Los medicamentos no deberían ser un lujo

Por Carlos Ugarte, responsable de Relaciones Externas deMédicos Sin Fronteras España

¿Deben estar los beneficios económicos por delante de la salud pública?, o dicho de otra manera: ¿dónde debe situarse el límite entre los márgenes de beneficios y las cuentas de resultados de la poderosa industria farmacéutica cuando sus intereses entran en colisión con la salud de millones de pacientes sin recursos en países de renta media y baja de todo el mundo?

El debate no es nuevo y cada tanto sale a la luz con toda su crudeza. Por ejemplo, si echamos la vista atrás un año, recordaremos cómo el Tribunal Supremo de la India puso fin a un largo litigio emprendido por la multinacional farmacéutica Novartis contra su Ley de Patentes. Pero en realidad no hace falta mirar tan atrás. Basta con repasar el reciente ejercicio de franqueza que hizo Marijn Dekkers, consejero delegado de Bayer, hace pocos días y en medio de una discusión con las autoridades sanitarias de la India sobre la patente de un medicamento contra el cáncer: “No creamos este medicamento para los indios, sino para los occidentales que pueden pagarlo”.

¿Por qué ambos casos tienen a India como campo de hostilidades? Pues la respuesta es sencilla: la Ley India de Patentes pone límites a una práctica habitual entre las farmacéuticas multinacionales y que consiste en obtener patentes adicionales por mejoras banales en medicamentos que ya existen, alargando así el monopolio sobre los mismos, los elevados precios que le acompañan y en definitiva el enorme beneficio económico que todo ello conlleva.

La cuestión es que, a costa de extender el periodo de vida de la patente sobre un medicamento, las farmacéuticas impiden su producción en versión genérica y en definitiva el acceso al mismo, por una mera cuestión de precio, a pacientes que cuentan con escasos recursos económicos.

La diferencia de precio entre un medicamento patentado y ese mismo medicamento comercializado como genérico es abismal. En el caso de la India, la competencia entre productores de medicamentos genéricos ha permitido reducir el precio del tratamiento anual para un enfermo de VIH de 10.000 dólares por paciente y año en el año 2000, a menos de 100 dólares en la actualidad. En este caso, y sirva como ejemplo, la colisión entre salud pública y beneficios económicos tiene una enorme trascendencia, pues hablamos de una pandemia que provoca la muerte de más de un millón y medio de personas cada año por falta de tratamiento.

La propia compañía Bayer ya tuvo otro sonado encontronazo el año pasado con el Gobierno indio. Hace apenas 10 meses, la Junta de Apelación de la Propiedad Intelectual de este país le denegó la extensión de la patente del Nexavar y dictó la primera emisión de una licencia obligatoria para la fabricación del genérico equivalente. Curiosamente, se trata del mismo medicamento que ahora confiesan fue concebido para que las personas ricas y “occidentales que pudieran permitírselo” luchasen contra el cáncer. Pensándolo bien, la frase tiene todo el sentido, pues el coste del tratamiento con Nexavar es de unos 5.500 dólares por paciente y mes.

Pero centrémonos ahora en otro caso que ha tenido gran repercusión mediática a lo largo de la última semana.

Actualmente, el Gobierno surafricano busca reformar sus leyes de propiedad intelectual para introducir salvaguardas de salud pública de las que hasta ahora carecía. Estos cambios persiguen facilitar el acceso de su población a medicamentos para el tratamiento de graves enfermedades como la tuberculosis resistente o determinados tipos de cáncer.

Vemos por tanto que lo que está sobre la mesa es, una vez más, una cuestión de salud pública.

Y es que la reforma que pretende hacer el Gobierno surafricano supondrá, entre otras cosas, impedir a las compañías farmacéuticas extender los monopolios mediante el registro de nuevas patentes para medicamentos aunque estos no supongan una innovación... tal y como en su día hizo el Gobierno de la India.

Y he aquí, de nuevo la jugada de la industria farmacéutica: el pasado 17 de enero se filtraron una serie de documentos en la prensa surafricana que revelaron la existencia de un plan para iniciar una campaña, encubierta y a gran escala, financiada por el lobby farmacéutico con base en EE.UU. ¿Su objetivo? Desestabilizar los planes del Gobierno surafricano e impedir que lleven a cabo los cambios en su Ley de Patentes. ¿Qué farmacéuticas están detrás? Pues otra vez algunas de las grandes: Merck, Sanofi, Pfizer... y otra vez Novartis y Bayer.

Los casos Novartis, Bayer y este último que mencionamos y que en Sudáfrica ya ha pasado a llamarse el ‘Pharmagate’ suponen un reflejo de la manera perversa en la que se desarrollan hoy en día los medicamentos. Las compañías farmacéuticas están claramente enfocadas en multiplicar las ganancias y para ello presionan de una manera enormemente agresiva con el objetivo de extender la vida de las patentes y elevar los precios de los medicamentos. Las enfermedades que no reportan beneficios no entran en sus planes, y los pacientes que no tienen dinero para pagar los medicamentos patentados sufren una y otra vez las consecuencias.

Y es que a pesar de que en 2001 los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) firmaron la Declaración de Doha sobre los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y la Salud Pública, estableciendo que dichos acuerdos “pueden y deberán ser interpretados de forma que apoyen el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos para todos”, la industria farmacéutica no ha parecido darse por aludida y no duda en presionar, por todos los medios a su alcance, a aquellos países que deciden legislar a favor de la salud pública de sus poblaciones, en aplicación de dicha Declaración.

Mientras tanto, y a pesar de que los hechos demuestran lo contrario, las grandes compañías farmacéuticas insisten en que se preocupan por las necesidades sanitarias mundiales. Las organizaciones humanitarias que trabajamos sobre el terreno y que somos testigos de los devastadores efectos que produce sobre la población la falta de acceso a los medicamentos esenciales, obviamente no estamos de acuerdo con estas afirmaciones y estamos convencidos de que las palabras de Dekkers son en realidad una muestra de sus actuaciones. Podría haberlo dicho más alto, pero no más claro... por mucho que ahora esté tratando de matizarlo.