tal asignación queda arraigada para el futuro; es inconcebible que los presidentes venideros la modifiquen. Así lo explica Jody Baumgartner, especialista en la vicepresidencia norteamericana: si un presidente cambiara el patrón de asignación o acceso a los recursos, pondría en riesgo a la vicepresidencia y, por extensión, a la Administración, perdiendo prestigio y, por tanto, credibilidad. Cabe preguntarse si a Cristina Fernández le preocupan siquiera mínimamente el prestigio y la credibilidad de las instituciones de su país.

Es interesante preguntarse qué ocurriría si los Fernández ganaran las elecciones y, una vez en el Ejecutivo, comenzaran a chocar. Con toda certeza se pondría de manifiesto una gran anomalía: que la vicepresidenta tendría más poder que el presidente. A su vez, ello desvelaría que el poder de uno y otro no tendría origen ni naturaleza institucional, sino personal. Cristina desplegaría un poder que desborda el natural de la vicepresidencia, y el presidente vería artificialmente jibarizado su poder. Además, como consecuencia de lo anterior, la vicepresidenta probablemente podría forzar al presidente a renunciar, y ascender ella a la presidencia; la eventualidad de un presidente forzado a renunciar por su vicepresidenta supondría un flagrante trastorno institucional que traería aparejados inseguridad política e inestabilidad.

La vicepresidencia a la estadounidense presenta una característica problemática: la incapacidad del presidente de remover a su vicepresidenta. De ahí que Cristina solo puede articular su añagaza a través de ese cargo: mientras el presidente tiene disponibilidad sobre todos los demás miembros del Gabinete, la vicepresidencia le garantiza que Alberto Fernández no podría apartarla del Ejecutivo en caso de colisión entre ambos.

Tras dos mandatos al frente del Ejecutivo, cabe esperar que Cristina Fernández sepa a qué se expone al introducir en su atanor de alquimista política ese elemento inestable y altamente inflamable que es la vicepresidencia. El riesgo de su proceder, no obstante, excede ampliamente el círculo del Gobierno: un experimento fallido no solo haría explotar su laboratorio institucional, sino que las radiaciones emitidas afectarían severamente a una población de 45 millones de personas.

Ariel Sribman Mittelman es profesor de Ciencia Política en la Universitat de Girona.