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JUICIO DEL PROCÉS ANÁLISIS i

Entre la violencia y la eficiencia

Los testigos, policías o manifestantes conforman un microcosmos. Porque se nutre de experiencias individuales, de grupo, acotadas

Antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores de un colegio de Barcelona el 1-O. En vídeo, testimonios de los votantes.

Los testigos, policías o manifestantes —ahora tocan estos— conforman un microcosmos.

Es micro porque se nutre de experiencias individuales, de grupo, acotadas. Pero también es cosmos, pues ofrece destellos de un panorama más general.

Pero solo es generalizable si se le aplica el descuento —casi nunca del 100%— a causa de vestir un uniforme (y haber sido vejado por ello), o de militar en el referéndum ilegal (y haber sido zurrado).

Casi todos los testigos de las defensas acudieron a los colegios entre las cinco y las siete de la mañana del 1-O. Eso, si no pasaron el finde en los centros, entre talleres, actividades lúdicas y chocolatadas.

O sea, su relato es de entusiasmo, vivo o contrariado; como el de los guardias fue satisfecho o insultado. Lo sutil de la muestra micro es que ilustra cómo, incluso con pautas comunes, hubo para todos los gustos en distintos centros. Así, se votó o no; hubo o no actuaciones policiales; justas o abusivas; resistencia vecinal, o violencia.

Al ingeniero jubilado de telecos Pere Font le dieron en el colegio Víctor Català, de Nou Barris, zona roja de Barcelona, donde se sentaba como resistente pasivo.

Sin advertencia previa, los policías nacionales “me cogieron por los testículos, me levantaron y me dejaron caer, me sacaron del centro arrastrándome y me tiraron como un paquete a la calle”, narró este martes. Denunció los hechos ante el juzgado, le reconoció el forense.

No hay motivo para no creerle. Pero tampoco para descreer al policía nacional 85186, quien actuó allí y el 11 de abril declaraba que “costó mucho entrar, había una fuerte resistencia”. No solo pasiva: “Acometieron directamente a la fuerza tirando mobiliario, a uno de nosotros le alcanzó una silla, hay parte médico”.

¿Fue el uso de la fuerza policial legítima (o deslegitimada por desproporción) eficaz para impedir la votación? En algunos lugares, sí. En otros, no: al alcalde de Dosrius le tiraron al suelo cuando pedía la orden judicial de intervenir, requisaron la urna. Pero “cuando se fue la Guardia Civil, volvimos y votamos”, contó Carme Budé, ama de casa.

Si pasamos del recuento micro a las cifras macro, Guardia Civil y CNP cerraron 130 colegios (de 2.315), según el delegado del Gobierno, Enric Millo, el 5 de marzo.

Y los Mossos, 110 con apoyo antidisturbios (amén de otros 24 por las parejas/binomios, y otros 239 “que no abrieron”), según el comisario Ferran López, el 2 de abril.

Ambos resultados son cuantitativamente parejos, aunque seguramente no según los tipos de colegios. Ni por los daños colaterales generados. El auto del Tribunal Superior catalán (27/9/17) ordenaba impedir “la consecución del referéndum, sin afectar a la normal convivencia ciudadana”.

Y la instrucción 4/2017 del secretario de Estado de Seguridad mandaba dos días después “priorizar la seguridad” de policías y ciudadanos “sobre la eficacia”.

La distancia entre violencia y eficacia se agranda si se coteja el uso de la fuerza con su eficiencia: contando sus costes. Los de entonces. Y los del futuro.

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