Sanidad universal: Europa no predica con el ejemplo

Cuando los ideólogos de la Agenda 2030 introdujeron el objetivo global de la cobertura sanitaria universal (CSU), pocos tenían en mente la realidad de los países europeos. Por delante incluso de otras regiones desarrolladas, la nuestra ha consolidado en la mayor parte de su territorio un modelo de protección financiera y social que garantiza a todos los individuos el derecho básico a una vida digna en salud. Cobertura universal equivale a Europa y la identidad del modelo social europeo se fundamenta en parte en el derecho de todos a una atención sanitaria de calidad.

La realidad, sin embargo, es menos idílica. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuestiona la idea de que la CSU constituye un hecho incontestable en el territorio europeo. Utilizando datos para veinticuatro países de la región –dentro y fuera de la UE, y en una horquilla amplia de niveles de ingreso y fortaleza institucional–, el informe mide dos indicadores fundamentales de la protección financiera en salud: el gasto empobrecedor y el gasto catastrófico. En ambos casos se trata de calibrar el efecto que tiene en los hogares la ausencia de cobertura o la necesidad de que el paciente financie determinados gastos de su propio bolsillo a través del copago. Este efecto puede empujar a una familia por debajo de la línea de pobreza (empobrecedor) o puede llegar a asfixiar el margen de maniobra de un hogar una vez se han pagado los gastos básicos de vivienda, alimentación y servicios (catastrófico).

Por primera vez, un estudio de este tipo mide las dificultades financieras con respecto a la verdadera capacidad de gasto de los hogares, lo que sortea las carencias metodológicas de indicadores globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y permiten considerar las particularidades de una región desarrollada. Y los datos que destaca la OMS son inquietantes:

• La incidencia del gasto empobrecedor va del 0,3% de Eslovenia al 9% de Ucrania. Países de la UE como Polonia y Hungría muestran niveles de entre el 4% y el 6% de los hogares.
• La débil protección financiera deriva en gasto catastrófico para uno de cada 11 hogares griegos y uno de cada 12 en Portugal. Moldavia muestra en este caso las cifras más altas, con una incidencia total del 17%.
• Los quintiles más pobres de la población padecen de manera desproporcionada las consecuencias de este fenómeno. En algunos casos, como el de los medicamentos, los costes personales obligan a recortar otros gastos esenciales de las familias. En otros, como en el de la salud dental, la consecuencia es sencillamente prescindir del servicio sanitario.

Los países con mejor protección financiera puntúan alto en algunas medidas evidentes, como la ampliación de la cobertura de tratamientos. Pero también han sido claves la limitación de los copagos de los pacientes (menos del 15% del gasto sanitario total), la gratuidad para los grupos sociales más vulnerables y la extensión de los derechos de acceso a poblaciones que están excluidas en otros países, como los inmigrantes sin papeles o las comunidades gitanas.

Nota aparte merece la cuestión de los medicamentos. El precio injustificado de muchos tratamientos supone en general una carga cada vez menos sostenible para los sistemas de salud. Pero cuando esta carga recae sobre los hombros de familias en riesgo social, la situación roza la obscenidad. La OMS no lo dice en su informe, pero sus conclusiones suscitan una pregunta evidente: ¿qué más debe ocurrir para que nos planteemos la reforma del sistema de innovación y acceso a medicamentos esenciales?

La falta de protección financiera en salud condena a millones de europeos a una vida peor. Sus mecanismos proporcionan un baremo fiable de la desigualdad y la vulnerabilidad que crecen en las sociedades de nuestra región. Y plantea dilemas fundamentales sobre nuestro modelo de protección. Como señalaba esta semana para el caso español un contundente informe de Cáritas, fiarlo todo a la creación de empleo constituye un error. Primero, porque la precariedad de salarios y contratos multiplica el riesgo de pobreza de los hogares. Segundo, porque un Estado del bienestar sólido se basa en su capacidad para establecer redes de seguridad justas, eficaces y universales, no limitadas a las aportaciones sociales de los trabajadores.

Europa debe liderar ante la comunidad internacional la extensión de un modelo que ha dignificado a nuestras sociedades y que constituye uno de los bienes comunes mejor valorados por los ciudadanos. El mejor modo de hacerlo es predicar con el ejemplo y corregir las graves carencias de las que advierte la OMS en su informe.